La Legislatura cuestionó el accionar de la Policía en Tafí Viejo

La denuncia por abuso policial que realizó un grupo de jóvenes de Tafí Viejo resonó en el recinto de la Legislatura el jueves, cuando se debatía la adhesión de Tucumán a la “Ley Antimafias” (Ley Nacional 27.786). Se aprobó sin votos en contra el dictamen de la comisión de Seguridad y Justicia que encabeza Carlos Najar y secunda Gerónimo Vargas Aignasse, para dotar de una nueva herramienta para el abordaje del crimen organizado. Sin embargo, la controversia se coló en la discusión por el supuesto comportamiento de la fuerza de seguridad en un megaoperativo de prevención, conocido popularmente como “trencito”.

El radical José Cano (Radicalismo Federal) destacó la labor de la Policía contra el delito y reivindicó cosas que ha hecho el Gobierno en materia de seguridad. No obstante, consideró que la aplicación de la norma podría desvirtuarse y profundizar situaciones que están ocurriendo en la provincia. Fue allí que introdujo lo denunciado por los jóvenes taficeños, que afirmaron haber sido víctimas de apremios ilegales.

“El caso de Tafí Viejo posiblemente tomó dimensión porque son familias de clase media, pero esto está pasando en otros sectores. Volvimos a la razzia, a detener gente por portación de rostros; de ir a un barrio, meter preso, meterse en la casa y patear la puerta sin orden judicial y con muy pocos elementos favorables. Llamo a la reflexión”, cuestionó Cano.

“No abono ni quiero en Tucumán la figura de personajes como (Mario Oscar) ‘Malevo’ Ferreyra, que aparentemente todavía sigue teniendo adhesión de una parte de la sociedad. De la justicia por mano propia y de violar el apego a las leyes. Opino desde una situación de apoyo y de acompañar el rol de la Policía en la sociedad, porque arriesgan su vida. Pero hay cuestiones que quiero dejar en claro: de ninguna manera podemos admitir ni escuchar que el jefe de Policía (Joaquín Girvau) se jacte de actuar sin apego a las leyes”, lanzó.

Cano también citó lo ocurrido tras las amenazas del caso de Miguel “Miguelón” Figueroa, con la detención de unas 400 personas que fueron liberadas a las 48 horas porque la Policía dijo que no encontraron vinculaciones en sus declaraciones. “Me parece lamentable que esta serie de situaciones no tengan una voz contundente como Poder Legislativo y de la Justicia, porque se está actuando al margen de la ley”, se quejó.

El radical consignó que hubo un “informe lapidario” del Comité Contra la Tortura sobre Tucumán y no dejó de recordar lo que pasó con el trabajador rural Luis Espinoza (de 31 años): fue asesinado por policías durante incidentes en una carrera cuadrera ilegal en Simoca y su cuerpo fue hallado en La Banderita (Catamarca).

“Son prácticas ilegales”

De modo más atemperado, Agustín Romano Norri (Evolución Radical) también hizo cuestionamientos. Destacó la adhesión a la normativa nacional, siempre que se cumpla con la legalidad y no haya arbitrariedades. “Están pasando cosas que no deben pasar. Y hay funcionarios que deben cumplir con ese rol y no sacar frases y declaraciones que, en las modas que vivimos, la gente lo ve bien y genera más violencia”, dijo.

El taficeño Javier Noguera coincidió con las valoraciones que hizo Vargas Aignasse sobre la norma que se aprobó y destacó lo que viene haciendo la gestión de Osvaldo Jaldo en materia de seguridad. “Tiene mucho para exhibir en ese sentido, se han hecho avances importantes”, rescató. Sin embargo, dijo que no puede pasar desapercibido lo que mencionó Cano. “Estos eventos no pueden volver a repetirse en Tucumán. Estamos hablando de violaciones a las normas constitucionales, de allanamientos sin ningún tipo de orden judicial. De detenciones ilegales sin ningún tipo de orden judicial. Quiero reafirmar mi apoyo al accionar de la Policía en la lucha del delito, mas no en lo referido a este tipo de violaciones que no pueden volver a ocurrir. Son prácticas ilegales que nos refieren a la oscuridad más profunda”, dijo.

Najar, en el cierre, mencionó que un pedido de informe al Ministerio de Seguridad que conduce Eugenio Agüero Gamboa sobre lo ocurrido que ya fue cursado desde la comisión que preside. De todos modos, advirtió que en el parte policial se asentó que en aquel operativo en Tafí Viejo se dio lugar a la Justicia, a un auxiliar fiscal. “Los hechos no se inician en un domicilio particular sino en la vía pública y terminan en un domicilio particular tras una persecución”, aclaró.

Sobre el tema, Agüero Gamboa había dicho que en Tafí Viejo “se han realizado las actuaciones que se tienen que realizar dentro de la Policía de Tucumán”.

La otra cara: la Policía hizo varios operativos

Pese a las críticas de los legisladores, la Policía realizó operativos de prevención en diferentes ciudades de toda la provincia. El recorrido de móviles se inició ayer muy temprano en Tafí Viejo, donde se registró el hecho por el que jóvenes solidarios denunciaron haber sufrido abusos policiales. Por la tarde, el lugar elegido para desarrollar el operativo fue Villa 9 de Julio. Por la noche, los uniformados se dirigieron a Yerba Buena. “Vinieron todos juntos y fue un desparramo”, destacó Luciana Martínez, del barrio Obispo Piedrabuena. “Mi hijo me había avisado que los policías se estaban concentrando en el Parque 9 de Julio. Cuando andan por aquí todo está tranquilo. No sé si se cometen abusos o no, pero los vecinos hasta se animan a quedarse en las veredas. Ojalá que lo hagan todos los días”, agregó.

Récord: en 24 horas la condenaron por un robo a un Uber moto

El miércoles pasado a las 6 de la mañana, Anahí Silva (de 26 años), a través de la aplicación Uber, utilizando la cuenta de un tal “Lucas” pidió que una motocicleta la fuera a buscar a Bernabé Aráoz al 1.200 para llevarla hasta la esquina de Thames y Julio Corso, en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”). Al llegar al destino, la joven, a la que le falta la pierna izquierda, se abalanzó sobre el conductor y le quitó su celular. A los saltos, escapó del lugar y se refugió en la casa de un vecino. Allí fue detenida por la Policía. En una audiencia realizada a las 24 horas, la acusada fue condenada por el delito de tentativa de robo a 45 días de cumplimiento condicional.