El jueves, unos mil estudiantes pasaban en la plaza Independencia una mañana de ocio en la que se mezclaban la diversión y la preocupación por las amenazas de bomba en sus colegios: Gymnasium, Sarmiento, Normal y Huerto. “Tendrían que haberlo hecho mañana en lugar de hoy”, bromeó una estudiante, Rocío, y otro, “Juanchi”, le respondió: “no, porque mañana rendíamos dos; así nos iban a hacer rendir como cuatro juntas la semana que viene”. Las risas se mezclaban con las lágrimas en la tragicomedia de las falsas alertas de bomba en colegios, que tuvieron a los saltos esta semana a la comunidad educativa, a los bomberos, a Defensa Civil y a todos los que tuvieron actividades en el centro de la ciudad, convertido en un gigantesco embotellamiento. “Queremos que la comunidad esté tranquila porque el sistema está tomando y activando los protocolos en forma objetiva”, dijo José Farhat, secretario de Estado de Participación Ciudadana, aportando a la incomodidad con que padres y docentes están recibiendo esta escalada de falsas alarmas hasta ahora impunes.
El Colegio del Huerto tomó el toro por las astas el jueves, luego de tres días seguidos de sustos y enojos, y determinó que el viernes se dictaran clases virtuales para todos y también se tomaran exámenes del mismo modo. Santo remedio. Si fueron bromas de estudiantes, los bromistas tuvieron que rendir o asistir a clases.
Lo que no se comprende
La medida del Huerto fue triste y efectiva. Superó el problema con una medida de emergencia incorporada a la nueva normalidad a que obligó la pandemia, pero al mismo tiempo desnudó la resignación y la impotencia del mundo “organizado” –autoridades de Educación, de Seguridad y de la Justicia- frente a hechos que la lógica social estima sencillos de resolver con rapidez. ¿Se puede detectar el IP de la computadora que envió un correo electrónico o el teléfono desde el que se envió un mensaje? Desde hace 20 años se dice que sí, que las incursiones que hace cualquiera en internet quedan grabadas a fuego y que así van a atrapar a cualquiera que se atreva a meterse en cosas incorrectas.
El jefe de Informática de la Policía, Adrián Puentes, dijo que serían varios los intimidadores y que todo estaba en manos de la Fiscalías de Delitos Complejos y de Decisión Temprana. También el subsecretario de Seguridad, Rolando Gómez, dijo que estaban identificados los teléfonos y que hacía falta una orden judicial para que las empresas telefónicas y Google den información al respecto. Luego fuentes judiciales, vinculadas con la fiscala provincial Mariana Rivadeneira y con el fiscal Federal Agustín Chit –que interviene porque hubo amenazas en el Gymnasium, la Sarmiento y la Escuela de Educación Física, colegios de la Universidad Nacional de Tucumán, que hizo la denuncia el viernes-, dijeron que “normalmente tardan entre una y dos semanas, no antes. Muchas veces los responsables de esas firmas fueron trasladados por la fuerza pública para que contestaran lo que queríamos decir”.
¿Dos semanas? Entonces ya deberían estar identificados los intimidadores del Colegio San Francisco, que el 1 de agosto sufrió esta situación. “Era muy obvio que eran alumnos, pero esta vez tristemente eran nuestros propios alumnos los que hacían la broma”, dijo Sandra Sagripanti, directora general del establecimiento. “Esto está tipificado como un delito, entonces ayer (el martes 1 de agosto) se hizo la denuncia en la división Delitos Telemáticos de la policía y estamos esperando los informes una vez que identifiquen el IP del teléfono”. “Una vez que estén los resultados, se reunirá la comisión escolar de convivencia que determinará la sanción a los alumnos. Puede ser la separación de la institución o puede ser trabajo comunitario, de acuerdo a lo que se determine”.
Complejidades
No se supo más noticias del colegio San Francisco. ¿Ya respondió la telefónica o la Justicia tendrá que hacer venir a los responsables de las empresas de comunicación? Las fuentes –ya en este caso los funcionarios no dan la cara para explicar lo que se está haciendo porque los procedimientos judiciales están tan contaminados por la burocracia que no hay respuestas inmediatas mientras las falsas amenazas se suceden- dicen que en el caso de los correos electrónicos pueden darse situaciones más complejas. “No siempre da resultados, puesto que algunas personas ‘roban’ el wi-fi de un vecino o pueden utilizar una señal pública”.
El caso de Buenos Aires
Como sea, la advertencia sobre lo que pasará al que vaya a ser descubierto es la acusación por el delito de intimidación pública, artículo 211 del Código Penal, que establece prisión de dos a seis años. Si el autor es menor de edad, sus padres deberán asumir su responsabilidad en el castigo. A comienzos de agosto circuló la información del caso ocurrido en mayo en Buenos Aires, donde la Justicia de Menores detuvo a un chico de 16 años que había enviado el mismo correo electrónico a 11 colegios. Le allanaron la casa y –se dice- le encontraron armas. Pero se determinó que tiene Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD). La justicia ordenó que fueses liberado, que quede alojado en un domicilio que no sea el de sus padres y que se garantice que no tenga acceso a internet. Algo se hizo: se paró la ola de amenazas en la zona de San Isidro.
Más allá del movimiento judicial y policial, caben algunas preguntas. ¿Qué representaciones tiene los adolescentes sobre la escuela secundaria hoy en día? El vínculo con las instituciones es bastante complejo: falta de límites, formación de la identidad, aprendizaje e ingreso al mundo adulto. ¿Travesuras o delito? En algunos casos, las bromas salvajes forman parte de la historia en los colegios. La Normal sufrió hace tres o cuatro décadas el destrozo de un baño por lo que ahora se recuerda como “petardo”. Los chicos de esa escuela en la plaza recordaron que el año pasado un alumno hizo una amenaza de tiroteo. Al parecer era un caso de bullying. Hace cinco décadas fue expulsado de un colegio de Barrio Norte un alumno que fue sorprendido en el patio del establecimiento cantando una canción “porno” sobre directivos y profesores con una melodía de “Katunga”. Atrapado con las manos en la masa, el estudiante nunca confesó quién le había dado el papel. Pero el rumor corría por todas partes. Las autoridades del Colegio llamaron después a los padres de otro estudiante, sospechoso de ser el autor del peligroso panfleto y le dijeron que el año siguiente no sería recibido con agrado en el colegio. Esa broma fue un juego de risas y de lágrimas.
Larga desidia
Volviendo a las amenazas de bomba, se espera la investigación conjunta de las justicias provincial y federal y en la Legislatura quieren que vayan a dar algún tipo de explicación los responsables de la Seguridad y la Educación. El legislador opositor José María Canelada advirtió que el Gobierno está en piloto automático. “No se conoce que haya una investigación seria sobre el problema. Es increíble que no haya equipos técnicos capaces de determinar de dónde vienen estos ataques. Hay que tomarlo con más seriedad. No alcanza solo con declaraciones a los medios o recomendaciones a los chicos”. Las recomendaciones siempre van a ser tomadas con cierta indiferencia, como los consejos de adultos sobre los riesgos de fumarse un porrito o de excederse con el alcohol. Sobre todo cuando se ve que los adultos no parecen actuar en serio. Con excepciones como las del colegio del Huerto, que cambió por clases virtuales. Si no, todo parece seguir en una larga desidia de funcionarios. Como dijo a LA GACETA el jueves una estudiante, Priscila: “Ahora me voy a poder ir a dormir la siesta porque no tengo que volver a la tarde; es el mejor día de la semana”.
