Por Gustavo Rodríguez
14 Junio 2025
“Por una cuestión estratégica, no puedo decir cómo analicé la causa. Sí estoy en condiciones de afirmar que él dará a conocer lo que sucedió”, aseguró Juan Ángel Marzoratti, defensor de Roque “Chipi” Giménez, cuyo futuro procesal comenzará a definirse hoy en los tribunales de Concepción.
El supuesto empresario de la construcción fue el que habría grabado una conversación con el ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos. El audio generó un “narcoescándalo” y derivó en la intervención de ese municipio. El joven fue detenido el jueves por la noche cuando caminaba por Barrio Norte.
La fiscala Mónica García de Targa lo estaba investigando por coacción agravada. El domingo, personal de la Brigada de Investigaciones allanó dos domicilios y un galpón en búsqueda de evidencias. Pero al haber surgido nuevos audios, la representante del Ministerio Público ordenó su aprehensión. Tal como lo estipula el código procesal penal de la provincia, debe afrontar la audiencia de formulación de cargos, es decir, el momento en el que se anunciará de qué está acusado y si se solicitará que se le dicte la prisión preventiva para asegurar que la causa se desarrolle normalmente.
Según informaron fuentes judiciales, Giménez habría denunciado en más de una oportunidad a Campos y al ex secretario de Hacienda, José Roldán, para que fuera contratado para realizar obras públicas. En 2022 fundó la empresa Giménez Consulting Groups y fue contratado de forma directa en al menos cinco oportunidades cuando la actual legisladora en uso de licencia, Sandra Figueroa, era intendente de la ciudad.
Con el correr de los días se supo que la socia de la empresa era su madre, Susana del Valle Argañaraz, que fue dueña de una remisería y luego se dedicó a la venta de verduras. LA GACETA constató además que el domicilio legal de la firma no era el correcto y los vecinos del lugar explicaron que jamás funcionó allí, que solo habían puesto un cartel.
En problemas
Giménez fue detenido cuando caminaba por Balcarce al 400. Los efectivos de la ex Brigada de Investigaciones sabían que residía en un edificio de esa cuadra por una sola razón: varios vecinos de la zona, desde que su rostro fue difundido en los medios, comenzaron a llamar al servicio 911 para informar que se encontraba allí. La Policía sólo recibió esa información (que resultó siendo clave) y explicó a los denunciantes que no podían hacer nada porque no había ninguna orden de detención en su contra.
“Lo descubrí cuando ustedes publicaron su foto, especialmente en esa imagen en la que aparece con un costoso reloj. Hablamos con mi esposo y llegamos a la conclusión de que era un peligro tenerlo de vecino. Por eso llamamos”, dijo Aída Lucero. “La verdad es que no sé bien desde hace cuánto tiempo vivía aquí; sí puedo asegurar que a veces se lo veía con una joven y una chiquita caminando en el hall”, añadió la jubilada.
Pedro, otro vecino, explicó que el procedimiento que realizó la Policía fue normal. Relató que lo pararon en la puerta del edificio, intercambiaron unas palabras y lo pusieron contra la pared. “Después vino lo peor. Llegaron más efectivos fuertemente armados, le pusieron un chaleco antibalas y lo subieron esposado a una camioneta”, agregó Luciana Reyes, empleada de un comercio. Giménez tiene una vigilancia especial. Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si participará de la audiencia de manera virtual o sería trasladado hasta el Centro Judicial de Concepción.
La acusación
La fiscala García de Targa en la audiencia será asistida por el auxiliar Bernardo Sassi. Podrían escucharse algunos detalles desconocidos de la causa que se abrió en contra de Giménez. Lo mismo ocurriría con la situación del ex intendente Campos.
Por otra parte, ayer trascendió que “Chipi”, al igual que Campos, Roldán y Figueroa, está bajo sospecha, pero por otros delitos más graves en la Justicia Federal. Hasta se supo que el fiscal Rafael Vehils Ruiz también habría pedido su detención al igual que la del ex intendente y su ex funcionario de Hacienda. No ocurrió lo mismo con Figueroa porque cuenta con fueros. El juez federal José Manuel Díaz Vélez rechazó el planteo por un aparente error procesal, pero sí aceptó que se realizaran allanamientos. En esas medidas, personal de Gendarmería Nacional secuestró celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación que el magistrado ya autorizó que fueran analizadas.
En ese fuero, los cuatro mencionados están acusados de confabulación en la comercialización de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Lo curioso del caso es que Giménez podría haber colaborado para que el fiscal elabore una hipótesis. En los últimos tiempos denunció a Roldán y a Campos por malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, respectivamente.
Demora: los defensores no opinarán del caso hasta que no analicen los expedientes
“No podemos dar ningún tipo de información porque hasta el momento no hemos tenido acceso a las causas. Cuando las veamos, podremos dar a conocer nuestros puntos de vista”, aseguraron Camilo Atim y Florencia Abdala, defensores del ex intendente José Luis Campos, de su esposa y actual legisladora, Sandra Figueroa, y de su ex secretario de Hacienda, José Roldán. “Cuando tengamos conocimiento de lo que está en la causa, podremos hablar. Hasta aquí lo que sabemos es lo que ustedes publicaron”, agregaron los profesionales en una entrevista con LA GACETA.
El panorama más complicado se presenta en el fuero federal. Los tres mencionados están acusados de confabulación en la supuesta comercialización de drogas (es decir que no tomaron ninguna medida para evitar que se cometa este ilícito), lavado de activos y asociación ilícita. El fiscal federal Rafael Velhis Ruiz había solicitado su detención, pero no fue aceptada por el juez José Manuel Díaz Vélez, ya que podría haber tenido un vicio procesal.
La fiscala Mónica García de Targa anunció que investiga a Campos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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