Por Redacción Política
09 Febrero 2005
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Los directivos de Gasnor atribuyeron a empleados despedidos por la firma la aparición de denuncias anónimas que involucran a la concesionaria en un supuesto pago de sobornos al Estado para obtener la eximición de $ 11 millones reclamados por la Dirección de Rentas de la provincia.
El responsable de la Unidad de Negocios de Tucumán de Gasnor, Elio Hernández, descalificó la presentación judicial realizada por el legislador radical José Cano, que reclama que se investigue la eximición del pago a la empresa. "Es infundada e injuriosa porque, en definitiva, cuestiona la legitimidad y la fundamentación de dictámenes o resoluciones que han sido emitidos dentro de normas de derecho", aclaró.
Según el directivo, Gasnor realizó un proceso de recambio de personal, por lo que deslizó la posibilidad de que alguno de los trabajadores sea el autor de la denuncia. "Hubo personal que se alejó de la compañía y otro al que se le requirió que ponga mayor dedicación en su labor, lo que no fue bien recibido y motivó reclamos. Cabe la posibilidad de que alguna persona molesta por esta situación pueda haber realizado la denuncia anónima que mencionan los distintos medios, la que rechazamos enfáticamente por falaz y maliciosa", agregó.
El procedimiento
Hernández también explicó a LA GACETA el procedimiento realizado por la empresa ante la Provincia, debido a la intención de la Dirección de Rentas de cobrar $ 11 millones por la falta de pago del Impuesto a los Sellos.
Relató que en noviembre de 2003, Rentas realizó a Gasnor una determinación de oficio por ese importe, ya que consideró que no había ingresado el Impuesto a los Sellos a las solicitudes de crédito. "Consideraba que esas actuaciones estaban gravadas aplicando el principio de la realidad económica, aun cuando ya existía el antecedente del fallo ?Banco Río de la Plata contra la provincia de La Pampa?, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 4 de julio de 2003", aseveró.
El directivo explicó que por medio de ese fallo, la Corte obliga a las provincias a ajustarse a la Ley de Coparticipación Federal, que establece los requisitos que deben cumplir los instrumentos para ser gravados con sellos. "Claramente expresa que las solicitudes de crédito no están gravadas con ese impuesto", manifestó.
Hernández mencionó que el Máximo Tribunal profundizó la posición tomada en el caso de Banco Río y dictó tres nuevas sentencias que otorgan el carácter de doctrina de la Corte a lo expresado en la causa. Se trata, según el directivo, de los fallos "Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. contra Neuquén", "Transportadora de Gas del Sur S.A. contra Santa Cruz" y "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. contra Tierra del Fuego".
Según el responsable de la Unidad de Negocios de Tucumán, sobre la base de estos antecedentes, el Ministerio de Economía, actuando como Tribunal Fiscal en términos del artículo 156 del Código Tributario Provincial, dictó la resolución e hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Gasnor.
"Es decir que el hoy cuestionado pronunciamiento es ajustado a derecho y sustentado en pacíficos y recurrentes antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios", concluyó Hernández.
Jiménez solicitó un informe a la firma
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, recibió ayer a los directivos de Gasnor, encabezados por el responsable de la Unidad de Negocios de Tucumán, Elio Hernández. Los empresarios prometieron enviar al Poder Ejecutivo un informe con los movimientos financieros de la empresa que el legislador José Cano (UCR) pidió investigue la Justicia.
El parlamentario aportó documentación que acreditaría una operación contable realizada por directivos de la firma en noviembre del año pasado para disponer de $ 900.000 - en tres extracciones de caja de $ 300.000 cada una- y luego justificar el gasto con facturas emitidas en la provincia de San Juan por pago de honorarios por servicios profesionales.
"Estuve reunido con los gerentes financieros de Gasnor. Ellos prometieron elevar al Gobierno información contable respecto del caso y de la postura de la empresa frente a la denuncia", explicó Jiménez.
El titular de la cartera económica comentó que los responsables de Gasnor manifestaron su intención de realizar una presentación ante la Justicia. "Quieren demostrar que la denuncia no es cierta", contó.
El funcionario ratificó que ya firmó el poder a sus abogados para querellar a Cano.
El bloque de legisladores de la UCR cuestionó la reunión
El bloque de parlamentarios radicales cuestionó en duros términos el encuentro que mantuvieron ayer el ministro de Economía, Jorge Jiménez, con directivos de la empresa Gasnor.
"Esa reunión privada echa más dudas y más sospechas sobre la conducta de los funcionarios del Ministerio de Economía. Y le otorgan mayor verosimilitud al presunto destino ilegítimo de los $ 900.000, presumiblemente percibidos para la condonación de la deuda fiscal de la empresa concesionaria". Los conceptos son del legislador Juan Roberto Robles, titular de la bancada de la UCR.
"Los radicales, con sobradas razones, creemos que ese cónclave privado se realizó ante la inminencia de las citaciones judiciales, y al único efecto de unificar un discurso -aseveró-. Pretenden que este gravísimo hecho quede impune, para abofetear de nuevo a la sociedad, como ya aconteció con el ?Caso Macías? y con el ?Caso Ibri?".
El representante radical invocó la "salud moral de la provincia" para exigirle a Jiménez que se presente en Tribunales. "Los funcionarios públicos, si son hombres de bien, deben comparecer inmediatamente ante la Justicia para aclarar hechos que son denunciados en su contra. Sobre todo, si se trata de fondos públicos que ascienden a sumas millonarias", indicó.
"Una de las características esenciales del sistema republicano es la publicidad de los actos y la transparencia de la conducta pública -dijo Robles-. Es la única forma de robustecer la credibilidad en las instituciones. Pero Jiménez demostró una ignorancia supina en esta regla", concluyó el parlamentario.
El Poder Ejecutivo ratifica la tarifa social del agua que fijó por decreto
El gobernador José Alperovich no da el brazo a torcer en materia sanitaria. El titular del PE vetó el proyecto por el que la Legislatura había creado la llamada tarifa de integración del servicio público de agua y cloacas. Esta preveía una reducción de hasta el 80% -aunque no fijaba el monto específico de la factura diferencial- para los sectores de escasos recursos que no pagan el consumo.
"La tarifa es, fundamentalmente, un acto administrativo", expresa el mandatario en el decreto 151/110, por el que devolvió el proyecto de ley que la Cámara había sancionado el 12 de enero.
Alperovich y el ministro de la Producción, José Manuel Paz -también firmó la resolución- recordaron que,en un decreto anterior ya habían establecido los parámetros de la tarifa social. Esta será de $ 3 por mes y podrán beneficiarse 60.000 usuarios. Estos deberán acreditar situación de pobreza y no deberán tener en el domicilio ni teléfono (móvil o fijo) ni televisión satelital o por cable.
"Tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina administrativa se manifiestan contestes (en el mismo sentido) respecto de que la facultad de fijar o de aplicar tarifas es una consecuencia de la atribución de organizar el servicio público. Por lo que el establecimiento y la aprobación de aquellas corresponden al órgano ejecutivo de gobierno", manifestó el mandatario.
La razón del veto fue ratificar que al PE corresponde el diseño de las tarifas, incluida la social. En este último caso, la Cámara establecía un porcentaje para los carenciados, mientras que el Gobierno fijó una suma fija ($ 3) y determinó los parámetros para que la Sociedad Aguas del Tucumán adapte esta disposición al esquema de cobro.
El responsable de la Unidad de Negocios de Tucumán de Gasnor, Elio Hernández, descalificó la presentación judicial realizada por el legislador radical José Cano, que reclama que se investigue la eximición del pago a la empresa. "Es infundada e injuriosa porque, en definitiva, cuestiona la legitimidad y la fundamentación de dictámenes o resoluciones que han sido emitidos dentro de normas de derecho", aclaró.
Según el directivo, Gasnor realizó un proceso de recambio de personal, por lo que deslizó la posibilidad de que alguno de los trabajadores sea el autor de la denuncia. "Hubo personal que se alejó de la compañía y otro al que se le requirió que ponga mayor dedicación en su labor, lo que no fue bien recibido y motivó reclamos. Cabe la posibilidad de que alguna persona molesta por esta situación pueda haber realizado la denuncia anónima que mencionan los distintos medios, la que rechazamos enfáticamente por falaz y maliciosa", agregó.
El procedimiento
Hernández también explicó a LA GACETA el procedimiento realizado por la empresa ante la Provincia, debido a la intención de la Dirección de Rentas de cobrar $ 11 millones por la falta de pago del Impuesto a los Sellos.
Relató que en noviembre de 2003, Rentas realizó a Gasnor una determinación de oficio por ese importe, ya que consideró que no había ingresado el Impuesto a los Sellos a las solicitudes de crédito. "Consideraba que esas actuaciones estaban gravadas aplicando el principio de la realidad económica, aun cuando ya existía el antecedente del fallo ?Banco Río de la Plata contra la provincia de La Pampa?, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 4 de julio de 2003", aseveró.
El directivo explicó que por medio de ese fallo, la Corte obliga a las provincias a ajustarse a la Ley de Coparticipación Federal, que establece los requisitos que deben cumplir los instrumentos para ser gravados con sellos. "Claramente expresa que las solicitudes de crédito no están gravadas con ese impuesto", manifestó.
Hernández mencionó que el Máximo Tribunal profundizó la posición tomada en el caso de Banco Río y dictó tres nuevas sentencias que otorgan el carácter de doctrina de la Corte a lo expresado en la causa. Se trata, según el directivo, de los fallos "Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. contra Neuquén", "Transportadora de Gas del Sur S.A. contra Santa Cruz" y "Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. contra Tierra del Fuego".
Según el responsable de la Unidad de Negocios de Tucumán, sobre la base de estos antecedentes, el Ministerio de Economía, actuando como Tribunal Fiscal en términos del artículo 156 del Código Tributario Provincial, dictó la resolución e hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por Gasnor.
"Es decir que el hoy cuestionado pronunciamiento es ajustado a derecho y sustentado en pacíficos y recurrentes antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios", concluyó Hernández.
Jiménez solicitó un informe a la firma
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, recibió ayer a los directivos de Gasnor, encabezados por el responsable de la Unidad de Negocios de Tucumán, Elio Hernández. Los empresarios prometieron enviar al Poder Ejecutivo un informe con los movimientos financieros de la empresa que el legislador José Cano (UCR) pidió investigue la Justicia.
El parlamentario aportó documentación que acreditaría una operación contable realizada por directivos de la firma en noviembre del año pasado para disponer de $ 900.000 - en tres extracciones de caja de $ 300.000 cada una- y luego justificar el gasto con facturas emitidas en la provincia de San Juan por pago de honorarios por servicios profesionales.
"Estuve reunido con los gerentes financieros de Gasnor. Ellos prometieron elevar al Gobierno información contable respecto del caso y de la postura de la empresa frente a la denuncia", explicó Jiménez.
El titular de la cartera económica comentó que los responsables de Gasnor manifestaron su intención de realizar una presentación ante la Justicia. "Quieren demostrar que la denuncia no es cierta", contó.
El funcionario ratificó que ya firmó el poder a sus abogados para querellar a Cano.
El bloque de legisladores de la UCR cuestionó la reunión
El bloque de parlamentarios radicales cuestionó en duros términos el encuentro que mantuvieron ayer el ministro de Economía, Jorge Jiménez, con directivos de la empresa Gasnor.
"Esa reunión privada echa más dudas y más sospechas sobre la conducta de los funcionarios del Ministerio de Economía. Y le otorgan mayor verosimilitud al presunto destino ilegítimo de los $ 900.000, presumiblemente percibidos para la condonación de la deuda fiscal de la empresa concesionaria". Los conceptos son del legislador Juan Roberto Robles, titular de la bancada de la UCR.
"Los radicales, con sobradas razones, creemos que ese cónclave privado se realizó ante la inminencia de las citaciones judiciales, y al único efecto de unificar un discurso -aseveró-. Pretenden que este gravísimo hecho quede impune, para abofetear de nuevo a la sociedad, como ya aconteció con el ?Caso Macías? y con el ?Caso Ibri?".
El representante radical invocó la "salud moral de la provincia" para exigirle a Jiménez que se presente en Tribunales. "Los funcionarios públicos, si son hombres de bien, deben comparecer inmediatamente ante la Justicia para aclarar hechos que son denunciados en su contra. Sobre todo, si se trata de fondos públicos que ascienden a sumas millonarias", indicó.
"Una de las características esenciales del sistema republicano es la publicidad de los actos y la transparencia de la conducta pública -dijo Robles-. Es la única forma de robustecer la credibilidad en las instituciones. Pero Jiménez demostró una ignorancia supina en esta regla", concluyó el parlamentario.
El Poder Ejecutivo ratifica la tarifa social del agua que fijó por decreto
El gobernador José Alperovich no da el brazo a torcer en materia sanitaria. El titular del PE vetó el proyecto por el que la Legislatura había creado la llamada tarifa de integración del servicio público de agua y cloacas. Esta preveía una reducción de hasta el 80% -aunque no fijaba el monto específico de la factura diferencial- para los sectores de escasos recursos que no pagan el consumo.
"La tarifa es, fundamentalmente, un acto administrativo", expresa el mandatario en el decreto 151/110, por el que devolvió el proyecto de ley que la Cámara había sancionado el 12 de enero.
Alperovich y el ministro de la Producción, José Manuel Paz -también firmó la resolución- recordaron que,en un decreto anterior ya habían establecido los parámetros de la tarifa social. Esta será de $ 3 por mes y podrán beneficiarse 60.000 usuarios. Estos deberán acreditar situación de pobreza y no deberán tener en el domicilio ni teléfono (móvil o fijo) ni televisión satelital o por cable.
"Tanto nuestra jurisprudencia como nuestra doctrina administrativa se manifiestan contestes (en el mismo sentido) respecto de que la facultad de fijar o de aplicar tarifas es una consecuencia de la atribución de organizar el servicio público. Por lo que el establecimiento y la aprobación de aquellas corresponden al órgano ejecutivo de gobierno", manifestó el mandatario.
La razón del veto fue ratificar que al PE corresponde el diseño de las tarifas, incluida la social. En este último caso, la Cámara establecía un porcentaje para los carenciados, mientras que el Gobierno fijó una suma fija ($ 3) y determinó los parámetros para que la Sociedad Aguas del Tucumán adapte esta disposición al esquema de cobro.
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