Las negociaciones entre legisladores y gremios estatales por el futuro de los vales alimentarios comenzarán a definirse esta semana se prevé una multiplicación de reuniones dentro del bloque del PJ que culminarían en una cumbre de bancada, a realizarse entre jueves y viernes.
Los plazos se aceleran por dos motivos concurrentes. Por un lado, el próximo 28 vence el plazo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se prorroga hasta diciembre próximo la vigencia de los tickets.
La otra razón es que esta tarde regresa de sus vacaciones en Mar del Plata el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Fernando Juri Debo, uno de los interlocutores con mayor peso propio. Su retorno implicará también la vuelta al trabajo de ese cuerpo parlamentario, donde deben analizarse las cifras de la Provincia y el impacto del DNU en las finanzas.
El silencio de los legisladores implicará la ratificación tácita de la norma, y eso es lo que quieren impedir dirigentes y legisladores de extracción sindical, como el vial José Teri (CGT disidente).
El pedido insistente es que la Legislatura se reúna y trate formalmente el DNU. La estrategia consiste en realizar una fuerte presión -que incluiría movilizaciones de los sindicatos de trabajadores- mientras se realice esa potencial sesión, para que el bloque oficialista sienta el costo político que debería pagar si aprueba la continuidad de los vales.
Teri tiene abierta una línea de diálogo con sus compañeros de bancada, a la que sumó a dirigentes de la CTA como Martín Rodríguez y Marcelo Sánchez, ambos referentes de ATE. Además, los legisladores justicialistas mantuvieron contactos con representantes de la CGT oficialista, que lidera Jesús Pellasio. Algunas de las conversaciones incluyeron consultas con el vicegobernador, Fernando Juri -a cargo del Poder Ejecutivo-, mientras duren las vacaciones en Cuba de su titular natural, José Alperovich.
El rechazo al DNU ya consiguió el respaldo de todos los legisladores de la oposición, quienes consideran que el Estado tiene recursos suficientes como para atender las obligaciones salariales sin recurrir a los tickets. Hoy se abona con ellos el 20% de los salarios de los estatales.
Menos plazo
La propuesta que acercaron informalmente algunos gremios es mantener los vales alimentarios sólo por seis meses, en vez del año fijado en el DNU. De esta forma, en julio próximo dejarían de tener vigencia los controvertidos papeles y los estatales volverían a cobrar el 100% de sus sueldos en efectivo.
Desde el área de Economía, en tanto, se insiste en la iniciativa original y se rechaza cualquier acortamiento en los plazos. Calcularon que los tickets permitirán un ahorro de $ 30 millones (correspondientes a aportes y contribuciones patronales que no se liquidan) y que el erario no puede afrontar, al mismo tiempo, su eliminación y los últimos aumentos salariales. Recordaron también que cuando Alperovich negoció con los gremios la adhesión al incremento de $ 100 otorgados por la Nación se acordó la continuidad de los vales por todo 2005.
Este criterio sería el defendido por la mayoría de los legisladores oficialistas. A cambio, le reclamarían al Gobierno que, a fin de año, se elimine efectivamente esta forma de pago de sueldos.
Los plazos se aceleran por dos motivos concurrentes. Por un lado, el próximo 28 vence el plazo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se prorroga hasta diciembre próximo la vigencia de los tickets.
La otra razón es que esta tarde regresa de sus vacaciones en Mar del Plata el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Fernando Juri Debo, uno de los interlocutores con mayor peso propio. Su retorno implicará también la vuelta al trabajo de ese cuerpo parlamentario, donde deben analizarse las cifras de la Provincia y el impacto del DNU en las finanzas.
El silencio de los legisladores implicará la ratificación tácita de la norma, y eso es lo que quieren impedir dirigentes y legisladores de extracción sindical, como el vial José Teri (CGT disidente).
El pedido insistente es que la Legislatura se reúna y trate formalmente el DNU. La estrategia consiste en realizar una fuerte presión -que incluiría movilizaciones de los sindicatos de trabajadores- mientras se realice esa potencial sesión, para que el bloque oficialista sienta el costo político que debería pagar si aprueba la continuidad de los vales.
Teri tiene abierta una línea de diálogo con sus compañeros de bancada, a la que sumó a dirigentes de la CTA como Martín Rodríguez y Marcelo Sánchez, ambos referentes de ATE. Además, los legisladores justicialistas mantuvieron contactos con representantes de la CGT oficialista, que lidera Jesús Pellasio. Algunas de las conversaciones incluyeron consultas con el vicegobernador, Fernando Juri -a cargo del Poder Ejecutivo-, mientras duren las vacaciones en Cuba de su titular natural, José Alperovich.
El rechazo al DNU ya consiguió el respaldo de todos los legisladores de la oposición, quienes consideran que el Estado tiene recursos suficientes como para atender las obligaciones salariales sin recurrir a los tickets. Hoy se abona con ellos el 20% de los salarios de los estatales.
Menos plazo
La propuesta que acercaron informalmente algunos gremios es mantener los vales alimentarios sólo por seis meses, en vez del año fijado en el DNU. De esta forma, en julio próximo dejarían de tener vigencia los controvertidos papeles y los estatales volverían a cobrar el 100% de sus sueldos en efectivo.
Desde el área de Economía, en tanto, se insiste en la iniciativa original y se rechaza cualquier acortamiento en los plazos. Calcularon que los tickets permitirán un ahorro de $ 30 millones (correspondientes a aportes y contribuciones patronales que no se liquidan) y que el erario no puede afrontar, al mismo tiempo, su eliminación y los últimos aumentos salariales. Recordaron también que cuando Alperovich negoció con los gremios la adhesión al incremento de $ 100 otorgados por la Nación se acordó la continuidad de los vales por todo 2005.
Este criterio sería el defendido por la mayoría de los legisladores oficialistas. A cambio, le reclamarían al Gobierno que, a fin de año, se elimine efectivamente esta forma de pago de sueldos.







