Consenso amplio

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Por Redacción Política 15 Enero 2005
La reforma de la Constitución es una oportunidad para profundizar la democracia en la Provincia. Por lo tanto, no puede quedar vinculada simplemente a un debate sobre la reelección o no al cargo del gobernador.
Por tratarse de una reforma de la norma fundamental, que contiene las reglas del juego democrático y de los derechos individuales y grupales de nuestra sociedad, el resultado final debe reflejar un consenso amplio. De otro modo caeríamos en el error de las reformas unilaterales y autistas, como la de 1990, que encerró la soberbia y el desprecio por las opiniones políticas diferentes.
En el caso de Tucumán, la reforma importa la posibilidad de crear las nuevas bases de un edificio que permite la renovación del pacto social y un nuevo esquema de poder. Se debe afirmar la participación popular creando a tal fin los medios, tanto institucionales como políticos, para cumplir con ello.
La incorporación al texto normativo de la provincia, de figuras como el plebiscito o como la revocatoria popular de mandatos, es una alternativa que no puede ser desechada. Tampoco la creación de un Consejo Económico Social o la categorización de las organizaciones no gubernamentales.
En el plano político, la renovación de los partidos, la eliminación de las listas sábana, las internas abiertas, la reformulación del gasto y la creación de escuelas de capacitación de dirigentes son pasos importantes hacia el objetivo propuesto.
En el plano municipal, se debe trabajar por un nuevo ordenamiento territorial, por la autonomía de las administraciones locales y por garantizar una intensa participación ciudadana a través de las juntas vecinales. Estas podrían controlar directamente la ejecución presupuestaria y la marcha de la gestión pública.
Deben también incorporarse nuevos derechos que compatibilicen la Carta Magna local con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Estos gozan de jerarquía constitucional desde 1994 en el ámbito nacional. También el acceso a la Justicia y a la educación como bienes sustanciales a tutelar.
La Constitución, como señaló el profesor cordobés Antonio María Hernández, no puede ser sino el resultado de un gran acuerdo. No puede alcanzarse este sin un gran debate y sin la participación popular en la concreción de las definiciones más importantes. La idea de debatir una Carta Magna es, entonces, una formidable oportunidad para que las fuerzas políticas y sociales recuperen su protagonismo. El momento político de la provincia exige de sus representantes una muestra de coherencia con sus principios y con su ideología.

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