Tres historias que reflejan la pesadilla en la que se puede convertir un parto

Fernanda Lamelas, Vanesa González y Priscila Powell tienen algo en común: denuncian haber sufrido violencia obstétrica en Tucumán. La Ley de Protección Integral a las Mujeres la define como una forma de violencia de género que ejerce el personal de salud sobre las embarazadas durante el proceso de nacimiento. Según el Observatorio de Violencia Obstétrica, a pesar de que exista una ley que protege a la embarazada durante ese proceso, los derechos de las madres continúan siendo vulnerados al parir.

Fernanda llevaba 35 semanas embarazada cuando el ecógrafo le advirtió que en la última ecografía que se había hecho no se lo veía en buen estado al bebé. Intentó comunicarse por teléfono con su ginecóloga. Como no la atendió, le envió la ecografía por Whatsapp. Tras verla, la ginecóloga la llamó y le dijo: “nos vemos en dos horas en el sanatorio para hacerte la cesárea”. Ese aviso la shockeó, a tal punto que se largó a llorar y no pudo seguir hablando por teléfono. “Me preocupé mucho, pensaba que estaba en peligro mi vida y la de mi hijo”, contó Fernanda.

Uno de los incisos de la Ley Nacional de Parto Humanizado (25.929) establece que el médico debe informar en forma comprensible, tanto a la mujer como a su núcleo familiar, sobre el avance del embarazo, el estado de salud del bebé y lo que suceda durante el nacimiento.

Al llegar al sanatorio, una enfermera la recibió y la separó de su marido, según relató la mujer a “Panorama Tucumano”. “Vos tenés que hacer unos papeles”, le ordenó personal del sanatorio al esposo.

A pesar de que la legislación nacional especifica que todos los sanatorios y hospitales del país deben permitir que la embarazada dé a luz acompañada, a Fernanda le dijeron que las leyes del nosocomio eran otras, y que su esposo no iba a poder estar a su lado durante el nacimiento. Al entrar a la sala de parto, le pidieron que se saque los anteojos, por protocolo de la institución. “Me preocupaba mucho porque soy miope y no iba a ver; era como que me iban a poner una venda en los ojos”, explicó. A pesar del protocolo, contó que la anestesista llevaba puestas unas gafas, y que la enfermera filmaba la escena con un celular.

Luego del parto, su hijo estuvo durante 20 días en Neonatología, por lo que sólo podía verlo dos veces al día en turnos de una hora. Pero a Fernanda nunca le explicaron bien por qué, según contó. “Estuvo en la neo sin ningún diagnóstico; me decían que estaban investigando una enfermedad extraña”, explicó.

Eso ocurrió el año pasado. Hoy Fernanda no quiere volver a tener un hijo por temor: “me da miedo lo que el sistema de salud pueda hacerme, porque siento que no está preparado para recibir a un ser humano que está dando a luz a otro ser humano. No hay contención emocional, te ven como un número”.

Además, Fernanda sostuvo que el personal del sanatorio alteró la historia clínica de su hijo. “En las primeras hojas dice que el bebé se alimentaba a pecho a libre demanda... con dos visitas de una hora por día. Eso no existe. Y cuando llegabas prácticamente no te dejaban ni alzarlo, ni tocarlo, y nos pedían la cajita de leche que se compra en las farmacias”, reclamó.

Priscila Powel también denuncia haber padecido el nacimiento de su primera hija, Juliana. Como temía sufrir violencia obstétrica, había charlado con su ginecólogo sobre la mejor posición para parir y la necesidad de que su pareja estuviese con ella durante el parto. Pero nada de eso ocurrió. Días antes del día en que naciera su hija, su ginecólogo viajó y ella quedó en manos de otro especialista al que no conocía.

Según contó a LA GACETA TV, Priscila tuvo a su hija sola, sin la compañía de su marido. Para acelerar el parto, le pusieron oxitocina -un medicamento que se inyecta en la embarazada para que las contracciones sean más seguidas-, a pesar de que había arreglado con su médico que no quería eso.

Como Priscila les pidió por favor que la dejen ingresar a parir junto a su pareja y que quería parir acostada, se desató una discusión con quienes la atendían. El médico que la atendió le advirtió que si no empezaba a colaborar, su bebé se iba a morir. “Yo me sentía como un impedimento para que él desarrollase su trabajo, en vez de ser parte de esto que en realidad es un proceso natural”.

Ella tuvo a su hijo en 2013. Luego del episodio, Priscila se animó a denunciar la violencia obstétrica ante el Inadi, ante el sanatorio y ante la Defensoría del Pueblo. Es el primer caso de violencia obstétrica que se denunció en la provincia. “Cuando yo fui al sanatorio me dijeron que ellos no la conocían a la ley, y que si quería ese tipo de parto que me vaya a otro lugar”, contó.

Vanensa González también denuncia haber sufrido violencia obstétrica. Según su relato, estaba embarazada de 40 semanas y cinco días cuando se dirigió al hospital (en mayo de este año). Eran las 10 de la mañana cuando ingresó, con contracciones y sangrado. Luego de que chequearan su estado, le pidieron que vuelva a su casa. Volvió a la siesta. Le reiteraron que vuelva a su casa, porque todavía no había dilatado lo suficiente para parir. Ella les explicó que con su hija anterior la habían internado con poca dilatación, pero le contestaron que no todos los partos se desarrollan de la misma manera.

Recién a las 19 ingresó a sala de parto, después de haber esperado, dolorida y con su ropa ensangrentada, en la sala de espera desde la siesta. Intentaron que su hijo nazca por parto normal y luego por cesárea -a la cual no dejaron pasar a su hermano, que la acompañaba-.

Por causas que aún se desconocen, el hijo de Vanesa nació muerto, contó. “Nunca me explicaron por qué murió. En el acta de defunción dice ‘desconocido´”, sostuvo la joven de 22 años. “Si me hubiesen atendido a tiempo, mi bebé estaría vivo”, lamentó, entre lágrimas.

"Se suele dejar de lado las denuncias", dijo una abogada

Cualquier juez tiene competencia para recibir una denuncia sobre cualquier modalidad de violencia de género. El problema que enfrentan las víctimas de violencia obstétrica es que no está tipificada como delito. “Es decir, si la denuncia no está vinculada a las figuras jurídicas que son cómodas y conocidas para el Derecho, se las suele dejar a un lado en lo que refiere a la investigación de este tipo de violencia”, sostuvo la abogada Soledad Deza.

La profesional explicó que por falta de capacitación específica en cuestiones de género, los tribunales penales suelen evitar hacerse cargo de las denuncias por este tipo de violencia e intervienen los juzgados de Familia. Como la violencia obstétrica se da fuera del ámbito familiar (en el campo de la Salud), nadie sabe muy bien qué hacer. Es decir, los reclamos quedan en la nada si no están respaldadas por ejemplo, por un juicio de daños y perjuicios o con una denuncia que pueda encuadrar en un delito penal, como la mala praxis, o como un incumplimiento de deberes de funcionario. “Son trabas producto, por un lado, de la falta de conocimiento de la legislación, y por otro lado por una mirada patriarcal acerca de las situaciones”, interpretó.

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) es el único organismo del Estado Nacional que está llevando un registro estadístico de las denuncias. Esta entidad recibe denuncias por casos de violencia obstétrica, pero no investiga cuestiones vinculadas con una posible “mala praxis”.

Se limita a verificar la existencia de prácticas que generen situaciones de violencia hacia las mujeres y, a medida que avanza la investigación, puede realizar una auditoría en el establecimiento denunciado. Finalmente, en caso de que se haya detectado violencia obstétrica en una institución, se proponen maneras de evitar que estos episodios se repitan.