Organizaciones de usuarios y consumidores denunciaron que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) no está facultada para suprimir el descuento del 20% en la boleta del servicio por pago antes del primer vencimiento, y calificaron la medida adoptada de ilegal, arbitraria y abusiva. También cuestionaron la sanción de la tarifa de inclusión, que fue aprobada por la Legislatura, en la sesión del miércoles.
"La SAT no tiene atribuciones como órgano de aplicación para imponer las tarifas por disposición interna. No cumplió con los procedimientos establecidos para ser autorizada por el órgano correspondiente y así poder eliminar la quita en la facturación por el pago en término, pero igual lo dispuso", dijeron Carlos Petersen y Edmundo Romano.
Los dirigentes aseguraron que eso va en contra de lo normado en la Ley 7.352, que ordena aplicar el régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando se fue Obras Sanitarias de Tucumán. "La solución al problema es simple. El gobernador en ejercicio (Fernando Juri) debe instruir u ordenar a la empresa la anulación de la medida, restituyendo el descuento y prorrogando el vencimiento que opera el lunes por 20 días", propusieron.
Superpuestos
Romano y Petersen recordaron que el Poder Ejecutivo tiene el poder concedente de los servicios sanitarios que presta la SAT, y lo ejerce a través del ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz; del fiscal de Estado, Antonio Estofán; y del Ente Regulador del Servicio de Agua Potable y Cloacas de Tucumán (Ersact). Pero señalaron que la ley de creación de la empresa "es un mamarracho porque permite la superposición de funciones entre las reparticiones del Estado".
"La SAT no tiene atribuciones como órgano de aplicación para imponer las tarifas por disposición interna. No cumplió con los procedimientos establecidos para ser autorizada por el órgano correspondiente y así poder eliminar la quita en la facturación por el pago en término, pero igual lo dispuso", dijeron Carlos Petersen y Edmundo Romano.
Los dirigentes aseguraron que eso va en contra de lo normado en la Ley 7.352, que ordena aplicar el régimen vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando se fue Obras Sanitarias de Tucumán. "La solución al problema es simple. El gobernador en ejercicio (Fernando Juri) debe instruir u ordenar a la empresa la anulación de la medida, restituyendo el descuento y prorrogando el vencimiento que opera el lunes por 20 días", propusieron.
Superpuestos
Romano y Petersen recordaron que el Poder Ejecutivo tiene el poder concedente de los servicios sanitarios que presta la SAT, y lo ejerce a través del ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz; del fiscal de Estado, Antonio Estofán; y del Ente Regulador del Servicio de Agua Potable y Cloacas de Tucumán (Ersact). Pero señalaron que la ley de creación de la empresa "es un mamarracho porque permite la superposición de funciones entre las reparticiones del Estado".







