Malestar en la Cámara por la falta de respuestas de la SAT

El martes, a las 10, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, concretará el informe acerca de los motivos que provocaron la eliminación del descuento del 20% en la tarifa sanitaria y lo remitirá a los legisladores de la comisión de Obras y Servicios Públicos.
El encuentro estaba previsto para ayer, pero fue postergado por el presidente de ese cuerpo parlamentario, José Teri, luego de hablar con el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz. Oficialmente, se justificó el cambio de fecha por un pedido de ampliación de plazo efectuado desde la SAT para reunir la documentación solicitada por la Cámara (por ejemplo, el acta de la reunión de directorio en la que se tomó esa medida). Aunque trascendió que, además, Calvo no estaría en la provincia, sino pasando unos días de vacaciones en la costa atlántica.
Del encuentro participará también el defensor del pueblo, Jorge García Mena, quien emitió pronunciamientos en contra de los cortes y restricciones en el servicio sanitario y en defensa del mantenimiento del descuento.
En tanto, la comisión citó para el miércoles al actual titular del Ente Regulador del Servicio de Agua Potable y Cloacas de Tucumán (Ersact), José Erazú, para que se pronuncie sobre el tema, ya que la eliminación de la quita debería haber sido autorizada por el órgano de contralor.
El diferimiento causó malestar en la Cámara. Algunos legisladores recordaron que hay pedidos de informes sin responder desde mayo de 2004 por parte de la SAT y que desde el 6 de setiembre, Paz debe respuestas respecto de un listado de preguntas que le fueron remitidas por la comisión. Uno de los puntos solicitados es la copia del contrato de concesión.

Plazo improrrogable
"Tuvimos una conversación con el ministro y él me pidió la prórroga. Le damos un nuevo plazo para que junten fundamentos hasta el lunes. Pero sí o sí esperamos la presencia de Calvo en la Legislatura el martes. También queremos que Paz venga a la comisión en el momento adecuado", afirmó el legislador del PJ.

Faltan papeles
Teri señaló que no le informaron sobre la documentación faltante. "Lo que implica que no tienen todos los papeles al alcance de la mano. Queremos discutir seriamente la problemática del agua, porque afecta a más de 100.000 tucumanos. Las soluciones deben llegar rápidamente, pues la gente está esperando respuestas", sostuvo.
Destacó que la modificación en la boleta, tras la supresión de la quita, tendrá un alto impacto en el bolsillo de los trabajadores. Aseveró que un aumento del costo de $ 5 es mucho. "Los salarios son muy bajos comparados con lo que cuesta la canasta familiar; una familia hace milagros para comer con ese dinero, más allá de que para algunos empresarios sea poca plata", finalizó.

Piden que se restituya la quita
El defensor del pueblo, Jorge García Mena, defendió la vigencia del descuento del 20% por el pago en término del servicio de agua y exhortó a la empresa Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) a restituir esa disposición, en su resolución 077-955 DP (VII) - 05.
El ombudsman advirtió que la quita está prevista en las normas vigentes relacionadas con el marco tarifario del servicio sanitario. Recordó que el artículo 8 de la Ley 6.890 establece una quita no inferior al 20% en la facturación y que que la Ley 7.352 establece que, hasta tanto se ponga en vigencia un nuevo régimen tarifario, se aplicará el vigente al 31 de diciembre de 2003.
El funcionario resaltó además: "es un derecho de los usuarios exigirle al concesionario que haga conocer los regímenes tarifarios y de facturación aprobados, con la debida antelación y adecuada publicidad eficiente". Asimismo, reclamó al Ente Regulador del Servicio de Agua Potable y Cloacas de Tucumán (Ersact) que actúe sobre la empresa para que restituya el descuento.
García Mena consideró que mantener la quita es una cuestión de conveniencia. "La SAT incrementó la cobrabilidad de su facturación en un 80% en 2004, conforme lo manifestado por el gobernador José Alperovich a LA GACETA, lo cual demuestra el beneficio en la reducción del importe de la factura", señaló. "Su eliminación disminuirá la posibilidad de cumplimiento en el pago de los usuarios, lo que repercutirá negativamente en la recaudación", agregó.
El defensor del pueblo actuó por los numerosos reclamos recibidos. "Es de mi competencia involucrarme, ya que resulta evidente porque se vincula con derechos fundamentales y de raigambre constitucional, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud", dijo.