Defensa del patrimonio: una batalla de 40 años con algunos triunfos y varias derrotas
La recuperación democrática no impactó de lleno en el cuidado de los bienes patrimoniales hasta bien entrados los años 2000. Gustavo Callejas evalúa el impacto que produjo la ley, habla de la participación ciudadana y apunta: “el Estado no puede hacerse cargo de todo”.
MOVILIZACIONES. La gente se puso en marcha con la consigna “Tucumán no se vende” y fue clave para impedir la demolición de la Casa Sucar, que parecía inevitable.
¿Existe un real interés de la ciudadanía por la preservación del patrimonio tucumano? Durante los 40 años transcurridos desde la recuperación democrática la respuesta fluctuó. Hubo etapas de absoluta anomia social, traducida en la evaporación de varios activos. Pero también un despertar, en especial cuando la población se movilizó para evitar la demolición de la Casa Sucar. Y partiendo aguas, la sanción de la Ley de Patrimonio, que con sus fortalezas y debilidades le puso un freno a la depredación. Las tensiones no desaparecieron, subyacen, pero el corset legal las encausó, de acuerdo con la opinión de Gustavo Callejas. Abogado, Magister en Cultura Pública, Callejas es especialista en el tema, autor además de un valioso libro que habla de la importancia del patrimonio inmaterial. Así analiza dónde estamos parados.
- ¿De dónde surgió el espíritu de nuestra Ley de Patrimonio?
- La reforma de la Constitución en 2006 es el origen de todo. Allí se consagran derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación. Bien, la Constitución habla del patrimonio y lo garantiza; a partir de ahí surgen la creación del Ente Cultural y la Ley de Patrimonio. Esto hasta los políticos lo desconocen, cada vez que lo digo se sorprenden. Ahora bien, la consagración de esos derechos constitucionales no quiere decir que no se los pelee día a día. Llevarlos a la práctica implica una negociación, porque aquí y en todas partes del mundo el patrimonio es una negociación que afecta intereses políticos, sociales y económicos. Entonces, trabajar el patrimonio cultural es interdisciplinario, requiere una conexión con lo político, con la academia y con la realidad económica de la población. Además, el Estado nunca va a poder hacerse cargo de todo.
- ¿Cuál fue el impacto inicial de la ley?
- Otras provincias no contaban con una Ley de Patrimonio como la nuestra. Incluso en 2014, cuando hice la especialización en la Unesco, en el exterior les impresionaba este constructo legal que tenemos, en el que el Estado no toma decisiones unilaterales. No es que el Estado ciegamente decide qué va a hacer con el patrimonio, hay una comisión -cuyos dictámenes son vinculantes- integrada por las universidades y que a su vez tiene la obligación de buscar expertos para resolver distintos temas. También se confeccionó el listado de bienes protegidos... Hay quienes dicen que un listado no es la manera de proteger el patrimonio, pero la verdad es que ha sido una de las formas más eficaces de preservación, por más que no sea lo ideal porque la gente diosifica lo que dice la ley más allá de que sea justo o injusto
- Se critica que la ley no está reglamentada, ¿en qué afecta esto?
- Tené en cuenta que se pide el consentimiento del propietario para convertir algo en patrimonio, pero ¿qué pasa? Cuando el valor es innegable y el propietario no acepta las formas de compensación no queda otra que la expropiación del bien. Eso se pudo emprolijar con la ley. En cuanto a la reglamentación, en el imaginario figura que hay que reglamentar una norma del primero al último artículo y no es así. Vos podés reglamentar un artículo que necesita ser operativo y ya está, La Ley de Patrimonio no necesita estar reglamentada por completo para funcionar. Por vía de resolución se soluciona el tema.
- ¿Por ejemplo?
- En municipos que tienen sitios arqueológicos, como el de Tafí del Valle, se realizan estudios de impacto de manera obligatoria antes de aprobar una construcción. Eso se ha resuelto mediante resolución No hizo falta reglamentar todo.
- ¿La reacción popular en salvaguarda de la Casa Sucar fue un punto de inflexión?
- La Casa Sucar generó el movimiento “Tucumán no se vende”, cuya influencia resultó clave para que la propiedad fuera expropiada y convertida en el museo municipal. La Casa Sucar fue emblemática por la participación ciudadana y la concientización del valor del patrimonio. También tenés casos como el del Banco Hipotecario, donde funciona ahora la librería Cúspide. Ahí se logró un fin armonioso con los objetivos y con el espacio. Fíjate que al frente está lo que era La Cosechera, con una mirada que hoy apunta a lo arquitectónico, pero de todo el movimiento cultural que sucedió ahí no quedó registro.
- ¿A qué se deben estos vaivenes?
- Tucumán tiene muchísimo potencial para desarrollar el patrimonio histórico, es la cuna de la Independencia. Es un poder simbólico que por ahí Buenos Aires trata de borrar. En Tucumán está la cuestión del poder identitario y el orgullo de la historia local, que son importantes. Porque más allá de la acción del Estado, al patrimonio uno lo tiene que medir en el sentir de la gente, con qué cosas se siente identificada y cuándo y dónde participa. Mirá que hay una competencia tremenda, que te invade la casa. La gente está dispuesta a pagar en dólares para tener una señal de streaming -dólares que salen del país- que está imponiendo una producción cultural. Entonces ya hay algunos que festejan el Día de Acción de Gracias.
- ¿Entonces cómo deberían instrumentarse las políticas culturales en ese sentido?
- No tendremos la monumentalidad de Buenos Aires, pero Tucumán tiene su identidad, sus edificios, su patrimonio religioso, su patrimonio vinculado al turismo, el patrimonio rural. El Estado no tiene que ser el padre de todo o determinar qué es el patrimonio. En definitiva, lo que el Estado puede hacer es acompañarlo, protegerlo, fomentarlo en una sociedad que está bombardeando con otros estímulos. El patrimonio tiene que estar vivo, o sea, que haya gente que quiera hacerlo.
- Eso está ligado al patrimonio intangible; hay varias declaraciones en Tucumán.
- Claro. La receta de la empanada de Famaillá es un patrimonio, el Septiembre Musical, el sulky... Las randas hechas por las mujeres de El Cercado tienen una declaratoria específica. Pero más allá de lo que se declare o no, el patrimonio es lo que vive la gente. Por ejemplo, el sándwich de milanesa. No hay declaraciones individuales de las fiestas populares, pero es un patrimonio inmaterial.
- Esto habla de una sociedad movilizada, ¿no?
- Sí, por ejemplo la randa no solamente está reconocida porque hay mujeres que viven de eso y que lo practican, sino porque hay otras mujeres en la provincia que quieren aprender esa técnica que está viva. El patrimonio tiene que ser contemporáneo, pasando de generación en generación, hasta estar presente en la actualidad. Si no está vivo es un recuerdo, no es patrimonio.
- ¿De qué otro modo se refleja la participación democrática?
- Hay una cuestión de cambio de paradigma de la gestión, de cómo se generan las leyes. Antes casi todas surgían de la idea de un legislador o de su grupo de trabajo. Hoy, si pensás en la génesis de las leyes de fomento a los medios audiovisuales o la de los centros culturales, vienen de la militancia de la gente. O sea, son los interesados los que plantean la necesidad, la trabajan, la acercan al legislador. Ahí hay un avance democrático porque es la población la que acerca la inquietud y ayuda a moldear la ley. Tiene que ver con procesos de participación ciudadana. Es una lógica que me parece importante y democrática.
- ¿Cuál es entonces la mirada sobre este momento histórico?
- Si nos vamos a la lógica de la inauguración no vamos a tener cultura. La cultura es algo permanente, algo que se da. No pensar al Estado sólo como generador y productor, sino como facilitador. Cuando está sucediendo algo, debemos buscar la forma de que eso sea sustentable para la sociedad. A esa mirada no solamente la necesitás para el patrimonio, sino para todo hecho cultural.
