El dato refleja parte de la actuación del gobernador José Alperovich, en el ejercicio del rol de colegislador que le reconoce la Constitución. En esa misma faceta, también deben considerarse los 26 decretos de necesidad y urgencia que entraron en vigencia porque no fueron rechazados por la Cámara y los 27 vetos con los que el titular del PE dejó sin efecto la misma cantidad de normas aprobadas por los legisladores.
Según una estadística oficial a la que accedió LA GACETA, entre octubre de 2003 y diciembre de 2004, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura 75 proyectos de ley. De ellos fueron sancionados 46 y el resto (29) no llegó al recinto hasta el momento.
La mayoría de las iniciativas aprobadas se refiere a asuntos financieros (Presupuesto, reajustes de partidas para distintas reparticiones y poderes y emisiones de títulos públicos) y a expropiaciones de terrenos para la realización de distintas obras públicas.
Entre los proyectos del Gobierno que no tuvieron trámite parlamentario, se destaca el pliego de Ramón Vidal para cubrir la vacante que dejó el fallecimiento de Darío Domingo de Prada en el Tribunal de Cuentas. La iniciativa aún espera su tratamiento por la comisión de Peticiones y Acuerdos, pese a que el organismo de control reconoció la necesidad de que el tema sea resuelto con celeridad.
En el tratamiento de los proyectos de ley impulsados por el PE que generaron más polémica se destacan tres fases características. Una primera etapa de resistencia y rechazo por parte de los legisladores luego de conocido el proyecto; una segunda instancia donde se abren las negociaciones entre las partes en conflicto y, finalmente, la aprobación en el recinto con el aval de la mayoría.
El fenómeno tuvo sus manifestaciones más notables en el tratamiento del Fondo Fiduciario Anticrisis, aprobado en agosto del año pasado, pese a la resistencia inicial del bloque justicialista. También en la resolución del decreto de necesidad y urgencia por el que se habilitó un aporte financiero especial para realizar obras en todas las municipalidades.
Esta resolución fue rechazada por la Cámara el 12 de noviembre, pero dos semanas después los mismos legisladores aprobaron una ley con características similares.
Un caso particular en esta tortuosa relación, se produjo durante el tratamiento del proyecto de nuevo Código Tributario. La iniciativa del Gobierno fue resistida por distintos sectores empresariales y políticos, pero logró ser consensuada por los legisladores oficialistas con los distintos sectores de la provincia.
Luego de un proceso traumático, la mayoría justicialista consiguió aprobar la norma impositiva en agosto del año pasado, pero el gobernador decidió vetarla pese a que el propio Poder Ejecutivo había consensuado los cambios a su propuesta. Desde entonces, la Cámara no volvió a discutir temas impositivos.
Los decretos de necesidad en la mira
El régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobernador sigue siendo un tema tabú en la Legislatura. El bussista Carlos Canevaro y el peronista disidente Alejandro Sangenis reclamaron en varias oportunidades la vuelta al régimen modificado el último mes de la gestión de Julio Miranda.
Hasta entonces los DNU debían ser ratificados expresamente por la Cámara en un plazo de 20 días. Si eso no ocurría la norma quedaba sin efecto. Hoy el sistema funciona exactamente al revés y el silencio del Poder Legislativo se entiende como un aval a la decisión del gobernador.
Desde el oficialismo también se critica ese régimen cada vez que llega un decreto que molesta a sus intereses directos. El último caso se presentó con la prórroga de los vales alimentarios con los que el Estado paga el 20% de los salarios a los empleados públicos. La resolución fue notificada a la Cámara el último día de 2004 y entraría en vigencia, pese al rechazo de los gremios, el 28 de enero.
