24 Octubre 2017
OTRA POLÉMICA. Esta vez, el municipio de Yerba Buena objetó el uso de un local ubicado al lado de la firma. la gaceta / foto de Antonio Ferroni
Otro capítulo en la disputa entre la Intendencia de Yerba Buena y el empresario Naum Alperovich comenzó a escribirse ayer. La Municipalidad de esa ciudad resolvió clausurar, de modo preventivo, el inmueble empadronado con el número 4677881, que corresponde al terreno que actualmente se encuentra junto a la concesionaria de automóviles, también propiedad del empresario.
En ese lugar -a decir de Carlos Lobo Chaklián, subdirector de Catastro y Edificación- se ha acondicionado, desde hace un tiempo, un playón de estacionamiento para autos en venta, principalmente. Pero el sitio -prosigue- no se encuentra habilitado por el municipio. “Nosotros no tenemos nada sobre esa playa; no ha presentado documentación de manera previa a su apertura”, expresa.
No obstante, el funcionario aclara que el caso de Naum Alperovich no es el único, sino que a diario se efectúan clausuras. “Queremos que los empresarios regularicen sus situaciones”, añade. Para eso -explica-, se les pide que las obras reúnan los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Urbano.
La actual clausura llega tras varios cruces entre Alperovich y el intendente radical Mariano Campero. El primero de esos entredichos se produjo a semanas de asumir Campero, cuando le requirió que “devuelva” la calle de camino de sirga lindera a su edificación, que se encontraba cercada. Luego, en diciembre de 2015, el intendente de Yerba Buena le remitió al Concejo Deliberante un documento elaborado por la Dirección de Planeamiento de ese municipio, que sugería que se demuelan las terrazas de los dos edificios en pie.
Mariano Campero: “la empresa no tuvo voluntad de cumplir”
El argumento esgrimido en esa oportunidad por la repartición municipal es que existe una transgresión al Código de Ordenamiento Urbano. Al respecto, los concejales le contestaron que no les correspondía a ellos expedirse al respecto.
El acuerdo
En 2016 las torres volvieron a ser noticia, cuando se supo que el Tribunal de Faltas municipal había decidido castigarlas con una multa de $ 4,6 millones, por violar -a su entender- el Código de Ordenamiento. Meses después, Campero y Alperovich firmaron un acuerdo por el que empresario se comprometía a construir una calle para pagar, de ese modo, la sanción.
Pero a mediados de este año, ese convenio fue rechazado por el Concejo. El revés no disgustó a Campero, sino que se mostró complacido con el fallo porque -argumentó- no había visto “voluntad” del empresario de cumplir con lo pautado.
Al ser consultado por LA GACETA, el empresario dijo que se encontraba en una reunión y que contestará oportunamente.
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