Peleas entre estudiantes: la Policía podrá detener a los adolescentes

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó ayer un decreto para intentar frenar las peleas callejeras entre estudiantes de secundaria. Mediante ese escrito el mandatario habilitó a la Policía a detener a los adolescentes y a alojarlos en comisarías, también a que las escuelas y colegios puedan expulsar a los violentos -incluso advirtiendo que les quitarán subsidios si no toman medidas eficaces en el asunto-. Incluso habría consecuencias contra los padres de los implicados que no se involucren en solucionar la problemática.

Jaldo argumentó que “estos incidentes (en la vía pública) ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes participan y del resto del alumnado que pertenece a una institución determinada, como así también de los ciudadanos que se encuentran en las inmediaciones (del lugar del pleito)”.

El gobernador recordó que en 2017 ocurrieron hechos similares que concluyeron con la muerte del joven Matías Albornoz Piccinetti, de 17 años, en el microcentro de San Miguel de Tucumán. “Corresponde a la Provincia procurar los procedimientos y recursos necesarios tendientes a asegurar la paz social y la seguridad pública -dice el decreto-. Que en tal sentido, resulta necesario instruir a la Policía de Tucumán a realizar todas las medidas preventivas y acciones disuasivas necesarias a esos fines”, agregó.

El gobernador determinó que las instituciones educativas deberán implementar dentro de sus establecimientos las medidas tendientes a garantizar la vigilancia de toda conducta, acto o situación de vandalismo; y a disponer las medidas disciplinarias pertinentes.

Jaldo además instruyó al ministerio de Seguridad y a la Policía a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial.

En segundo lugar, se instruye a los establecimientos educativos -de gestión publica y de gestión privada- a los que pertenezcan los alumnos involucrados a adoptar las medidas disciplinarias de expulsión, pudiendo la Provincia, en caso de tratarse de instituciones que reciban subsidios y aportes del Estado, disponer la quita de esos fondos.

“Los alumnos no podrán ser admitidos en ningún otro establecimiento durante el presente ciclo lectivo”, se puede leer en el decreto.

En tercer ámbito, Jaldo instruyó a los padres o tutores de los alumnos a involucrarse directamente en el asunto, “pudiendo el PE adoptar sanciones disciplinarias en caso de que resultaren agentes públicos provinciales, municipales y comunales; sin perjuicio de la responsabilidad civil que les corresponda”, se agregó.

La aplicación

Una de las cuestiones más llamativas que anunció Jaldo fue que los adolescentes transgresores serán llevados a comisarías y hasta a los pabellones de Villa Urquiza si fuera necesario; sin embargo, de aplicarse esa advertencia lo más probable es que la Justicia ordenará que los menores aprehendidos permanezcan alojados en el Instituto Roca o en espacios adaptados para la reinserción social de los adolescentes. En ese sentido, la ministra de Educación, Susana Montaldo, no precisó cómo se aplicarán las sanciones penales previstas por el decreto, pero consideró: “seguramente serán llevados a un lugar específico para chicos, pero en definitiva al lugar de detención lo determinarán la Justicia y Seguridad; al área de Educación nos tocará llevar adelante las investigaciones internas con las instituciones y también el acompañamiento a estos chicos”.

La ministra aclaró que no se trata solo de un endurecimiento de las normas contra los estudiantes, sino que el trabajo con los adolescentes también será mucho más profundo desde lo psicológico y lo social. “Hay que evaluar cada caso, analizar por qué el chico se desborda y se expresa de esa manera, porque muchas veces estos chicos sufren violencia en sus casas o bullying también”, explicó.

Montaldo remarcó además que las peleas callejeras no son un tema nuevo; recordó los incidentes que causó la “Banda del Quiosquito”, por ejemplo, pero por sobre todo subrayó el antecedente más trágico: “no queremos otro caso Albornoz Piccinetti”. A pesar de no ser una problemática novedosa, sí consideró que hoy en día se sumaron nuevos factores: “las redes sociales facilitaron este tipo de cosas; desde el anonimato circulan mensajes alarmantes y que se prestan a la confusión. Textos y audios en los que vinculan falsamente a algunos chicos que luego terminan siendo agredidos sin que hayan tenido nada que ver”. Y agregó: “hay que identificar a los que promueven esto, porque necesitan acompañamiento psicológico. Por ejemplo, en un audio un chico invitaba a los demás a llevar pistolas y cuchillos a la plaza para que se mataran; ese chico claramente no está bien”.

Un llamado de atención: “Los directores deben ayudar a la Policía”

Luego de la pelea callejera protagonizada por alumnos del IPT y de la Escuela Técnica N° 1, la Policía advirtió que la vicedirectora de la escuela se negó a aportarles los nombres de los alumnos implicados alegando que la información debía darla el ministerio de Educación. La ministra Susana Montaldo respondió que la vice se equivocó al actuar así: “eso fue una exageración o una malinterpretación de su parte. Si hay un chico fuera de la institución cometiendo vandalismo o alterando el orden público hay que identificarlo y localizarlo en el acto para intervenir. Debían colaborar aportando los datos inmediatamente a la Policía. Esto es un llamado de atención para padres e instituciones”.