El mapa electoral

Desde la reforma de la Constitución de 1990 se viene cuestionando la disposición que ha creado las tres secciones electorales, con indicación de los Departamentos que integran cada una de ellas y que comprenden la capital, el Este y el Oeste de la provincia, con una representación proporcional a los habitantes de cada una. Le correspondía a la capital 18 legisladores, y a las secciones Este y Oeste, 11 a cada una. Eso debió haberse reformado después del censo nacional, que modificó la población radicada en el Oeste, por lo que debió haberse aumentado su representación legislativa en desmedro del Este, que vio disminuida su población. Pero los intentos y proyectos presentados no prosperaron más por especulación partidaria que por razones valederas, que no valen ante las matemáticas.
La norma que creó las tres secciones se fundamentaba en la costumbre política de diagramar el mapa electoral circunstancial para cada elección para favorecer al partido gobernante, aumentando o disminuyendo el tamaño geográfico de una sección electoral, poniendo o sacando poblaciones con el propósito de posibilitar una mayor representación legislativa en desmedro de la minoría. Así fue como la capital fue ampliada con Tafí Viejo, Villa Mariano Moreno, Las Talitas y/o Banda del Río Salí, donde el oficialismo contaba con más posibilidades electorales, ya que en la capital siempre predominó la oposición, a la que se debía neutralizar o anular políticamente. En la elección de 1983 hubo dos secciones electorales; en 1985, cinco; y en 1989, once.
Ello así, se pensó (y bien) que con una norma constitucional inmodificable, pétrea e inamovible, se impediría el armado del mapa electoral. Habría de significar un aporte positivo para la representación democrática y proporcional, que se adecuara a la realidad política y alejara la especulación y la corruptela aportada por un oficialismo mañoso. La representación legislativa iba a mostrar el real mosaico político, sin falsear una realidad que, la mayoría de las veces, no favorecía al gobernante.
En la sesión del 17 de abril de 1990, quedaron explicitadas las posiciones de los tres partidos presentes en la Convención, de modo que el 66% del electorado tucumano coincidió en las tres secciones, con lo que se llegó a satisfacer la necesidad de la representación de los pueblos del interior. Fueron acordadas por los tres bloques, por encima de discrepancias que iban desde una a cinco secciones sostenidas por FR; el distrito único, del representante de la UCD; y el de las tres secciones de la UCR.
Para no caer en errores conceptuales o achacar posiciones equívocas, sería conveniente que se relean los Diarios de Sesiones de la Convención Constituyente de 1990, que ilustran de modo inequívoco el pensamiento preciso y conceptual que se volcó en los debates, en particular en la sesión en la que se concluyó con la sanción del texto definitivo de la Constitución.
Para no caer en futuras prácticas que desvirtúen la voluntad del electorado, que en una democracia real (y no meramente formal) debe ser sagrada y respetada, ya sea con una, tres o las secciones electorales que fueren, se debe precisar que un Departamento no puede dividirse o subdividirse para ser anexado a otro u otros, sino que deben respetarse su integridad y sus límites tradicionales. De otro modo, volveríamos a caer en alquimias políticas y en dibujos de mapas tramposos y mentirosos, que burlan la voluntad popular de la ciudadanía provincial.
Por ahora, el artículo 38 inc. 9º no podrá ser objeto de cambio, conforme a la ley 7.469, por estar excluida expresamente su reforma. Sería conveniente que por ley se adecue la cantidad de bancas para cada sección acorde con el último censo poblacional, sin especulación política.