El Consejo Federal del Comité Contra la Tortura instó a las autoridades de Tucumán a investigar la violencia policial y las condiciones carcelarias

El pasado martes 15 de abril, se celebró en el Espacio Cultural de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) la primera sesión ordinaria del Consejo Federal de Mecanismos Locales del 2025. El encuentro, encabezado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), reunió a representantes de 14 provincias del país para abordar la grave situación carcelaria que atraviesa Tucumán, así como las denuncias de violencia institucional ejercida por la Policía y las dificultades que enfrenta la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura para llevar adelante su trabajo.

Durante la jornada, se discutieron casos de vulneración de derechos humanos, basados en testimonios de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y familiares de personas privadas de la libertad. El Consejo Federal expresó su preocupación sobre varios puntos críticos que afectan tanto a las personas detenidas como a la población en general en la provincia e instó a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a garantizar el bienestar de los ciudadanos y las personas privadas de la libertad y a cumplir con lo normado por la ley.

Kevin Nelsen, miembro del Consejo Federal, señaló que el principal motivo por el que eligieron a Tucumán como la sede de la jornada fue en virtud a una obstrucción sistemática que viene sufriendo la comisión local para poder inspeccionar los lugares de encierro. “Esta es su principal función por una ley sancionada en 2012. Hay funcionarios elegidos por la Legislatura que no están pudiendo ingresar a los lugares de contexto de encierro por una decisión del Poder Ejecutivo”, dijo.

Según le explicó a LA GACETA el comisionado civil Fernando Korstanje, a fines del 2024 el Ejecutivo restringió su acceso a las diferentes comisarías y centros penitenciarios de la provincia. El motivo habría sido a raíz de un llamado de atención realizado por parte de los jueces de Ejecución en el cual advertían que el Mecanismo Local de Prevención de Tucumán no estaba conformado en su totalidad ante la falta de representantes de la Legislatura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa. “Desde hace años que el Comité denuncia que solamente está involucrada la parte civil, pese a que la ley de creación indica otra cosa. Sin embargo, jamás habíamos tenido problemas para ingresar a las dependencias hasta ahora. Esta situación sólo agrava más la imposibilidad de ejercer nuestra tarea como corresponde ya que no podemos tener contacto con los presos ni ver en qué condiciones están alojados en Tucumán”, manifestó.

Violencia Policial

Otro de los puntos que generó mayor alarma en la sesión fue el recrudecimiento de las prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de Tucumán. En particular, se mencionaron los operativos denominados "trencito", que se realizaron durante el segundo semestre del 2024 en barrios populares de Tafí Viejo, Villa Carmela, Yerba Buena, Villa Muñecas y San Cayetano. "La policía, practicó allanamientos sin tener una orden judicial, sacando a la gente de sus hogares, golpeando y agrediéndolos y ejerciendo excesiva violencia frente a los niños; los llevaban a las comisarías sin darles explicaciones y sin que sus familias supieran en dónde estaban alojados. Se presentaron múltiples denuncias ante el Ministerio Público Fiscal por los abusos policiales las cuales fueron desestimadas o no avanzaron", dijo Korstanje.

El Consejo también cuestionó la tarea de la Legislatura en estos episodios. "Estos episodios se desarrollaron en parte porque la Ley de Contravenciones sigue vigente en la provincia ya que los legisladores jamás la derogaron. Esto le permite a la policía arrestar arbitrariamente a personas violentando sus derechos y llenar, nuevamente, las comisarías", apuntó.

Situación carcelaria

Por último los representantes de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abordaron la situación actual dentro de los establecimientos carcelarios. El Consejo advirtió sobre las condiciones de hacinamiento extremo, la falta de acceso a salud integral y la ausencia de alimentación adecuada y agua potable para los detenidos.

“Pudimos escuchar los testimonios de madres y esposas de las personas alojadas en Benjamín Paz y fueron desgarradores. A los presos no les permiten ver a sus hijos aunque la ley establezca que deben tener contacto con el mundo exterior. Los familiares tienen que grabar las denuncias de espaldas por miedo a que las personas privadas de la libertad sufran represalias dentro dentro del penal. También llama la atención la ausencia de la Defensa Pública ante la falta de presentación de habeas corpus por las condiciones de alojamiento. En su momento lo hicieron los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, pero ahora el MPF es quien sigue encarcelando”, dijo el comisionado civil tucumano.

Otro aspecto que encendió las alarmas fue la propagación de enfermedades dentro de los arrestos. “Un médico del Siprosa dijo que jamás había visto esta cantidad de casos de sarna y tuberculosis que hay actualmente en las cárceles. La falta de atención médica adecuada ya provocó la muerte de presos. Si no se hacen cargo por el bienestar de ellos que piensen que esto también es un peligro para la sociedad porque pueden contagiar a los policías y guardiacárceles y a los familiares que los visitan y propagar la enfermedades”, expresó Korstanje.

Reclamo

A raíz de lo expuesto durante la sesión el Consejo Federal instó al Poder Ejecutivo a cesar con los impedimentos y obstaculizaciones en el ejercicio de las funciones mandadas por la ley a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y a cesar las graves violaciones de derechos humanos. A la Legislatura a designar a los representantes e integrarlos para garantizar la plena conformación de la Comisión Provincial. Al Ministerio Público de la Defensa, a promover e impulsar acciones judiciales necesarias para la defensa de las personas privadas de la libertad. Al MPF le exigió que investigue los hechos de tortura, tratos crueles y las muertes bajo custodia y al Poder Judicial que ejerza control para prevenir y sancionar hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes de las fuerzas policiales y penitenciarias.