“Ahora vamos por los narcos más grandes de Tucumán”

Hace exactamente un año, después de varios intentos fallidos, la Ley de Narcomenudeo entró en vigencia. A la hora de hacer un balance, se pueden encontrar diferentes posturas. En el Poder Ejecutivo consideran que la buena experiencia cosechada en este período de prueba es buena y que profundizará su implementación. Los legisladores también celebran su puesta en funcionamiento, pero piden profundizar las medidas. Por último, la opinión de los abogados está dividida. Por un lado se encuentran los profesionales que están a favor y otros que consideran que la norma fracasó.

Al analizar los números (el detalle completo se puede leer en la página 12 de nuestra edición de hoy) resaltan dos: desde el 1 de diciembre de 2022 y hasta ayer, la Policía incautó 1,1 millones de dosis de diferentes sustancias. El valor de la droga incautada asciende a los $1.300 millones, según los cálculos que maneja la fuerza.

Otro dato importante es la cantidad de personas que fueron aprehendidas por haber cometido este delito. Según el informe oficial fueron más de 1.200, de los cuales 200 recuperaron la libertad porque sólo fueron demorados. La fuerza informó que en estos 12 meses realizaron 1.577 procedimientos, de los cuales, 518 fueron allanamientos ordenados por la justicia ordinaria y la federal. A simple vista queda en evidencia que más de la tercera parte de los operativos se realizaron en flagrancia, es decir, sin intervención judicial. En promedio, fueron cuatro por día.

En lo que se refiere a número de causas, se abrieron 259 hasta el 19 de noviembre, según los informes de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, de las cuales ya fueron cerradas 232. Se dictaron 43 condenas condicionales, 63 penas efectivas, 72 causas terminaron con probations, ocho con reparaciones y hubo 46 sobreseimientos.

No son los datos “marketineros” que se difunden de manera permanente, como lo son los allanamientos y el secuestro de dosis en distintos puntos de la provincia. Por cuestiones de seguridad, la actividad que desarrollan se maneja en reserva para evitar represalias por parte de los vendedores. Es lo que consideran la tercera pata de la ley de Narcomenudeo. Desde que se puso en marcha la norma, se consolidó la Red de Instituciones Intermedias de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos.

Detrás de ese pomposo nombre aparecen 75 organizaciones que colaboran brindando asistencia social. “Son centros que pertenecen a las iglesias católicas, evangélicas y ONG que brindan una importante tarea. Además de contención social a los jóvenes de los barrios para que no caigan en los consumos. También hay algunos que tratan los problemas de adicción”, explicó el secretario de Prevención de las Adicciones Lucas Haurigot Posse.

El Estado, según explicó el funcionario, asiste económicamente a estas entidades. Reciben entre $300.000 y $500.000 de manera bimestral. “También cuenta con la importante ayuda del Ministerio Público Fiscal que las asiste económicamente y le donan elementos que son recuperados del delito”, explicó el funcionario.

El futuro

“El dictado de esta norma fue fundamental para que vayamos contra los que venden muerte. No vamos a bajar los brazos, sino que ahora profundizaremos el trabajo. Hemos adquirido la experiencia suficiente, ahora vamos por los narcos más grandes, los que proveen de droga a los ‘quioscos’”, explicó el jefe de Policía Joaquín Girveau, en una entrevista con LA GACETA.

El funcionario destacó que la sanción fue fundamental para que la fuerza pudiera actuar en contra de las personas que desarrollaron este sistema de comercialización de sustancias. “Les hemos demostrado que estamos tras los pasos de esas personas que están matando a nuestros jóvenes y a sus familias. No vamos a tolerar que sigan armando ‘cooperativas de trabajo’ en los barrios. Vamos actuar con toda la fuerza, pero dentro del marco de la ley”, finalizó Girveau.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico Jorge Dib destacó los resultados que consiguieron en este año. “Pero no nos podemos conformar, tenemos que profundizar nuestro trabajo. Ahora vamos a aunar todos los esfuerzos para desmantelar las organizaciones”, explicó en una entrevista con LA GACETA. “El gobernador (Osvaldo) Jaldo aseguró que no escatimará energías ni recursos para cumplir con esta misión”, añadió.

Dib indicó que la Dirección General de Drogas Peligrosas está en un proceso de transformación. “Seguimos organizando una nueva estructura para conseguir mejores resultados. Vamos a potencializar el Operativo Lapacho y crear unidades específicas que se encarguen de intensificar los controles en los puestos fronterizos”, explicó.

El funcionario destacó que en los próximos días se reunirá con pares de otras provincias y especialistas de fuerzas internacionales para tratar de coordinar tareas en conjunto. “No nos podemos quedar quietos. La ley de Narcomenudeo está funcionando bien, pero hay que seguir avanzando”, finalizó.