Inseguridad de taxis y remises

Cerca de dos centenares de choferes de taxis manifestaron el miércoles último, en la plaza Independencia, con motivo de la falta de seguridad que rodea a su trabajo. Afirman que, todos los días, se producen dos o tres asaltos, a taxistas o a remiseros, lo que significa cerca de 150 atracos por mes.
Como informamos, las autoridades del área escucharon sus reclamos y les pidieron colaboración para ubicar los lugares más inseguros, además de comprometerse a efectuar reuniones semanales.
El secretario de Seguridad reconoció que los controles actuales son insuficientes, y anunció la puesta en marcha de un operativo móvil para detener a los automotores que parezcan sospechosos. El tema, por cierto, debe inscribirse dentro del cuadro de inseguridad general que aqueja a la provincia y también al país.
Es un hecho que en las calles hay cada día una presencia mayor de delincuentes -jóvenes, en un gran porcentaje- y no puede extrañar que tengan, entre sus objetivos favoritos y relativamente sencillos, el de asaltar a quienes conducen vehículos de alquiler.
El Estado, en su calidad de encargado de la seguridad de los ciudadanos, debe esmerarse especialmente en proteger a estos trabajadores, que suman muchos miles de personas. El incremento de los controles policiales tiene, así, verdadera urgencia, y mucho más si el mismo Gobierno reconoce su escasez actual. El operativo móvil, con la participación de personal de la Brigada, de Inteligencia y del Registro Provincial de Armas, parece también una medida acertada, que debe ponerse en marcha sin pérdida de tiempo. Nadie puede dudar que se trata de providencias indispensables, cuya necesidad está suficientemente marcada por los hechos.
Pero no debe dejarse de apuntar, en este tema, que también los conductores de taxis y remises deben adoptar precauciones para protegerse a sí mismos ya que, por minuciosa que sea la acción policial, no puede vigilarlos en todos los momentos de su trabajo.
Tiempo atrás se habló de la instalación de un sistema de radio en todos los vehículos que, en caso de asaltos, emitiera una señal a la Policía. Esto no se implementó, entre otros motivos por el problema de los costos y de quienes los sobrellevaban, con lo que quedó en estado de proyecto algo que hubiera fortalecido, obviamente, la seguridad.
Por otro lado, la comprensible inquietud de los choferes por ganar su sustento, muy a menudo los lleva a obrar fuera de los límites de la prudencia. Nos referimos, por ejemplo, a aceptar viajes -nocturnos, en especial- a barrios que se reconocen peligrosos, a pesar de la experiencia negativa que de sobra tienen tales trayectos. De la misma manera, permiten muchas veces ese ascenso de personas sospechosas que, con frecuencia, termina en atracos, algunos de ellos con saldo de heridos o de muertos. Hay que agregar, también, el hecho de que a veces el chofer, porque carece de sus papeles en regla, o por no perder tiempo, hace un rodeo para evitar el control policial.
Actitudes de esa índole debieran evitarse. Asimismo, los pasajeros bienintencionados debieran colaborar, informando, a quien los lleva, sobre la ruta más segura para entrar o para salir, cuando se dirigen a zonas problemáticas.
Nos parece que estos temas debieran ser objeto de una reflexión especial por parte de quienes conducen esos automotores. Está en el interés común, que una actividad tan necesaria para todos los habitantes, y que constituye una muy significativa fuente de trabajo para muchas familias, pueda desarrollarse sin el riesgo de pérdidas humanas o materiales. Decimos todo esto sin perjuicio de insistir en que la seguridad de los conductores, como la de cualquier persona, es responsabilidad indelegable del Estado y este debe ejercerla en plenitud.