Políticas de Estado vs. políticas electorales

Por Raúl Natella

Ex Secretario de Obras Públicas

Suele decirse que todos los gobiernos son procíclicos, ya que cuando detentan el poder masivamente los apoyan y aplauden, pero cuando lo pierden, son abandonados a su suerte, juzgados sesgadamente por los mismos que los elogiaron y pasan rápidamente al olvido sin dejar una huella significativa, mientras el daño causado a la comunidad que juraron servir suele ser irreversible.

Se presume que todo Gobierno, cuando asume, debería tener un plan de acción plenamente desarrollado con anticipación, pero sin embargo en la práctica es cuando, desafortunadamente y casi siempre, recién comienzan a definirse las magnitudes y las orientaciones de las obras a ejecutar de acuerdo a una amplia variedad de factores. Entre ellos, dos son fundamentales: 1) la disponibilidad de recursos económicos y 2) dónde y cómo utilizar dicho dinero.

Sin centrarse a analizar pormenorizadamente las distintas necesidades gubernamentales en áreas esenciales, como educación, salud y seguridad donde es claro que todo Gobierno debe mantener una presencia constante en ellas, debemos decir que a partir de la toma de posesión es cuando comienzan entre los distintos actores políticos, constantes debates de acuerdo con sus propios intereses y conveniencias. En este contexto, la palabra del jefe de estado vigente es determinante para definir la orientación que tendrá su gobierno en los cuatro años de mandato.

Recurrentemente esas discusiones giran en torno, a que tipos de obras se llevaran a cabo según las disponibilidades económicas y proyecciones políticas diseñadas y las disputas serán si las misma son “pequeñas,” cortoplacistas, de impacto inmediato, con una fuerte impronta electoral versus a las obras “estratégicas,” con una visión geopolítica a largo plazo, que trascienden los periodos de sucesivos gobiernos y cuyos beneficios se reflejaran en el futuro.

La elección del rumbo de gobierno determina la selección de los funcionarios que ocuparan los distintos cargos dentro del organigrama funcional del Poder Ejecutivo. Generalmente, estos reflejan la estrategia adoptada, en donde los criterios escogidos para su selección no exigen formación académica especializada, sino habilidad para acatar directrices y maximizar el rédito político de las acciones gubernamentales. Por ello no suele esperarse que los funcionarios, por si solos, aporten ideas innovadoras que se aparten del enfoque oficial.

Lamentablemente, dado que nuestro país y nuestra provincia están inmersos en ciclos electorales constantes y por ende en continuas campañas políticas, la tendencia en materia de obras públicas apunta a la realización de aquellas pequeñas, histriónicamente publicitadas por el gobierno de turno y orientadas a la captación de votos para el oficialismo, postergándose en forma inmediata y sin lugar a ningún tipo de discusión u objeción, aquellas obras estratégicas con visión de futuro y que solucionen en forma definitiva, falencias que ya son estructurales debido a las consecutivas negligencias gubernamentales. Como consecuencia se minimiza su carácter de “políticas de estado” y se maximizan su rol como “herramientas electorales”.

Es importante comprender que la ejecución simultánea de ambas obras ya sea pequeña y de fuerte impacto electoral, como aquellas grandes y estratégicas, no es incompatible. Sin embargo, para lograrlo, se requiere una firme voluntad política por parte del gobernador en ejercicio.

Al elaborar planes directores, es posible que algunas obras o acciones se superpongan en distintas municipalidades o comunas de la provincia. Por ello es fundamental que exista un amplio respaldo y colaboración hacia los equipos encargados de confeccionar dichos planes. De modo que hay que considerar que no deben existir límites internos dentro de nuestra provincia y que haya políticas públicas verdaderamente consustanciadas y comprometidas más allá de los colores y afiliaciones partidarias.

Hay un sinfín de obras de gran relevancia social y con un alto grado de reconocimiento mediático que han estado en agenda durante décadas, pero solo son mencionadas en tiempos preelectorales. Una vez alcanzado el poder suelen ser ignoradas, afectando no solo el desarrollo de nuestra economía sino también la calidad de vida de amplios sectores de la población que aún carecen de servicios básicos esenciales como agua potable, cloacas, gas natural y padeciendo constantes derrames cloacales, rutas y accesos en estados calamitosos, puentes y canales colapsados, inundaciones, basurales, etc.

A menudo, la percepción es que los sucesivos gobiernos esperan a que los problemas alcancen un punto crítico para intervenir de manera apresurada a solucionar los mismos, la mayoría de las veces enmendando obras y proyectos mediante soluciones aceleradas, que casi siempre por sus urgencias e improvisaciones no son las adecuadas ni las convenientes. En consecuencia, la ciudadanía asocia estas decisiones con corrupción, dada la malversación de fondos públicos que podrían haberse utilizado para restablecer un poco a la provincia de su anemia de infraestructuras.

Con este repetido y vetusto panorama y mientras no se abandonen las recurrentes improvisaciones, difícilmente triunfen las políticas de estado frente a las políticas electorales.