Por Nahuel Toledo
30 Mayo 2025
Leonardo Cositorto
Mientras más de un centenar de damnificados de Generación Zoe esperan que la justicia de Salta resuelva su situación, Leonardo Cositorto consiguió un poco más de tiempo para ralentizar la causa que se sigue en su contra. Ayer, consiguió que el tribunal postergue la audiencia que daría por iniciado el juicio en el que está acusado, junto a otros cómplices, del presunto delito de estafa y asociación ilícita.
A raíz de un cambio en la defensa del principal acusado, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio -Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Gabriel Feans- acordaron posponer la audiencia y reiniciar las actividades el miércoles 4 de junio. Hasta esa fecha, Cositorto permanecerá alojado en una celda de la Alcaidía General N° 1 de Salta y bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Dicho establecimiento se encuentra a tan solo 300 metros de la sala de juicios donde el ex titular de Generación Zoe conocerá el veredicto judicial en unas semanas.
La dilación conseguida por Cositorto surgió ante un ardid jurídico por el que revocó el poder de la defensora oficial que se le había destinado y solicitó la designación de un abogado particular, Franco Rodolfo Tolaba. En los pasillos de Ciudad Judicial se especulaba en que esta dinámica sea parte de una estrategia del acusado para dilatar el proceso e intentar negociar extrajudicialmente con las víctimas de su firma.
Con la acusación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, en representación del Ministerio Público Fiscal, Cositorto es señalado en esta causa como el líder de una organización que captaba inversores bajo promesas de rentabilidad insostenibles. Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz están acusados de ser coautores del hecho.
En Salta, al igual que en otros puntos del país, Generación Zoe comercializaba un fideicomiso que ofrecía retornos en dólares, sin ningún tipo de relación con otras inversiones disponibles, y una criptomoneda llamada Zoe Cash, que supuestamente estaba respaldada en oro. A la vez ofrecían cursos educativos de coaching ontológico, entre otros supuestos emprendimientos.
Bajo la lupa
Del proceso investigativo se desprende que a los imputados se los acusa por prometer retornos de entre 7,5% y 10% mensual, alcanzando un hipotético 120% anual, con la adhesión de una membresía a la que se ingresaba con sumas de U$S 500 a U$S 1.000. Pero, en rigor, la ganancia no era producto de las actividades financieras y comerciales promocionadas por Generación Zoe, sino por los fondos que inyectaban los nuevos inversores, “referidos” por los anteriores, un esquema piramidal que cae por su propio peso cuando no hay más aportantes o los que ya están dentro del sistema exigen retirar sus ganancias.
En la investigación de la causa se lograron registrar 118 casos de inversionistas que aportaron dinero para la organización y resultaron engañados. Por esos hechos, Cositorto es juzgado como autor de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real. Por su parte, Vilardel y Albornoz están señalados como coautores de estafas reiteradas y partícipes de la asociación ilícita. En Salta se calcula que el monto de dinero involucrado en las estafas ronda los 600 mil dólares y más de cinco millones de pesos.
Tras la suspensión del arranque del juicio, Cositorto se mostró de buen semblante y habló con los medios para volver a apuntar contra la Justicia y la Comisión Nacional de Valores (CNV) al afirmar que fue víctima de “una corrida”, es decir, una retirada masiva de fondos debido a un rumor negativo sobre una entidad. También sostuvo que al haberle secuestrado sus bienes y su dinero, no le permitieron “pagarle a la gente”. “Siguen haciendo películas en lugar de justicia para la gente”, enfatizó.
El líder de Generación Zoe fue detenido en abril de 2022 en República Dominicana y extraditado a Argentina. Está acusado de liderar una estafa piramidal que habría defraudado a inversores por al menos 120 millones de dólares.
Antecedente correntino
En febrero de este año, el Tribunal de Goya (Corrientes) condenó a Cositorto a 12 años de prisión por los mismos delitos que es investigado en Salta.
En esa oportunidad, Cositorto celebró el falló que la condena resultó menor a lo solicitado por la fiscalía. “La fiscalía pidió 16 años y me dieron 12, es una buena noticia, pero era esperado”, dijo el condenado.
En este escenario, confirmó que junto con su abogado Guillermo Dragotto iban a apelar el fallo ya que a su juicio, los magistrados carecieron de pruebas contundentes y la “Corte Suprema no autorizó que se realicen juicios ya que no se había podido establecer a qué Justicia pertenecía el caso”.
En ese proceso Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino también fueron sentenciados a ocho años de cárcel por ser miembros de la misma asociación ilícita y coautores de estafa con modalidad de delito continuado.
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