La crisis de vacantes en la Justicia

El Poder Judicial es el último bastión al que el ciudadano recurre en busca de reparación de derechos y de hacer cumplir la ley. Es, tal vez, el Poder que más comunicación tiene con los habitantes de cada provincia. Los jueces deben resolver cuestiones que abarcan casi todos los aspectos de la vida: desde un homicidio, pasando por un robo, hasta un divorcio y la manutención de los menores. Es por eso que brindar las herramientas para que este Poder funcione correctamente es clave.

El crecimiento del Poder Judicial en los últimos años es exponencial. Ya no sólo en lo que a la Corte y a los juzgados compete. Los ministerios, tanto el Fiscal como el Pupilar y de la Defensa, no dan abasto para dar respuestas. El llamado a concurso para cubrir 50 cargos de ayudante judicial en el área que conduce Washington Navarro es una muestra de ello. Es que ya no es como sucedía hace algunas décadas cuando todo se concentraba en el Centro Judicial de la Capital y una pequeña parte de los recursos además se destinaba al de Concepción. Ahora además hay que dotar al de Monteros y al del Este que, sin un edificio aún pero con una construcción avanzada, comienza a dar respuesta a una enorme cantidad de tucumanos que viven en esa zona de la provincia. Pero a todo esto hay que sumarle casos cada vez más comprometidos, que obligan a respuestas rápidas, por ejemplo en el fuero de Familia. Y a integrar nuevas herramientas, como las audiencias virtuales y la utilización de la Inteligencia Artificial. En todo esto es fundamental no sólo la capacitación, sino el personal que realizará las tareas. Y el Poder Judicial hoy sufre por la falta de cobertura de las vacantes, tanto por renuncias, despidos o creación de nuevos cargos. Hace más de un año que no juran nuevos jueces. Y desde entonces se acumularon más de 70 vacantes. El Gobernador tiene a su disposición 42 ternas, elegidas por orden de mérito por el Consejo Asesor de la Magistratura, sin embargo la elección final se sigue demorando. Esto redunda en la administración de Justicia ya que esos juzgados vacantes deben ser cubiertos de manera subrogante por otros jueces, que cargan con la obligación de llevar adelante sus dependencias, más las que no tienen titular. Cuestiones, sobre todo de familia, y resoluciones de casos vinculados con la inseguridad se acumulan o, en el mejor de los casos, son resueltas no con la premura que ameritan. Una situación similar, aunque sin la intervención del Poder Ejecutivo, se vive con los Juzgados de Paz, cruciales para la idea de cercanía de la Justicia, ya que no son cubiertos y deben ser subrogados por otros jueces.

Más allá de cuestiones políticas, e incluso financieras, la cobertura de cargos en el Poder Judicial es crucial. Otorgar las herramientas para que no se resienta la administración de Justicia debería ser premisa para el Gobierno. Hay miles de ciudadanos que a diario buscan respuestas. Y que falten magistrados que se las entreguen los pone en unas situación de indefensión que el Estado no debería permitir.