El lenguaje judicial oscuro es una cuota de poder, según un experto

Un tribunal de Uruguay, el país de Santiago Pereira Campos, trascendió el año pasado por rechazar un recurso invocando las numerosas faltas ortográficas y gramaticales que este contenía. “El escrito de apelación presentado resulta absolutamente inentendible, y está plagado de faltas de ortografía garrafales; de errores de sintaxis y de tecleo, y de excesivo uso de abreviaciones con incoherencias absolutas, con un lenguaje inapropiado”, manifestó el fallo del Tribunal de Apelaciones del Trabajo. La noticia abrió un debate general sobre la lengua forense: según el procesalista Pereira Campos, la Justicia debe emplear palabras llanas si es cierto que sirve y se dirige a la comunidad en general. “El lenguaje judicial oscuro entraña una cuota de poder: cada uno quiere la suya para esconderse”, añade.

Luego de explicar que las reformas procesales apuntan a algo tan simple y a la vez tan difícil como poner a los jueces en contacto con los ciudadanos, el académico postula que, mientras tanto, los magistrados pueden empezar a esforzarse por ser comprendidos (ver “La reforma de la Justicia busca que la gente vea a su juez”). “Es muy interesante el movimiento que brega por el lenguaje claro en la Justicia: llegará un momento en que esto será obligatorio. Salvo en los casos de especificidad técnica, lo demás puede ser dicho de manera directa y de tal forma que lo entiendan los destinatarios del servicio judicial”, afirma. Pereira Campos habla de un cambio de foco. Esa vuelta de tuerca implica pasar de un modelo antiguo en el que el Poder Judicial giraba alrededor del abogado y del juez, a otro que mira hacia los ciudadanos comunes. “Es increíble que recién ahora ocurra esto, que parece obviedad, pero es así”, dice antes de empezar a exponer en el Centro de Especialización y Capacitación de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

El uruguayo Pereira Campos considera que la conciencia sobre las barreras que genera la lengua de los abogados aún es incipiente y que ha calado, sobre todo, en la magistratura. “Los jueces están comprendiéndolo más que los abogados. O sea, a los letrados les está costando mayor esfuerzo dejar de lado ciertos vicios (la tendencia al barroquismo, y la transgresión a las reglas sintácticas y ortográficas). Tenemos ya muchos ejemplos de sentencias dirigidas a niños o a incapaces, o que intentan llegar al público general”, informa.

En cuanto al precedente que sentó el Tribunal de Apelaciones del Trabajo en 2017, el profesor de la Universidad de Montevideo expresa que es aleccionador, pero, a la vez, inquietante, porque detrás del profesional que escribe defectuosamente puede haber un reclamo de justicia insatisfecho. Matiza: “la Justicia debe exigir corrección lingüística, pero también es necesario que tenga en cuenta a quién representa el abogado”.