
El comisionado rural Jorge Cruz aportó por escrito más dudas sobre las irregularidades en la venta de tierras de la Reserva Natural La Angostura. El fiscal Miguel Varela lo había intimado para que informara quiénes eran las personas que estaban detrás del proyecto “Loteo Gaucho Castro”. La respuesta dejó perplejos a los investigadores: informó que en la Comuna Rural de El Mollar no existe ningún expediente de ese emprendimiento inmobiliario. La respuesta generó sorpresas porque el mismo funcionario habría tenido una activa participación en el proyecto. Según los compradores, no sólo habría avalado la venta, sino que además aprobó un trámite clave y hasta habría adquirido lotes que después podría haberlos vendido.
Este es un caso que aporta novedades día tras día. Todo comenzó a fines de octubre cuando empleados estatales descubrieron que la zona protegida estaba siendo ocupada por desconocidos. La Policía destruyó varios de los cercados que se habían instalado y la fiscal de Estado Gilda Pedicone presentó solicitó una medida de no innovar en la Justicia. Una jueza aceptó el planteo al entender que formaban parte de las zonas protegidas de la Provincia y, al suspender la venta de lotes y ordenar la detención de las construcciones, se protegía el medio ambiente.
El cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado analizó la documentación que presentaron los mismos compradores y descubrieron que se habría montado toda una maniobra para comercializar tierras que pertenecen al Estado. Por esa razón, realizaron una denuncia penal contra Juan Pablo Castro, un hombre de 85 años por usurpación y por estafas reiteradas. Además, solicitó la reposición de los terrenos.
Medidas
El fiscal Varela tomó testimonios a varios de los damnificados. Aportaron información valiosa que terminó abriendo la pesquisa. Por ejemplo, señalaron que no creían que Castro hubiera sido el responsable de la maniobra, ya que era un hombre mayor, que no usaba celular, que se movilizaba a caballo y que no sabía leer ni escribir. Identificaron a Rafael Trujillo (al que llamaban ingeniero y creían que era funcionario) y al arquitecto Maximiliano Barreiro (habría firmado el plano del anteproyecto que presentaron en la Dirección General de Catastro sin que fuera aprobado).
El representante del Ministerio Público decidió tomar dos medidas. En una confirmó que los dos mencionados eran empleados de la subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. De esa oficina se emitió una constancia en la que se informaba que Castro estaba tramitando la escrituración de las tierras. En ese documento, que habría sido utilizado por los vendedores para engañar a los compradores, aparece la firma de Fernando Rogel Chaler, ex titular de la repartición. En una entrevista con LA GACETA, el ex funcionario aclaró que esa no era su rúbrica, dando a entender que alguien se la podría haber falsificado.
Al surgir esas novedades, Varela, a través de un oficio, le pidió al comisionado que identificara a los titulares del proyecto inmobiliario, además de Castro, que es el que aparece en los papeles. Lo que parecía que sería un mero trámite, terminó siendo una bomba que estalló en el Centro Judicial de Monteros y cuyas ondas expansivas llegaron hasta Casa de Gobierno.
“Luego de una exhaustiva búsqueda en todos nuestros registros, no existe expediente administrativo alguno en la Comuna Rural de El Mollar de presentación de proyecto de urbanización en el loteo conocido como ‘El Gaucho Castro’, barrio El Lago, ubicado en la localidad de El Mollar”, informó Cruz. “No obstante lo expuesto, me pongo a entera disposición del señor fiscal en lo personal y en mi rol de comisionado comunal, como así mismo pongo a disposición los libros de ingreso y egreso de expedientes de la comuna”, añadió el funcionario en el informe que fue presentado en la Justicia.
Contradicciones
Los dichos de Castro se contradicen con los elementos que existen en el expediente. Por ejemplo, hay una nota firmada en agosto de 2023 por Cruz en la que otorgó la factibilidad del uso de servicio de agua potable en el emprendimiento. Esa nota, que él mismo aclaró que tiene condición de declaración jurada, confirma que el proyecto pasó por la comuna, ya que administrativamente no se podría haber firmado una autorización sin que nadie se lo haya pedido. Además, queda por analizar el motivo en el que aprobó un trámite después de que comenzara la venta de terrenos, cuando las normas indican que debe ser antes de que comience la comercialización.
Los compradores informaron además que fue el mismo Cruz quien avaló la legalidad de las tierras. Ese dato fue confirmado en un video en el que el comisionado fue filmado tratando de llevar tranquilidad a los adquirentes asegurándoles que todo estaba en orden.
El comisionado, después de haber presentado esa nota, deberá atender dos frentes. El primero, que el fiscal Varela termine de analizar las pruebas para definir su situación procesal. El otro, aguardar qué decisión toman en Casa de Gobierno sobre su futuro.