03 Abril 2025
El Gobierno intervino Corredores Viales para acelerar su privatización
El Gobierno dispuso la intervención de Corredores Viales S.A. y designó al frente de la compañía a María de los Ángeles Adem, en lo que se considera el paso previo para la privatización por concesión de los servicios de mantenimiento por peaje de casi 20.000 kilómetros de rutas en todo el país.
La medida se oficializó a través del decreto 244/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y con ella Adem reemplazará al Directorio que hasta hoy encabezaba José Luis Acevedo como su presidente.
El 14 de febrero, mediante el decreto 97/2025, el Poder Ejecutivo inició el procedimiento para la "privatización total” de los tramos de las rutas de Corredores Viales bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, como paso previo a la disolución de la compañía creada en 2017.
La medida abarca a tramos de rutas de todo el país por un total de 19.645,57 kilómetros y ese mismo día, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló en una conferencia de prensa que "a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura mediante la participación del sector privado, que se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios”.
Corredores Viales gestiona 10 tramos de rutas y autopistas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones.
Qué dice el nuevo decreto
Según lo dispuesto en la normativa, la intervención será por tiempo indefinido, conforme al artículo 6° de la Ley N.º 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Desde ahora, la administración de Corredores Viales quedará bajo la conducción de Adem, quien asumirá todas las facultades del Directorio y de la presidencia de la compañía. Su rol incluirá la realización de auditorías de gestión al inicio y al final del proceso, así como la evaluación del estado financiero y operativo de la firma.
Además, deberá presentar un plan de acción para la reformulación de la empresa, el cual podría implicar modificaciones en su estatuto y deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.
Entre las principales tareas encomendadas a la interventora se encuentran la revisión de compras y contrataciones, la auditoría del estado de los corredores viales y la administración operativa de la sociedad hasta su disolución y liquidación.
Adem también tendrá la potestad de designar y remover personal y deberá informar a la cartera económica sobre cualquier irregularidad detectada, detallando su impacto financiero y proponiendo medidas correctivas.
En el decreto, el Gobierno subraya que la medida responde a su objetivo de optimizar los servicios estatales, especialmente en el ámbito del transporte de pasajeros y cargas, clave para la industria, el turismo y la producción agrícola. Según explicaron las autoridades, la consolidación de la red vial del país requerirá la participación del sector privado.
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