Por Redacción Política
16 Enero 2005
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El largo conflicto en la Mutualidad Provincial logró destrabarse en los primeros minutos de ayer, cuando los trabajadores suspendidos y despedidos firmaron, ante los legisladores que mediaron en la crisis, el acta acuerdo que les permitirá reincorporarse en sus funciones. Poco antes lo había hecho el presidente de la entidad, Víctor Deiana.
Los dos actos que tuvieron lugar en el despacho del titular del bloque del PJ, Rodolfo Ocaranza, muestran una de las aristas más delicadas de la situación interna. Deiana y los empleados no compartieron escenario ni siquiera en el momento de solución de uno de los problemas más sensibles que atraviesa la institución. Cada uno rubricó el compromiso por separado.
Mañana, a las 11, los legisladores y los trabajadores serán recibidos por el vicegobernador Fernando Juri (a cargo del Poder Ejecutivo). La reunión se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, adonde fueron citados los 24 despedidos y los 74 suspendidos que quieran volver a sus puestos de labor. Luego, el convenio deberá ser homologado en la Secretaría de Trabajo, y la Mutualidad deberá notificar formalmente a cada uno. Se calcula que hasta el miércoles, a más tardar, todos habrán retornado a la entidad y podrán cobrar los salarios caídos durante el período en que estaban sancionados. Para ello, la Caja Popular de Ahorros otorgará un crédito a la institución de $ 200.000.
El acuerdo se conocerá oficialmente en el acto que encabezará Juri, pero se supo que está compuesto por cláusulas de distinto tenor. En las referidas a los trabajadores, se garantiza la estabilidad laboral por todo 2005, sin que se produzcan nuevos ingresos en este período.
Aporte voluntario
En forma voluntaria, los empleados que quieran podrán acogerse a un aporte solidario de sus sueldos, que implicarán un descuento del 10% en quienes cobren hasta $ 1.000; del 15%, hasta $ 1.500; y del 20%, en haberes de más de ese monto. El ahorro sería de $ 100.000 por mes. Admiten también el pago del 20% de los salarios que perciben en vales alimentarios, como se viene aplicando de hecho desde noviembre pasado.
Por parte de la conducción de la mutual, el compromiso es mantener el reconocimiento por presentismo, la escala salarial, la antigüedad, el decreto nacional de los $ 100 no remunerativos y el convenio colectivo 107/75, que rige la relación de los afiliados de ATSA en la Mutualidad (Deiana pretendía aplicar las pautas laborales de los empleados de comercio). En forma paralela, se mantendrá vigente el plan de retiro voluntario en la entidad, que no tendrá carácter compulsivo.
La comisión parlamentaria dejará de existir como mediadora, pero seguirá funcionando buscando los acuerdos que le permitan a la institución alcanzar su equilibrio financiero y económico que asegure su futuro. Entre los puntos pendientes figuran la cancelación de la deuda que mantienen municipios y comunas rurales con la mutual (supera los $ 5 millones); una moratoria especial de la AFIP-DGI para que la institución le pague más de $ 14 millones; y un convenio con el Subsidio de Salud para atender ciertas prestaciones.
LA POSICION DE LOS EMPLEADOS
Propuestas para mejorar la entidad
El 31 de diciembre pasado, Sergio Graneros fue despedido y Ernesto Morales fue suspendido en sus empleos en la Mutualidad Provincial. A partir del acuerdo que suscribieron en la Legislatura, podrán volver a sus trabajos.
"Queremos llevar tranquilidad a los compañeros sancionados y citarlos para que firmen el acta. Quien no quiera hacerlo, podrá seguir con sus planteos administrativos o judiciales, pero hemos dado un paso crucial para abrir el diálogo directo con las autoridades de la entidad. Si hubiese habido buena voluntad, no podría haber pasado nunca lo que ocurrió", sostuvieron.
Los trabajadores afirmaron que tienen ideas para mejorar la Mutualidad, en base a distintos aportes. Propusieron que se destine un predio de la institución para la construcción de un complejo deportivo; que se monten consultorios médicos en el interior, con oficinas prestadas por municipios o gremios; y que se lance una campaña de afiliación.
LA VISION DE LOS LEGISLADORES
Una situación que no está superada
Los legisladores de la comisión de mediación en la crisis de la Mutualidad reconocieron que la situación financiera de la entidad no está superada. Rodolfo Ocaranza destacó que el haber superado el problema laboral no soluciona todo, porque la realidad sigue siendo crítica.
"Todos los factores involucrados, incluyendo a los afiliados y al Gobierno, deben colaborar para sostener la entidad. Si no hay ayuda, será muy difícil que la Mutualidad vuelva a ser la institución social que fue, y seguirá corriendo serio riesgo de colapsar", advirtió el presidente de la bancada oficialista.
"La negociación fue muy dura y compleja, porque cada parte involucrada en el conflicto tiene una visión distinta, y costó homogeneizar las propuestas. Agradezco la confianza y la paciencia de los empleados hacia nosotros; la buena voluntad de diálogo de las autoridades; y el apoyo incondicional del vicegobernador Fernando Juri", sostuvo.
LOS OBJETIVOS DEL PRESIDENTE
Mejorar la presencia en el interior
El presidente de la Mutualidad Provincial, Víctor Daniel Deiana, se mostró conforme con la firma de este acuerdo. "Las suspensiones y los despidos eran el efecto del endeudamiento y del déficit operativo mensual. Con este convenio, se solucionan esos problemas", explicó.
De todas maneras, reconoció que la institución cuenta con una excesiva planta de personal, cuya capacidad ociosa oscila entre un 20% y un 25%, según informó. Adelantó que con la puesta en marcha de las nuevas medidas y sin déficit, impulsará la recuperación de servicios hacia los afiliados.
"En estos lugares es en donde esta gente trabajará. Vamos a mejorar servicios como óptica, emergencia médica, sepelios y préstamos personales. Además, queremos habilitar sucursales en lugares donde hoy la Mutualidad no tiene presencia, como Trancas, Monteros, Tafí del Valle y Alderetes. Allí redistribuiremos el personal", finalizó.
Los dos actos que tuvieron lugar en el despacho del titular del bloque del PJ, Rodolfo Ocaranza, muestran una de las aristas más delicadas de la situación interna. Deiana y los empleados no compartieron escenario ni siquiera en el momento de solución de uno de los problemas más sensibles que atraviesa la institución. Cada uno rubricó el compromiso por separado.
Mañana, a las 11, los legisladores y los trabajadores serán recibidos por el vicegobernador Fernando Juri (a cargo del Poder Ejecutivo). La reunión se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, adonde fueron citados los 24 despedidos y los 74 suspendidos que quieran volver a sus puestos de labor. Luego, el convenio deberá ser homologado en la Secretaría de Trabajo, y la Mutualidad deberá notificar formalmente a cada uno. Se calcula que hasta el miércoles, a más tardar, todos habrán retornado a la entidad y podrán cobrar los salarios caídos durante el período en que estaban sancionados. Para ello, la Caja Popular de Ahorros otorgará un crédito a la institución de $ 200.000.
El acuerdo se conocerá oficialmente en el acto que encabezará Juri, pero se supo que está compuesto por cláusulas de distinto tenor. En las referidas a los trabajadores, se garantiza la estabilidad laboral por todo 2005, sin que se produzcan nuevos ingresos en este período.
Aporte voluntario
En forma voluntaria, los empleados que quieran podrán acogerse a un aporte solidario de sus sueldos, que implicarán un descuento del 10% en quienes cobren hasta $ 1.000; del 15%, hasta $ 1.500; y del 20%, en haberes de más de ese monto. El ahorro sería de $ 100.000 por mes. Admiten también el pago del 20% de los salarios que perciben en vales alimentarios, como se viene aplicando de hecho desde noviembre pasado.
Por parte de la conducción de la mutual, el compromiso es mantener el reconocimiento por presentismo, la escala salarial, la antigüedad, el decreto nacional de los $ 100 no remunerativos y el convenio colectivo 107/75, que rige la relación de los afiliados de ATSA en la Mutualidad (Deiana pretendía aplicar las pautas laborales de los empleados de comercio). En forma paralela, se mantendrá vigente el plan de retiro voluntario en la entidad, que no tendrá carácter compulsivo.
La comisión parlamentaria dejará de existir como mediadora, pero seguirá funcionando buscando los acuerdos que le permitan a la institución alcanzar su equilibrio financiero y económico que asegure su futuro. Entre los puntos pendientes figuran la cancelación de la deuda que mantienen municipios y comunas rurales con la mutual (supera los $ 5 millones); una moratoria especial de la AFIP-DGI para que la institución le pague más de $ 14 millones; y un convenio con el Subsidio de Salud para atender ciertas prestaciones.
Propuestas para mejorar la entidad
El 31 de diciembre pasado, Sergio Graneros fue despedido y Ernesto Morales fue suspendido en sus empleos en la Mutualidad Provincial. A partir del acuerdo que suscribieron en la Legislatura, podrán volver a sus trabajos.
"Queremos llevar tranquilidad a los compañeros sancionados y citarlos para que firmen el acta. Quien no quiera hacerlo, podrá seguir con sus planteos administrativos o judiciales, pero hemos dado un paso crucial para abrir el diálogo directo con las autoridades de la entidad. Si hubiese habido buena voluntad, no podría haber pasado nunca lo que ocurrió", sostuvieron.
Los trabajadores afirmaron que tienen ideas para mejorar la Mutualidad, en base a distintos aportes. Propusieron que se destine un predio de la institución para la construcción de un complejo deportivo; que se monten consultorios médicos en el interior, con oficinas prestadas por municipios o gremios; y que se lance una campaña de afiliación.
LA VISION DE LOS LEGISLADORES
Una situación que no está superada
Los legisladores de la comisión de mediación en la crisis de la Mutualidad reconocieron que la situación financiera de la entidad no está superada. Rodolfo Ocaranza destacó que el haber superado el problema laboral no soluciona todo, porque la realidad sigue siendo crítica.
"Todos los factores involucrados, incluyendo a los afiliados y al Gobierno, deben colaborar para sostener la entidad. Si no hay ayuda, será muy difícil que la Mutualidad vuelva a ser la institución social que fue, y seguirá corriendo serio riesgo de colapsar", advirtió el presidente de la bancada oficialista.
"La negociación fue muy dura y compleja, porque cada parte involucrada en el conflicto tiene una visión distinta, y costó homogeneizar las propuestas. Agradezco la confianza y la paciencia de los empleados hacia nosotros; la buena voluntad de diálogo de las autoridades; y el apoyo incondicional del vicegobernador Fernando Juri", sostuvo.
LOS OBJETIVOS DEL PRESIDENTE
Mejorar la presencia en el interior
El presidente de la Mutualidad Provincial, Víctor Daniel Deiana, se mostró conforme con la firma de este acuerdo. "Las suspensiones y los despidos eran el efecto del endeudamiento y del déficit operativo mensual. Con este convenio, se solucionan esos problemas", explicó.
De todas maneras, reconoció que la institución cuenta con una excesiva planta de personal, cuya capacidad ociosa oscila entre un 20% y un 25%, según informó. Adelantó que con la puesta en marcha de las nuevas medidas y sin déficit, impulsará la recuperación de servicios hacia los afiliados.
"En estos lugares es en donde esta gente trabajará. Vamos a mejorar servicios como óptica, emergencia médica, sepelios y préstamos personales. Además, queremos habilitar sucursales en lugares donde hoy la Mutualidad no tiene presencia, como Trancas, Monteros, Tafí del Valle y Alderetes. Allí redistribuiremos el personal", finalizó.
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