El ombudsman aconsejó una mesa de concertación

La controversia por la futura venta de los inmuebles que forman parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico sumó un nuevo ingrediente a partir de la opinión del defensor del Pueblo, Jorge García Mena.
El ombudsman consideró que el tema es bastante serio y que debe ser estudiado a fondo. Además fijó posición en el mismo sentido que el Gobierno respecto de algunos de los edificios que figuran en la lista. "Hay que ser muy prudente con esto, porque puede afectar patrimonialmente a la Provincia, pero no es menos cierto y le encontramos razón al gobernador respecto del edificio de la Secretaría de Educación, que daba pena verlo con autos abandonados y no tenía ni siquiera un mínimo mantenimiento", afirmó.
Por esa razón, García Mena recomendó llamar a una mesa de concertación para determinar cuáles son los beneficios y las desventajas -dijo- que puede acarrear esta ley que autoriza la venta. "Por ejemplo en el tema del medio ambiente hemos actuado de ese modo, con la participación de organismos del Estado y logramos conformar un comité de la cuenca Salí-Dulce, que empezó a dar resultados. En este tema se podría hacer lo mismo -remarcó-. Hay que analizarlo para hacer una evaluación definitiva".

Por mayoría
La polémica comenzó cuando la Legislatura sancionó, el jueves 20 de diciembre, la ley que desafecta los inmuebles de la declaración de patrimonio histórico para autorizar su venta, a través de licitaciones para emplazar nuevos emprendimientos comerciales.
En aquella sesión de la Cámara, el debate insumió una hora y media hasta que en la votación sólo hubo cinco legisladores que rechazaron la iniciativa oficialista. Ellos fueron Luis José Bussi y Ricardo Bussi (FR), José Manuel Cano (UCR), Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista) y Esteban Jerez (Ciudadanos contra la corrupción).
En el recinto, la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ) había sido la voz cantante del oficialismo. "No debemos tenerle miedo a la inversión privada, no sólo para disfrutar del patrimonio, sino también de la modernización. Al analizar las conveniencias debemos despojarnos de las posiciones políticas -resaltó- para preguntarnos qué queremos de nuestra ciudad".
A más de dos semanas de aquella decisión legislativa, el caso sigue siendo motivo de discusiones encontradas. Por un lado, un grupo de ciudadanos que se opone a la enajenación de los inmuebles ya realizó tres marchas en la plaza Independencia y prometieron continuar cada viernes en el mismo sitio. Por otro lado, el gobernador, José Alperovich, anunció que su intención es abrir las licitaciones a partir del 15 de febrero y que instruyó al fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, para que actúe en consecuencia.
En el medio de esa disputa, se presentó una acción de amparo colectivo para impedir la demolición de los edificios. Esa demanda fue suscripta por Juan Martínez Romero, Celia Barenbreuker, Teresa Piossek Prebisch y Ventura Murga. El escrito se radicó en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Enrique Guibert y Ebe López Piossek).
Las entidades accionantes exigieron la preservación de las actuales sedes de las secretarías de Educación (avenida Sarmiento al 800) y Comercio (San Martín 730); la Junta de Clasificaciones Docentes (Córdoba 759); la Dirección de Rentas de la Provincia (San Martín y Maipú) y el Siprosa (Rivadavia y Mendoza).
García Mena, en tanto, resaltó que en su rol de ombudsman su voluntad es encauzar por las vías legales todas las expresiones sociales. "Nunca estuve a favor de las protestas que afectan los derechos de terceros, como son los cortes de ruta. Creo que en este tema hay que hacer una mesa de concertación para dialogar", señaló.

El Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, en sus siglas en inglés) reclamó que se evalúen todas las alternativas de acción entre los actores interesados en el destino de los inmuebles centenarios de la Provincia, ante la sanción de una ley que habilita su venta.
"El patrimonio está integrado por edificios o conjuntos edilicios que, por sus valores históricos, arquitectónicos, estéticos y sociales, se erigen en referentes simbólicos de la identidad cultural de la comunidad. Son recursos no renovables, ya que la pérdida de la riqueza de su autenticidad, no puede reparase ni con la construcción de arquitectura contemporánea de calidad. Destruirlo o alterarlo implica atentar contra un derecho humano esencial, básico de la comunidad", señaló Alfredo Conti.
El titular de Icomos Argentina remarcó que la conservación del patrimonio no implica el congelamiento de la ciudad o la paralización o freno a la actividad económica. Por el contrario, dijo que su uso adecuado puede convertirse en un factor decisivo para el desarrollo local, para la calidad de vida de la comunidad y para el fomento de actividades de fuerte impacto económico, como el turismo.