Las secuelas del contrabando

El Gobierno federal resolvió poner fin a su vinculación con la empresa aerocomercial Southern Winds el 3 de marzo próximo, cuyo contrato -suscripto en septiembre de 2003-  vence en esa fecha; y descartó una prórroga por el mismo lapso, prevista en dicho instrumento. Ese acuerdo incluyó la asociación de la compañía estatal Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, constituida para dar empleo a 900 desocupados del sector, mediante un subsidio anual de 80 millones de pesos.
La decisión del presidente Kirchner ha sido consecuente con la gravedad del escándalo provocado por el contrabando de droga en vuelos de SW, el que no habría sido posible sin la complicidad del sistema de seguridad del aeropuerto de Ezeiza, a cargo de la Policía Aeronáutica Nacional, bajo control de la Fuerza Aérea Argentina. La decisión inmediata del Gobierno fue relevar al jefe de esta última, brigadier general Carlos Rohde, designando en su lugar al brigadier Eduardo Schiaffino, cuyo reciente ascenso planteó el retiro de toda la plana mayor de la fuerza por razones de antigüedad en el grado. Esta última circunstancia, de orden reglamentario, dio lugar a un virtual castigo de un número elevado de oficiales superiores con destinos totalmente desvinculados de la situación que investiga la Justicia.
Tan drástica decisión presidencial asumió como pretexto que el Gobierno no había sido informado oportunamente del contrabando, lo cual no parece posible si se advierte que transcurrieron cuatro meses de los hechos delictivos y que los mismos fueron denunciados oportunamente a la Justicia, al igual que otros casos de contrabando. No lo hizo la Fuerza Aérea, como reconoció el jefe relevado al admitir su error, pero llama la atención que tampoco lo hicieran la SIDE o la Policía Federal; y más aún, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime -responsable directo de la ejecución del contrato con la empresa imputada-, a quien el Presidente no incluyó entre sus presuntos responsables por omisión de información. La vinculación del Poder Ejecutivo con la empresa SW se ha convertido por consiguiente en un hecho político muy difícil de eludir. En primer término, por evidenciar la ligereza que dio lugar a su asociación con el Estado, creando, además, una empresa oficial sin aviones y que ahora se trata de privatizar con urgencia asignándole licencias de vuelos que no puede ejecutar. Existen, pues, dos tratos diferentes, para la Fuerza Aérea y para el Gobierno, lo que debió haberse evitado y, con ello también, que sectores de la oposición imputen al presidente Kirchner más allá de las responsabilidades políticas que pudiere haber incumplido por un error de ejecución.
El encuadre de los acontecimientos ha venido así a derivar en una situación más conflictiva desde el punto de vista político, que el hecho objetivo del contrabando que investiga la Justicia con bastante menor velocidad, lógicamente, por el rigor de sus procedimientos. No ha sido prudente en ese sentido que el Presidente se explayara en un acto público totalmente ajeno a la cuestión, para señalar al conjunto de brigadieres como una corporación sospechada, mientras el secretario de Transporte era confirmado en la Casa Rosada. Seguramente que la incitación para ello partió de la torpeza del ex jefe relevado de la FA, mas la respuesta política apropiada no observó la prudencia propia de tan elevado rango oficial, a la espera, como también señaló el Presidente, de lo que deba resolver la Justicia. Convocar a sosiego, sin dejar por ello de transparentar la vida pública, suele ser por momentos un deber incumplido del poder, que conspira contra la voluntad de recuperar los valores republicanos.