“La reforma de la Justicia busca que la gente vea a su juez”

El especialista uruguayo Pereira Campos explicó que los cambios en el sistema judicial avanzaron en su país gracias a la política de Estado acordada por el oficialismo y la oposición

10 Mar 2018
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DE URUGUAY. El procesalista Pereira Campos en los Tribunales de Tucumán. la gaceta / foto de irene benito

Santiago Pereira Campos tiene la afabilidad característica de los uruguayos. Con esa calidez y frontalidad, este abogado experto en procesos judiciales sintetiza los objetivos de las nuevas tendencias que agitan a su materia en América Latina: son metas que, según su criterio, procuran sacar a los Tribunales de la burocracia y la frustración en las que han caído. “La reforma de la Justicia busca que la gente vea a su juez”, postula sin más rodeos antes de exponer en el Centro de Especialización y Capacitación del Poder Judicial de Tucumán.

La pantalla que hace las veces de pizarrón presenta el título de la disertación de Pereira Campos: “Fortalezas y debilidades del sistema procesal civil oral en Uruguay”. Mientras llegan los magistrados, funcionarios, empleados y abogados que asisten a esta actividad de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el especialista enuncia que en buena parte de Occidente existe la convicción de que los procesos deben ir hacia la publicidad, la transparencia, la oralidad y la duración razonable. “Este paradigma permite que cada ciudadano pueda conocer a sus jueces; recibir una explicación en una sala de audiencias y obtener, en definitiva, una respuesta en un plazo rápido”, resume. Mientras tanto, en esquemas judiciales fundados en la escritura, como el de Tucumán, la judicatura puede empezar por emplear una lengua comprensible en general. “El lenguaje judicial oscuro entraña una cuota de poder”, cuestiona (se informa por separado).

En su condición de integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas y de vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Pereira Campos luce con autoridad suficiente para decir lo que dice: que uno de los problemas más recurrentes en Latinoamérica es que se discute mucho sobre temas técnicos y jurídicos, sin advertir que lo que la ciudadanía reclama es algo bastante más sencillo. “En esencia, un proceso simple, que no admita ni que los abogados actúen en forma dilatoria ni que los jueces se aparten de sus deberes. La consigna es que el problema sea resuelto en un tiempo justo”, define el catedrático de la Universidad de Montevideo.

¿Qué hay que hacer para aproximarse a ese ideal? La receta de Pereira Campos incluye dejar de lado los parches legales porque, según su experiencia, estos no funcionan. “A veces, cuando vemos que el sistema no da respuesta, lo que tendemos a hacer es modificar un artículo del código procesal o poner instrumentos novedosos a jugar con los antiguos. No hay evidencia de que ello haya implicado mejoras”, advierte. La segunda recomendación es que hay que aceptar que la ley, por sí sola, resulta impotente para reformar la Justicia. Pereira Campos habla de sumar diferentes facetas: un procedimiento centrado en audiencias; un esquema de gestión correcto; la incorporación de tecnología (como el expediente electrónico y la mesa de entrada virtual) y la existencia de instituciones especializadas en conflictos de menor cuantía. “Para conseguir una transformación, los Tribunales deben funcionar de manera eficiente, y estar separadas las tareas de impartir justicia de las administrativas porque los jueces no pueden perder tiempo en pedir papel higiénico para su oficina”, reflexiona.

El profesor invitado para animar el debate sobre la reforma procesal civil local se detiene en lo que considera una cuestión estratégica: la Justicia de las pequeñas causas, también llamada de Paz. “Hay una cantidad de asuntos que no llegan nunca a un juez porque la gente siente que no vale la pena reclamar, por ejemplo, cuando la agencia de viajes cobra un recargo indebido. Este tipo de situaciones exige un mecanismo fácil y rápido porque, de lo contrario, la ciudadanía las deja pasar”, opina.

Con matices, todas esas ideas innovadoras están en marcha en Uruguay: en Argentina hubo avances parciales en algunas jurisdicciones, pero lo más claro es el llamado a dejar de debatir y a tomar decisiones que este martes formuló Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué hizo Uruguay para vencer la inercia a cambiar para que nada cambie o, peor aún, a diferir las modificaciones hacia adelante? En pocas palabras, lo que Argentina aún no ha conseguido: hacer de la Justicia una política de Estado. Pereira Campos lo pone en estos términos: “Uruguay tiene, al igual que muchos países de la región, una gran fragmentación política. Pero los partidos han logrado acuerdos en materia de Justicia. Solamente en este asunto sancionaron reformas procesales por unanimidad. El pacto consiste en que la Justicia no puede depender de un Gobierno porque, por supuesto, ninguna remodelación judicial empieza y termina en dos o tres años. Hay que proyectar a mediano o largo plazo para hacer la transformación profunda que hace falta”.

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