Un año antes de las elecciones generales, la coparticipación federal volvió al centro de la escena de la discusión política y económica, con 15 años de mora en la elaboración del nuevo sistema de reparto de los fondos que se distribuyen de la recaudación nacional. Los gobernadores reclaman una mayor porción de la torta coparticipable, pero pidiendo al Gobierno que le respete el índice vigente (en el caso de Tucumán es del 4,8% del total distribuido mensual). Con ese planteo, casi no existen márgenes para la discusión. Si nadie quiere ceder, entonces la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o la que le suceda deberá resignar parte de los recursos que se reparten en la distribución primaria. Ese es el escenario que observa Nadin Argañaraz, el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Según el economista cordobés, es posible que si se reabre aquel debate la Nación pueda compensar el menor ingreso con menor gasto por distrito, estimó ante una consulta que le hizo LA GACETA. Junto con sus pares del Iaraf, Ariel Barraud, y María Eugenia Pierrepont, Argañaraz analizó los sistemas de transferencias intergubernamentales en el mundo. Concretamente, se presentan los sistemas de coordinación financiera intergubernamental de Australia, Canadá, España y Brasil, para luego compararlos en sus aspectos centrales con el de Argentina.
"Los casos australiano y canadiense, largamente estudiados por teóricos de las finanzas públicas, se presentan casi siempre como importantes referentes. El caso español reviste especial interés dado que si bien es formalmente un país unitario, posee muchos aspectos de funcionamiento de una federación. El caso brasilero, por su parte, se escogió teniendo en cuenta la importancia relativa que tiene este país dentro de América del Sur", plantea el trabajo del Iaraf que a continuación se desarrolla.