García Mansilla renunció a la Corte: "deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo"

La cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sumió al Gobierno de Javier Milei en un conflicto institucional inédito. Finalmente ayer renunció al máximo tribunal Manuel García Mansilla, el juez propuesto por el Presidente en comisión y cuyo pliego había sido rechazado el jueves por el Senado.

El magistrado presentó su dimisión en un escrito de siete páginas. Estuvo 40 días en el cargo. De esta manera, su apartamiento deja nuevamente a la Corte con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

“Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión, por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025”, arranca la misiva con la que el académico justificó su decisión de dejar la Corte, días después de haber sido rechazado por 51 votos en contra y 20 a favor en el Senado. García Mansilla cosechó en el recinto el sufragio negativo de los tres bloques kirchneristas y el grueso del radicalismo. Sólo tuvo el voto favorable de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO y dos radicales y algunos bloques provinciales aliados del Gobierno Nacional.

A diferencia de lo que pasó con el pliego de Ariel Lijo, el interbloque peronista se mostró unido en el rechazo al pliego de García- Mansilla, designado por un decreto y que ya había asumido como ministro de la Corte Suprema. Lijo, en tanto, no lo había hecho porque pretendió obtener una licencia en su cargo de juez federal hasta tanto el Senado ratificara su pliego. La Corte no aceptó esa licencia especial y Lijo no llegó a jurar como ministro del tribunal.

A su vez, tras el rechazo del Senado, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, había firmado una medida cautelar que ordenaba a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días. El magistrado mantenía la medida hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.

En su renuncia el abogado explica que aceptó el “nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”. “Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, completa.

“Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado”, completa.

Más adelante, lanzó: “Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte”. “Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo”, añadió.

El caso de García Mansilla abrió el debate sobre las implicancias políticas y jurídicas de las designaciones en comisión. Es que según algunas interpretaciones, el rechazo de los pliegos por parte del Senado no invalida automáticamente el decreto presidencial ni implica la remoción inmediata de los jueces designados. Así, García Mansilla podría haber continuado en su cargo hasta el 30 de noviembre, fecha que marca el final del año legislativo siguiente a su designación, salvo que se iniciara un proceso de juicio político.

Sin embargo, la controversia en torno a su nombramiento y la medida cautelar de Ramos Padilla abrieron la puerta a una posible judicialización de las decisiones del tribunal. Por el revés, la Casa Rosada no volvería a intentar cubrir las vacantes en el corto plazo. Esperarán a que haya otra composición en el Congreso antes de enviar nuevos pliegos.

La voz de Maqueda: el ex juez habló de una “bravuconada”

El ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, había sido una de las voces más resonantes en sumarse al pedido de renuncia de Manuel García Mansilla. “García-Mansilla tiene que acatar lo que decidió el Senado y renunciar“, dijo durante una entrevista, y consideró que el Decreto 137 con el que Javier Milei lo nombró “en comisión” fue una “bravuconada”. Recordó que antes el Congreso funcionaba solo cinco meses al año y los legisladores debían trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires en carreta desde sus provincias, razón por la que se había establecido este tipo de nombramientos temporales, con el que el oficialismo intentó justificar la designación “en comisión”.

La mención a Milei: García-Mansilla le agradeció al presidente

En su carta de renuncia, el ahora ex juez Manuel García-Mansilla le agradeció al presidente Javier Milei por haberlo designado, y justificó su dimisión con una crítica a sectores de la política. “A Usted le agradezco la oportunidad que me diera de poder servir a mis conciudadanos. Aunque me hubiera gustado hacerlo por más tiempo y en otras circunstancias, mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data”, planteó en el texto.