El plan de retiro voluntario resultó un fracaso para el PE

No se fueron miles de estatales, como se pretendía desde el Poder Ejecutivo; ni siquiera cientos de empleados públicos. Apenas 182 agentes del Estado provincial optaron por acogerse al plan de Retiro Voluntario Programado en 2004. El número es significativo, e indicativo del fracaso de la iniciativa: el alejamiento de esa cifra de trabajadores no implica un ahorro importante en los recursos del Estado, que era lo que se buscaba fundamentalmente desde el Gobierno.
En total, durante el año pasado se iniciaron 285 expedientes. De esa cantidad, se rechazaron aproximadamente 30 y se aprobaron 182, mientras que el resto se encuentra en evaluación.
A partir de esta experiencia, desde el Poder Ejecutivo se decidió recurrir a otros métodos para disminuir la planta de personal y aliviar las arcas provinciales: se resolvió acelerar los trámites de empleados en condiciones de jubilarse. También se profundizaría el cruce de datos entre reparticiones para evitar los dobles empleos y para detectar a agentes que han cumplido la edad correspondiente para iniciar el trámite jubilatorio y que aún permanecen en la planta estatal. Así lo consignó a LA GACETA el secretario general de la Gobernación, Antonio Jalil.
A partir de la escasa efectividad de la propuesta del Gobierno, el PE no insistiría en el mantenimiento de los retiros voluntarios, cuya vigencia venció en diciembre.
Los trabajadores que accedieron a este beneficio cobran el 70% del promedio de los últimos seis meses de sueldo. Lo percibirán durante un plazo de cuatro años, tras lo cual pueden optar por reintegrarse a la administración pública en el cargo en que se encontraban u optar por continuar otros cuatro años más en la misma condición.
Desde el PE se indicó que en su mayoría, quienes se acogieron al régimen de retiro voluntario son profesionales.