10 Junio 2025
El Grupo de Puebla expresó este martes su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad.
A través de su cuenta de la red social X, el foro académico y político latinoamericano y europeo afirmó que "la Justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política, nuestro respaldo total y absoluto a Cristina Kirchner".
"Los pueblos latinoamericanos estaremos siempre firmes y con memoria junto a quienes defendieron el derecho. ¡Exigimos justicia!", agregó.
La justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción polÃtica, nuestro respaldo total y absoluto a @CFKArgentina
— Grupo de Puebla (@ProgresaLatam) June 10, 2025
Los pueblos latinoamericanos estaremos siempre firmes y con memoria junto a quienes defendieron el derecho
¡Exigimos justicia! pic.twitter.com/UjRwDdeiti
La Corte Suprema confirmó la condena y Cristina Kirchner irá presa
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La causa, conocida como "Vialidad", investigó la asignación de 51 contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor del empresario Lázaro Báez, cercano al entorno de los Kirchner.
Este mediodía, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, había citado a sus pares, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, a una reunión a las 16. El encuentro se realizó en virtud del artículo 84 (2° párrafo) del Reglamento para la Justicia Nacional (Acordada 36/2003). Tras el encuentro, emitieron sus votos y se los entregaron a la Secretaría Penal. Finalmente, pasada las 17.30, se conoció el fallo que definió el futuro de Cristina.
En primera instancia, la condena había sido dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Constituye la primera sentencia penal firme en la historia argentina contra una ex mandataria democrática por hechos de corrupción durante su gestión.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional, en 2016. El expediente fue instruido por el juez Julián Ercolini, con intervención de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. La causa fue elevada a juicio en 2019 y atravesó múltiples instancias judiciales hasta su reciente llegada a la Corte Suprema.
El fiscal Diego Luciani sostuvo que existía una estructura estatal orientada a favorecer al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones dirigidas, obras inconclusas, pagos indebidos y sobreprecios, y consideró a Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Solicitó 12 años de prisión por ese delito y por administración fraudulenta.
Sin embargo, el tribunal descartó el cargo de asociación ilícita y la condenó únicamente por administración fraudulenta agravada. Según los jueces, si bien hubo corrupción, no se acreditó que la finalidad del aparato estatal fuera exclusivamente delictiva, condición necesaria para configurar una asociación ilícita.
Pese a no aplicar la figura de asociación ilícita, los jueces consideraron que la gravedad de los hechos ameritaba la pena máxima prevista para la administración fraudulenta: 6 años de prisión.
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