Jueces penales expresan su malestar con la implementación de la reforma procesal

Jueces penales expresan su malestar con la implementación de la reforma procesal

En una reunión celebrada el lunes en el Palacio de Justicia, un grupo de magistrados se quejó por la falta de recursos y la improvisación Posse, titular de la Corte, bregó para que haya diálogo. En paralelo, la Legislatura se dispone a sancionar leyes clave.

CATARSIS EN TRIBUNALES. Posse (al fondo), titular de la Corte, y los jueces penales departen en una reunión. la gaceta / foto de josé nuno (archivo) CATARSIS EN TRIBUNALES. Posse (al fondo), titular de la Corte, y los jueces penales departen en una reunión. la gaceta / foto de josé nuno (archivo)

En Tribunales todos dicen que quieren aplicar el Código Procesal Penal sancionado en 2016 o, al menos, nadie se anima a admitir lo contrario en voz alta. Pero persisten las dudas e inquietudes sobre cómo tendrá lugar esa transformación institucional intensa a 186 días corridos de la última fecha estipulada -que todavía no será pospuesta- para su puesta en marcha en toda la provincia: 1 de febrero de 2019. El malestar no cede pese a la activación en julio de la comisión especial de implementación del digesto. Las discrepancias quedaron expuestas este lunes en una reunión celebrada en el Palacio de Justicia, donde un grupo de magistrados reprochó la falta de recursos y la improvisación, y reiteró que peligra el cambio prometido, que en esencia consiste en revertir el desprestigio del fuero penal.

El encuentro a puertas cerradas terminó como había comenzado: con asperezas sin limar. Los camaristas Dante Ibáñez, Carlos Caramuti, Rafael Macoritto, María Balcázar y Gustavo Romagnoli, entre otros, plantearon las críticas principales. Daniel Posse, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y su par Antonio Gandur, y el ministro público fiscal Edmundo Jiménez recibieron las observaciones, que en buena medida versaron sobre la ineficacia de la convocatoria para torcer el rumbo de los acontecimientos. Según pudo saber este diario, los magistrados más combativos señalaron que “estaba todo cocinado”, y que nada de lo que pudiesen sugerir o hacer iba a alterar las decisiones ya tomadas sobre la reorganización de la judicatura penal, y el régimen de transición entre el código actual y el nuevo. Ambas cuestiones forman parte del temario de la sesión legislativa de mañana: las comisiones de Seguridad, y de Asuntos Constitucionales e Institucionales dieron ayer dictamen favorable a los proyectos de ley que establecen el Colegio de Jueces y el régimen de conclusión de causas (se informa por separado).

“Los magistrados quieren el nuevo código y, también, ser escuchados. Para ello, promoví estos encuentros periódicos”, explicó Posse ayer a LA GACETA. En cuanto a las quejas cosechadas el lunes, el titular del alto tribunal abogó por el diálogo: “sería bueno que la comisión especial de implementación conteste las preguntas que formularon los jueces”.

Los cuestionamientos incluyen desde la falta de participación de la magistratura penal en el comité creado en 2016 y su bajo perfil en la dirección de la reforma hasta la inexistencia de infraestructura adecuada para incorporar las audiencias orales y públicas a la fase de la investigación, que en el presente es escrita y se sustancia por medio de un expediente. El comité en cuestión sesionó sólo dos veces, y está formado por representantes de los tres poderes del Estado y de la abogacía: por la Justicia intervienen los vocales Gandur y Antonio Estofán, y el jefe de los fiscales Jiménez (su suplente es el fiscal Jorge Carrasco). En reuniones previas de jueces penales se había decidido que al equipo se incorporaran los camaristas Romagnoli (capital) y Sergio Altamirano (Concepción), pero eso no sucedió.

Otro punto ríspido es la propuesta de apurar las causas en trámite con juicios presididos por un sólo magistrado (unipersonales) y no por tres, como ocurre en la actualidad. Las comisiones legislativas dictaminaron que este régimen será aplicable desde el 1 de septiembre próximo, lo que implica un volumen fenomenal de trabajo.

También genera crispación entre los jueces la conformación del Colegio que en definitiva colocará a magistrados de instrucción -a cargo en el presente de controlar las pesquisas-, correccionales y de juicio oral en el mismo bloque. Esta modificación estructural enciende los ánimos por partida doble. Por un lado, existe una equiparación técnica de funciones que cambia las incumbencias de los cargos originales (el magistrado nombrado para celebrar juicios no necesariamente quiere intervenir en audiencias de prisión preventiva). Por el otro, los camaristas de Apelaciones Enrique Pedicone y Eudoro Albo, que hoy revisan la actuación de los jueces de Instrucción, quedarán afuera del esquema común e integrarán el Tribunal de Impugnación, un estrado nuevo con un poder significativo puesto que ha de resolver los recursos interpuestos contra las decisiones que emitan sus integrantes del Colegio en las fases de investigación y de juzgamiento.

Sin prórroga, por ahora: legisladores mantienen la decisión de aplicar el nuevo proceso penal en 2019

Las comisiones de Seguridad, y de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura dieron el visto bueno a los proyectos de ley complementarios al Código Procesal Penal de 2016 con una novedad: decidieron que, por el momento, no prorrogarán la fecha fijada para que el nuevo sistema entre en vigor en toda la provincia. Se suponía que en la sesión de mañana los legisladores iban a relajar la meta de febrero de 2019 y a adoptar un esquema progresivo que culminaría con la implementación total en 2021, pero al fin optaron por no alterar un cronograma que acumula dos aplazamientos y cruces controvertidos con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, autoridad de aplicación del nuevo digesto (en abril y en ocasión de la última prórroga, el alto tribunal decidió conformar la comisión especial de implementación creada hace dos años para monitorear la aplicación del proceso penal remozado).

Más allá del cambio de criterio respecto de los tiempos, los legisladores autorizaron el tratamiento en el recinto de las propuestas presentadas por el oficialista Marcelo Caponio para reorganizar la magistratura penal en un Colegio de Jueces y para concluir las causas en trámite. La modificación más relevante en cuanto al primer asunto es la decisión de derogar los cargos añadidos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción entre 2015 y 2016, y que estaban siendo concursados en el Consejo Asesor de la Magistratura. El proyecto establece que los miembros de esa Cámara se integrarán al Tribunal de Impugnación y que este sumará nueve jueces más previo concurso (un estrado con tres miembros funcionará en Concepción y Monteros). Las comisiones legislativas resolvieron que el régimen transitorio de conclusión de los expedientes abiertos empezará a regir desde el 1 de septiembre de 2018. Para acelerar los desenlaces, el dictamen avala la realización de juicios unipersonales (con un solo juez), y la aplicación directa del procedimiento abreviado y de la “probation”.

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