Por Federico Türpe
06 Abril 2024
¿Qué posibilidades hay de que dos casos de destituciones de funcionarios judiciales que denunciaron al poder político ingresen a la Corte Suprema de la Nación casi al mismo tiempo? En estos hechos, las casualidades no existen.
En mayo de 2022 un jury de enjuiciamiento destituyó a la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, mientras investigaba causas de corrupción política en esa provincia, la más resonante de ellas, conocida como el caso de los “Contratos de la Legislatura”, donde se reveló un entramado para sustraer recursos del Estado, todos los meses durante casi una década, mediante supuestos contratos de alquiler.
En ese momento, Goyeneche afirmó que se había descubierto “una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008, por 53 millones de dólares”.
En una conversación con este columnista, Goyeneche aclaró el jueves que fueron “al menos 53 millones”, que es hasta donde se pudo probar.
La denuncia involucraba a la primera línea de conducción política oficialista y también a miembros de la oposición, que abarcaba desde legisladores hasta los gobernadores Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.
Por otra causa de corrupción, en donde se desviaron fondos públicos para financiar su campaña electoral presidencial, Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
El jurado que removió a Goyeneche, con la anuencia de la Corte Suprema de esa provincia, estuvo integrado por Armando Gay, un senador provincial de estrecho vínculo con Bordet; Juan Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Nerea Schumacher, miembros el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. Estos cinco miembros votaron a favor de la destitución de la fiscal.
En contra se expresaron dos miembros: Verónica Mulone, la otra representante del Colegio de la Abogacía; y Gustavo Zavallo, un diputado provincial que respondía al fallecido ex gobernador Jorge Busti.
La causa es extensa y compleja, pero en términos sencillos, el jury destituyó a Goyeneche porque consideró que la fiscal debería haberse excusado porque su marido, Sebastián Bertozzi, era amigo del contador Pedro Opromolla, uno de los principales imputados en la causa “Contratos”.
Esos falsos contratos de locación (unos 800 por mes) se hacían a través de estudios contables y uno de estos estudios era el de Opromolla.
Más allá de que la amistad del marido de la fiscal con Opromolla nada tenía que ver con la causa -se conocían desde la universidad- Goyeneche explicó que el jurado violó un principio constitucional muy básico, ya que excusarse o no excusarse, con fundamento o sin él, no es motivo de destitución.
Democracias débiles
“A Opromolla le allanamos el estudio y lo imputamos, pero a medida que la investigación comenzó a avanzar se empezaron a tergiversar los hechos”, nos contó la ex procuradora este jueves.
“Si se empiezan a buscar vínculos, en las provincias chicas todos serían recusados”, consideró.
Goyeneche opinó que estos procesos disciplinarios para someter al Poder Judicial ocurren en democracias de baja intensidad, como la Argentina, pero que es una característica de toda Latinoamérica, y así lo demuestran los numerosos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias a favor de funcionarios judiciales castigados en Honduras, Venezuela o Perú, por ejemplo.
Le consultamos sobre cómo es la situación en el resto del mundo, y respondió que una situación similar a la de Latinoamérica se observa en los países del este de Europa, donde el poder político ejerce fuertes presiones sobre la Justicia.
Recordó uno de los casos más resonantes, cuando la jefa de la Fiscalía Anticorrupción de Rumania, Laura Codruta Kovesi, fue destituida en 2018 por el presidente de ese país.
El repudio de los países occidentales de Europa fue contundente, al punto que Kovesi fue designada en 2020 por la Unión Europea al frente de la Fiscalía Europea contra el Fraude.
Goyeneche consideró que esto ocurre en la Argentina desde hace más de 20 años, posibilitado a partir de la reforma constitucional del 94, luego de la cual se configuró una corte adicta al menemismo, más tarde descabezada por Néstor Kirchner, en su propio favor.
Según la abogada entrerriana, el retroceso comenzó a partir de que cambiaron los procesos de designación de magistrados, la conformación de los consejos de la magistratura y luego los procesos y garantías bajo mucha presión del poder político, que tiene a los poderes judiciales muy atemorizados. “Tenemos democracias poco atentas a garantizar la independencia de los poderes”, agregó.
Una Corte “más explícita”
Las dos causas de Goyeneche, la de su investigación por corrupción y la del amparo por su destitución, se encuentran ahora bajo la órbita de la Corte Suprema nacional.
La ex fiscal anticorrupción es bastante optimista respecto del curso que seguirán sus casos en la Nación, ya que considera que a partir de 2018 se produjo un giro en la Corte, cuando los supremos comenzaron a estar muy presionados para garantizar las independencias judiciales en las provincias.
Sólo ese año, recordó, hubo 20 sentencias vinculadas a juicios políticos, mientras que antes de esa fecha no había ninguna.
“La causa “Contratos” es idéntica a la causa “Chocolate”, en cuanto a falsificar contratos para sacar dinero del Estado a mansalva”, comparó.
“El contexto actual es muy diferente al de antes de 2018 y hoy la Corte está obligada a ser mucho más explícita”, consideró Goyeneche, en relación a los casos que refieren a la independencia judicial en las provincias.
“Hoy la Corte siente que tiene una jurisprudencia muy clara respecto de los jury de enjuiciamiento, y por eso considero que es bastante predecible lo que resolverá la Corte en estos casos”, vaticinó.
Respondiendo a la pregunta inicial de esta columna y confirmando los aires de renovación judicial que observa Goyeneche en la Justicia nacional, sus causas fueron aceptadas por la Corte Suprema apenas poco más de dos meses antes (29 de noviembre de 2023) que los dos casos que hoy tienen en jaque a la independencia judicial tucumana, a partir de los denominados “audios de Pedicone”, que ingresaron al Palacio de Justicia en febrero de este año (Ver “Los supremos audios de Pedicone”, LA GACETA, 30/03/2024).
Independencia que se observa ahora más cuestionada luego de que se conociera la designación en el gobierno provincial, mediante decreto, de Javier Critto, el abogado vinculado a la defensa del vocal denunciado, Daniel Leiva, que votó a favor de la destitución del juez Enrique Pedicone.
Decreto 37/2024, publicado en el Boletín Oficial el 26 de enero pasado, que está en trámite de agregarse a los expedientes de Pedicone en la Corte Suprema.
La respuesta a la pregunta inicial es afirmativa: al menos en la temporalidad judicial, las casualidades no existen.
Lo más popular
