Procesada por violar la ley de Trata de Personas

Por primera vez en la historia, la Justicia Federal dictó prisión preventiva contra una joven de esta provincia que violó la ley de Trata de Personas. La mujer fue acusada de haber intentado obligar a ejercer la prostitución a su prima, menor de edad.
A mediados de mayo, la adolescente, cuyo nombre se mantiene en reserva, fue convencida por su pariente, de 21 años, de tentar suerte en una localidad cordobesa. Pero le advirtió que no comentara nada a sus padres para que no se preocuparan por su futuro. La menor, que vive en un barrio de esta ciudad y que es profesora de danzas folclóricas, armó su bolso y, con sus ilusiones a cuestas, aceptó viajar. Cuando arribó a Córdoba, presintió que algo malo estaba pasando. La chica, de acuerdo con la versión aportada por una fuente judicial, descubrió que su prima, en realidad, ejercía la prostitución desde hacía varios años y que su intención habría sido llevarla hacia el sur del país para que ejerciera esa actividad.
La menor, a escondidas, llamó a sus padres y les contó lo que estaba ocurriéndole. Estos se contactaron con la Fundación María de los Angeles Verón para recibir asesoramiento. Acompañados por Belén Lembo, abogada de la entidad, realizaron la denuncia en la División Trata de Personas.
El comisario Manuel Bernachi, titular de la repartición policial, realizó las actuaciones correspondientes y las presentó ante el fiscal Carlos Sale. Este, llegó a la conclusión de que se estaba violando la Ley de Trata de Personas, se inhibió y envió las actuaciones a la Justicia Federal. Entonces el juez Mario Racedo comenzó a investigar.

Rescatada
La primera medida que tomó el magistrado fue ordenar que una comisión de Trata de Personas, dirigida por los comisarios Raúl Ferreira y René Aguirre, trajeran a la menor a la provincia. Luego la indagó y concluyó que su prima tenía intenciones de introducirla en una red de prostitución que tenía centro en Río Gallegos, pero que operaba en todo el sur del país.
La imputada, defendida por Roberto Flores, negó todas las acusaciones en su contra. Sin embargo, según confiaron fuentes judiciales, la acusada no supo explicar por qué ella tenía en su poder el acta de nacimiento y el documento de la menor. Ante este panorama, se decidió procesarla y dictar en su contra prisión preventiva.
La mujer está imputada de un delito que contempla una pena mínima de cuatro años y una máxima de 12. Flores adelantó que en los próximos días iniciará los trámites para solicitar su excarcelación.
Carlos Garmendia, representante legal de la fundación María de los Angeles Verón, se mostró complacido con la decisión judicial. “No es que nos pone contentos saber que una mujer termina en la cárcel por haber cometido un delito; lo importante y satisfactorio es saber que el sistema está funcionando ”, comentó.