Por Fernando Stanich
10 Enero 2025
El Gobierno tucumano apuesta a reactivar la obra en la casa central del Registro Civil en el corto plazo. Pero para ello necesitará de una autorización de la Nación. Así lo expresó el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Nazur.
Tal como precisó ayer LA GACETA, de aquel proyecto de construcción de una moderna torre de siete pisos en el patio del histórico edificio de 24 de Septiembre al 800 sólo quedó un enorme pozo, en el que se iban a levantar los cimientos para la estructura. Desde fines de 2023, los trabajos a cargo de las empresas Alfa y Queñoa (conformaron una UTE) quedaron paralizados ante la incertidumbre respecto de la continuidad del financiamiento nacional.
El ministro Nazur detalló que la obra se estancó cuando apenas tenía un avance físico del 10%, que contempla la excavación de la fundación, obras anexas y materiales comprados. Técnicamente, como la mayoría de los proyectos con financiamiento federal, la obra se encuentra “neutralizada”. El asunto es que la Unión Transitoria de Empresas adjudicataria cobró ya un anticipo equivalente al 20% del presupuesto global, pautado en casi $ 1.100 millones. Es decir, la Nación hace dos años entregó unos $ 200 millones. El director de Arquitectura y Urbanismo, Alfredo Quinteros, había adelantado que iban a avanzar con una reformulación del proyecto original para adecuarlo al contexto económico actual y poder utilizar ese dinero en manos de las empresas. Por eso se pensó en que se rellene el pozo y se edifique una planta baja y un primer piso, en lugar de los siete previstos.
“Es una obra importante que tuvo problemas de habilitación para ejecutarse, luego se consiguieron los permisos en forma excepcional (durante el último tramo de la gestión del ex gobernador Juan Manzur) y con el cambio de Gobierno nacional se paralizó la obra pública. Ahora, gracias a la ley de emergencia en obra pública, podríamos hacer una reducción del proyecto”, sintetizó el ministro Nazur.
Afirmó que la intención es concretar una obra “realizable”, que se encuadre dentro del contexto económico del país. Para ello, el ente de financiación (la Nación) debe estar de acuerdo con la nueva propuesta. “Esto sería la reducción de la obra para que se pueda cubrir con ese 20% de anticipo ya pagado y un poco más”, aclaró Nazur.
En ese marco, la emergencia sancionada por la Legislatura en diciembre allanará el camino, ya que permite una reducción en los ítems ya contratados. “Sin la ley sería imposible, porque existe un contrato de obra firmado que hoy técnicamente se encuentra neutralizado”, explicó el funcionario provincial.
El aval de la Nación resulta clave para poder destrabar administrativamente el emprendimiento. En diciembre, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo firmaron el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Dicho convenio apunta a facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas, y a través de él se ratificaron también obras importantes para Tucumán, como el Procrear II, la ampliación de la capacidad de la recientemente inaugurada Penitenciaría de Benjamín Paz y el acueducto de Vipos. El Régimen permite acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes. En este sentido, el sistema que se creó -mediante el Decreto Nº 969/2024- contribuirá a ordenar la situación financiera entre las jurisdicciones, saldar deudas de años previos y avanzar en una nueva relación fiscal federal.
El proyecto original preveía la remodelación, refuncionalización y conservación del sector histórico donde funcionaban caballerizas en el siglo XIX. Junto a este patrimonio histórico se alzaría la torre de siete pisos y se realizaría un subsuelo de más de 5.000 metros cuadrados. Por último, en la zona posterior de edificio, se iba a construir una plaza seca con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados.
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