
La Justicia ordenó una investigación sumaria en contra del intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos. Por esa causa, iniciada por la viralización del polémico audio, realiza allanamientos en el domicilio del empresario Roque “Chiqui” Jiménez, que sería la persona que grabó una polémica conversación en la que quedaron al descubierto los supuestos vínculos de funcionarios con la comercialización de drogas, irregularidades con las obras públicas y lavados de activo.
Al viralizarse ese audio, el jefe de Policía Joaquín Girvau ordenó realizar actuaciones de oficio. Después de haber realizado esa tarea, presentaron un expediente en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial de Concepción. Ese mismo día, pero a la tarde, los concejales opositores Luis María Díaz Augier y Augusto Díaz Chalero hicieron otra presentación solicitando que se abriera una investigación. En ese mismo momento ratificaron sus dichos.
Rojas, al analizar todos los indicios que tenía en su poder, entendía que correspondía abrir una investigación en contra de Campos. Solicitó, tal como lo indican las normas, la autorización para investigar a un funcionario provincial y aclarar que la causa pasaba a manos de la fiscala Regional de Concepción, Mónica García de Targa, que es la que debe proceder en este tipo de casos.
Según pudo establecer, el intendente de Alberdi será investigado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de cualquier otro ilícito que surja durante la pesquisa. Al parecer, el Ministerio Público le cuestionaría no haber actuado al tener conocimiento de la comercialización de drogas y en las supuestas irregularidades con las obras públicas en esa ciudad.
El juez Fabían Rojas aceptó el pedido del fiscal y fijó que García de Targa tiene 45 días para investigar el caso. El plazo, según las normas vigentes, puede ser ampliado por pedido de la fiscala, siempre y cuando tengan el planteo sea fundamentado.
El magistrado también autorizó que se realizaran allanamientos en dos domicilios de “Chipi”. La medida fue desarrollada por la policía en la casa del empresario y en un galpón. El objetivo era buscar celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiera encontrarse información. También ordenó que se incaute documentación sobre contratos de obras públicas.
Según trascendió, los investigadores secuestraron dos celulares que serán analizados. Se confirmó además que no hay ningún pedido de detención en contra de Campos ni de Giménez. Luego de realizar las medidas, policías se presentaron en el domicilio de Campos para notificarlo oficialmente que lo estaban investigando.
Otro expediente
Este no es el único expediente que se abrió por la viralización del polémico audio. el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz inició un expediente de oficio al tomar estado público el audio. En los pasillos de tribunales federales hay una convicción: tienen elementos suficientes para investigar los delitos de lavado de activos y comercialización de drogas. El nombre de la ciudad de Alberdi es conocido en la fiscalía del investigador. Aparece en el expediente presentado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por el manejo de fondos públicos.
“Chipi” Giménez se presentó ante el equipo de Vehils Ruiz para denunciar por enriquecimiento ilícito al intendente Campos. Según pudo confirmar LA GACETA, habría presentado documentación para demostrar que el funcionario había adquirido al menos una camioneta con cheques oficiales que la usaba él o sus familiares. “Se irá hasta el fondo de la cuestión”, repiten una y otra vez.
Un revuelo en toda la ciudad
Alberdi es un revuelo. El escándalo que generó el audio difundido alteró la vida de esa ciudad. Los vecinos se muestran sorprendidos por el gran despliegue policial que hay. No saben que vestidos de civil, efectivos de la policía de la provincia y de fuerzas federales están recorriendo cuadra por cuadra para conseguir información de todas las personas nombradas en el audio.
El silencioso trabajo es común en las investigaciones de narcos. Su objetivo es recabar información para luego presentarlo ante las autoridades judiciales que definen cuáles serán los pasos a seguir. Un informe que también sería tenido en cuenta para definir el futuro del “Pato” Campos. Un documento que también ayudará a resolver quién se hará cargo de la investigación. En la ciudad del sur tucumano ya se sabe de estos movimientos. “Esperemos que no retornemos a los años infames que se vivieron en nuestro país cuando se investigaban a las personas”, explicó el gremialista Juan Funez, que aparece mencionado en la grabación.