Una mancha que será difícil de limpiar

“Me pareció que, porque la sociedad lo iba a esperar, merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo. Nada mejor que nosotros, que somos los seres humanos que estamos detrás de este juicio, para darle explicaciones a la sociedad de cómo la Justicia lo resuelve. Me parece que es un servicio público”. La jueza Julieta Makintach pasará a la historia del Poder Judicial, pero no por sus fallos ni por su trabajo como vocal de uno de los Tribunales de San Isidro, sino por el escándalo que provocó como responsable de llevar adelante, junto a dos colegas, el juicio por la muerte de uno de los astros mundiales del fútbol, Diego Armando Maradona. En medio de duros cuestionamientos y de la falta de credibilidad que el ciudadano siente de la Justicia, su actuación no hizo más que reafirmar que dentro de ese poder del Estado hay muchas cosas que aún deben cambiar.

Las circunstancias en las que murió Maradona, una de las personas más conocidas del mundo, merecían ser develadas y juzgadas acorde a los parámetros de excelencia que se espera de magistrados que deben resolver nada menos que sobre la libertad de una persona, uno de los bienes más preciados. La sensación que queda tras lo sucedido es que si así se trató el caso del durante décadas mayor exponente del fútbol mundial, ¿qué pasaría con los casos de los ciudadanos comunes?

La situación salió a la luz de la manera que menos se esperaba. Alguien se dio cuenta de que una persona estaba filmando y grabando las audiencias, a pesar de que esto estaba expresamente prohibido, excepto en la primera jornada, cuando se permitió que se tomen imágenes. Cuando se le preguntó quién lo había autorizado, apuntó directamente a la jueza Makintach. De allí se dieron una serie de situaciones, con investigación fiscal incluida, que concluyó con el descubrimiento de que la jueza era parte de una producción que pretendía hacer un documental seriado del juicio aprovechando la repercusión mediática del caso. Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Armallo en cinco días descubrieron dos trailers, el crudo de numerosas imágenes y el guion de seis capítulos de 30 minutos cada uno. Makintach resistió en su negativa con respecto a su participación en la serie, hasta que el cúmulo de pruebas fue abrumador y los otros dos vocales, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommasso, decidieron, primero apartarla de la causa; y luego el juicio fue declarado nulo, y deberá comenzar de cero.

Tras el escándalo, los pedidos de juicio político contra la jueza se amontonaron. La Corte Suprema de Buenos Aires decidió además suspenderla por 90 días alegando “una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”. Las imágenes de Makintach posando, caminando con la cámara a sus espaldas, sonriendo, hojeando expedientes y acomodándose el cabello mientras decía frases para la filmación provocaron el repudio generalizado y que otra vez se ponga sobre el tapete la idoneidad de muchos jueces en Argentina. Hoy, muy pocos, incluyendo a fiscales, querellantes y defensores, pueden asegurar que el próximo juicio será transparente ni mucho menos imparcial. Actuaciones como las de Makintach son una mancha en la imagen de un Poder Judicial vapuleado, con interminables involucramientos del poder político, que será difícil de limpiar.