El Concejo frenó proyectos que había solicitado Amaya

El presidente del Concejo Deliberante de la capital, Ramón Santiago Cano (PJ), desestimó la posibilidad de que el cuerpo deliberativo se reúna durante el receso para tratar un paquete de medidas enviadas por el intendente Domingo Amaya.
Las versiones sobre una eventual sesión extraordinaria -a pedido del Departamento Ejecutivo- se multiplicaron en los últimos días en los pasillos del edificio de San Martín y Monteagudo. El fin de este encuentro en el recinto sería el debate sobre dos proyectos solicitados por Amaya.
Una iniciativa impulsa cambios sustanciales en la ordenanza de contabilidad -con la creación de una oficina de Auditoría General que dependa en forma directa del intendente-, mientras que la restante prevé la contratación de una empresa rionegrina, que informatizará los registros y comandará la estrategia fiscal en la Dirección de Rentas.
En su primer día después de las vacaciones, Cano echó por tierra esas versiones y puso un freno a la celeridad requerida desde el Ejecutivo municipal. "Al tratarse de proyectos de esa envergadura, lo lógico es que sean estudiados a conciencia por los concejales. No podemos apurarnos en sancionar algo que después podemos lamentar", adelantó.
El edil justicialista también aclaró que en caso de una convocatoria a sesión extraordinaria, los expedientes no serán tratados en el recinto. "Primero deben tener dictamen de las comisiones que los estudian; después de ese paso se verá la oportunidad de tratarlos en sesión. Por ahora, eso es imposible", afirmó.
Cano deslizó que los ediles reaccionaron con cierto escepticismo ante los proyectos enviados por el jefe municipal. "Creo que tras el estudio surgirán algunas modificaciones y correcciones, pero eso sucederá una vez que se reanude el trabajo en las comisiones", advirtió.
El dirigente camionero también consideró la posibilidad de que en febrero se realice una sesión extraordinaria, pero para tratar sólo temas pendientes y con dictamen de comisión. "Si bien la mayoría de los concejales está de vacaciones, los teléfonos celulares están abiertos ante cualquier urgencia", sostuvo.

Quieren cobrar $ 4 millones en multas
El municipio de la capital intenta cobrar más de $ 4,2 millones en multas a través de la vía judicial, según el informe anual remitido por el Tribunal de Faltas al Concejo Deliberante.
El escrito precisa que a lo largo de 2004, el organismo remitió a la Fiscalía Municipal 7.091 causas contra infractores, las que fueron elevadas a la Justicia ordinaria para su ejecución por vía de los juicios de apremio.
Los concejales de la comisión de Peticiones y Poderes, que analizan el informe, adelantaron que, en caso de ser necesario, convocarán a los jueces de faltas para conocer el porcentaje de cobrabilidad de la cartera de deudores que tiene la repartición.
Según el expediente, el Tribunal de Faltas recaudó durante el año que pasó $ 599.984, lo que significa un 143% más que en 2003. En ese ejercicio, ingresaron a las arcas del organismo $ 246.000.
Las multas labradas por la Dirección de Tránsito del municipio generaron los mayores ingresos al Tribunal, al recaudar $ 212.000 en concepto de multas. Otra repartición que incrementó la confección de actas fue Transporte (con las reprimendas a taxis y remises a la cabeza) al cobrar $ 162.000.
También, el escrito detalla que la Municipalidad de la capital no puede cobrar una importante cantidad de dinero a raíz de las actas que deben ser rechazadas. Los jueces cuestionan los errores que los inspectores cometen al momento de confeccionar el acta de infracción. En 2004, las distintas reparticiones enviaron al Tribunal 59.800 expedientes, de los cuales pudieron completarse sólo 38.700. "La diferencia se debe a las actas sin datos que no figuran en nuestra base", concluye el informe.