Indefiniciones

La prórroga "a dedo" del convenio con la empresa recolectora de residuos casi no causa sorpresa en los oídos amortiguados de los tucumanos, que no pueden definir si esta especie de maniobra legal es beneficiosa o perjudicial. Es la segunda prórroga que decreta el intendente, Domingo Amaya; pero ya es una práctica repetida desde que la empresa brinda el servicio en la capital, hace tres lustros.
La justificación de Amaya es que, por el momento, no hay quien preste el servicio. Dijo que los concejales tienen demorado el pliego de llamado a licitación. Estos replicaron que en diciembre surgieron propuestas de funcionarios nacionales para un acuerdo con el Banco Mundial por un plan integral de recolección de residuos, y que el programa municipal no cumple con las pautas para acceder a ese financiamiento.
Es decir, se está en un punto ciego, con un sistema que funciona precariamente en lo que hace a recolección y conflictivamente en cuanto a la disposición de los residuos: desde hace tres meses, la basura es arrojada en el predio de Pacará Pintado, en Cruz Alta. Su propietario, Mario Criado, tuvo roces con los concejales de la capital; anunció un programa muy ambicioso y, quienes supuestamente lo asesoraron y prepararon para esta tarea -empresarios canadienses-, acaban de tomar distancia de él, restándole credibilidad.

Normas incompletas
Los funcionarios nacionales plantearon que para hacer un plan integral de recolección de residuos hace falta legislación. Entre otras cosas, se necesita que los municipios se establezcan como consorcios a fin de encarar el tema en conjunto. Esa ausencia de marco lega hace que la basura se trate de modos distintos en diferentes lugares: mientras en la capital se exigieron mil cuidados que la empresa 9 de Julio no cumplió, en el interior las mismas municipalidades tiran los residuos en basurales a cielo abierto. La falta de acuerdos entre municipios mostró desinteligencias, como la pelea entre las municipalidades de la capital y de Tafí Viejo a propósito del terreno que se compró en julio para tirar las 400 toneladas de basura de San Miguel de Tucumán, o los recientes escarceos verbales entre los concejales de la capital y de la Banda del Río Salí por la planta de Pacará Pintado.
Que los municipios del área metropolitana se unan como consorcio permitiría, por ejemplo, que se reduzcan los costos. De hecho, en Pacará Pintado se están arrojando en este momento los residuos de San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Yerba Buena y Banda del Río Salí, a partir de acuerdos individuales con la firma.
Hay otra cuestión urgente. El defensor del pueblo apuró a los funcionarios de los cuatro municipios a buscar otro lugar para tirar la basura, porque -dice- en unas cuantas semanas más el actual podría colapsar. Cierto es que la gente de Medio Ambiente de la Provincia no se hace problema, con lo que hay una contradicción que no ayuda a entender qué pasa.
La rutina de precariedad con que siempre se trabajó en esta cuestión derivó en la maraña de problemas que Amaya -bajo presión del Gobierno provincial- resolvió como pudo. Dos de las medidas más escandalosas han sido la compra secreta -y absurda- de un terreno en Los Pocitos por $ 300.000, terreno que ya no se usará para tirar la basura de la capital, y la vergonzosa tragicomedia de enredos armada para terminar el conflicto con la empresa 9 de Julio: se acordó pagarle 16 millones de pesos de deuda cuando, al parecer, lo que se le debía era mucho menos. Y detrás de cada papelón siempre se anuncia la necesidad de un plan de mejora integral, con lo que volvemos al principio: el fin del problema siempre queda lejano; las prórrogas y la precariedad se repiten, los nuevos acuerdos se degradan y la desconfianza persiste.