Realizan allanamientos en Tucumán y en Salta por los ataques de sicarios en Orán

Realizan allanamientos en Tucumán y en Salta por los ataques de sicarios en Orán

Buscan a los hombres que ejecutaron a un comerciante delante de su familia y que cumplían los trabajos que se ordenaban desde la cárcel de Güemes.

Realizan allanamientos en Tucumán y en Salta por los ataques de sicarios en Orán
21 Julio 2017
La investigación por los ataques sicarios en Orán –donde dos bandas narcos se disputan el territorio- está escribiendo un nuevo capítulo. Desde esta mañana se realizan importantes operativos para esclarecer el crimen de “Lalo” Martínez, el comerciante que fue ejecutado delante de su familia, en una sandwichería del norte provincial, con claros signos mafiosos. 
LA GACETA reveló que no se trató de un ataque casual, fue un crimen orquestado desde la cárcel de General Güemes y ejecutado por sicarios tucumanos. El asesinato fue una “mejicaneada” por 200 kilos de cocaína y una supuesta traición. Los sicarios hacían trabajos de inteligencia durante el día, se movían en autos por la ciudad fronteriza, recogían información de sus víctimas y las ultimaban. 
Fuentes cercanas a la investigación indicaron a este medio que las órdenes las daba un preso que prometía el pago de U$s 15.000 a 20.000 por la vida de las víctimas. Y comenzaron los ataques. 
El primero de ellos fue el 29 de abril cuando Adrián Ricardo Gerónimo fue emboscado por dos hombres en motos que le dispararon, al menos, cinco veces. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paúl y por la intervención de los médicos salvó su vida. Recibió el alta médica, regresó a su casa, pero le asignaron custodia policial. El ataque salió mal y la noticia no cayó bien en la cárcel federal. Luego se conoció que el hombre era buscado por autoridades bolivianas al ser señalado como el responsable de varios asaltos en ese país. 
Luego siguió el caso Martínez. La noche del 7 de mayo, “Lalo” había ido con su familia hasta un puesto de choripanes instalado en una plaza, en el macrocentro de Orán. Apenas había descendido de su camioneta Toyota Hilux que aparecieron en  escena dos hombres en moto, con cascos para tapar sus rostros, al igual que en el caso Gerónimo, y lo ultimaron sin importarles la presencia de su esposa e hija. La Policía reveló tiempo después que el hombre tenía antecedentes de diferentes delitos y estaba sospechado de dirigir una organización narco. Recibió cinco disparos, dos de ellos en la cabeza. 
Los asesinos huyeron y nunca fueron detenidos. Esta vez, el ataque se cumplió como se había ordenado. 
El crimen organizado
A partir de estos ataques, la fiscal de Orán, Daniela Murua, comenzó a investigar las tramas que se esconden detrás de ellos. Es que a los casos Gerónimo y Martínez se sumó, por esos días, la muerte de un bagayero ultimado a balazos. 
Se sospecha que los autores actuaron de la misma manera, siempre de a dos personas, en motos  de baja cilindradas y con cascos para ocultar sus rostros. En todos los casos las armas fueron descartadas y no se encontraron huellas; sus numeraciones estaban limadas, para evitar ser identificadas. 
La hipótesis de la presencia de sicarios profesionales comenzó a tomar fuerza. 
La paga: dólares o “merca de primera”
En el informe de LA GACETA se reveló que la fiscal Murua encontró otros indicios sobre cómo operaban los sicarios. 
La paga, según consta en el expediente, era de 15.000 a 20.000 dólares, es decir unos $ 250.000, o tres o cuatro panes de cocaína de primera. el “contratista” se encargaba de aportar todos los datos de la víctima (desde una simple foto, pasando por el domicilio, el vehículo que utilizaba para moverse y los recorridos que normalmente realizaba) y el apoyo logístico (balas, armas y medio de movilidad). El “contratado” se encargaba de elegir a las personas que lo acompañarían, chequear la información que tenían sobre el blanco que debían atacar, el traslado (se sospecha que lo hacían en ómnibus de línea) y el alojamiento (ellos se encargaban de elegir los lugares por una cuestión de seguridad). Una vez terminado el trabajo, ambas partes se reunían en un punto a determinar. Con todos estos elementos, las fuerzas de seguridad ya se ponen en alerta. Pero si el trabajo salía mal, se hacía un “descuento” a la paga. 
Un nuevo golpe al caer
Fuentes judiciales confirmaron que los sicarios preparaban un nuevo golpe. La información se filtró desde el mismo penal de Güemes porque un “soplón” contó que la nueva víctima sería un tal “Cólera”. Se tomaron las medidas para vigilarlo. 
A los pocos días, dos hombres fueron detenidos en un control vehicular. Dos hombres se movían en un auto blanco y al ser interrogado por los efectivos dijeron que viajaban desde Tucumán hacia Orán para luego cruzar la frontera y comprar ropa. Fueron detenidos. Se cree que eran sicarios que iban a ejecutar a “Cólera”. Uno de los detenidos fue investigado y se descubrió que era tucumano y que, días antes, había estado en Orán con otros comprovincianos. 
Desde esta mañana se despliega un intenso operativo en conjunto entre las policías de Salta, Jujuy y Tucumán. 

Las Fuerzas de seguridad llevan a cabo múltiples allanamientos en Tucumán y en Salta como parte de la investigación por los ataques sicarios en Orán –donde dos bandas narcos se disputan el territorio-. La Justicia busca esclarecer el crimen de “Lalo” Martínez, el comerciante que fue ejecutado delante de su familia, en una sandwichería del norte provincial, con claros signos mafiosos.

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LA GACETA reveló que el caso de Martínez no se trató de un ataque casual, fue un crimen orquestado desde la cárcel de General Güemes y ejecutado por sicarios tucumanos. El asesinato fue una “mejicaneada” por 200 kilos de cocaína y una supuesta traición. Los sicarios hacían trabajos de inteligencia durante el día, se movían en autos por la ciudad fronteriza, recogían información de sus víctimas y las ultimaban. 

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a este medio que las órdenes las daba un preso que prometía el pago de U$S 15.000 a 20.000 por la vida de las víctimas. Y comenzaron los ataques. 

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El primero de ellos fue el 29 de abril cuando Adrián Ricardo Gerónimo fue emboscado por dos hombres en motos que le dispararon, al menos, cinco veces. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Vicente de Paúl y por la intervención de los médicos salvó su vida. Recibió el alta médica, regresó a su casa, pero le asignaron custodia policial. El ataque salió mal y la noticia no cayó bien en la cárcel federal. Luego se conoció que el hombre era buscado por autoridades bolivianas al ser señalado como el responsable de varios asaltos en ese país. 

Luego siguió el caso Martínez. La noche del 7 de mayo, “Lalo” había ido con su familia hasta un puesto de choripanes instalado en una plaza, en el macrocentro de Orán. Apenas había descendido de su camioneta Toyota Hilux que aparecieron en  escena dos hombres en moto, con cascos para tapar sus rostros, al igual que en el caso Gerónimo, y lo ultimaron sin importarles la presencia de su esposa e hija. La Policía reveló tiempo después que el hombre tenía antecedentes de diferentes delitos y estaba sospechado de dirigir una organización narco. Recibió cinco disparos, dos de ellos en la cabeza. Los asesinos huyeron y nunca fueron detenidos. Esta vez, el ataque se cumplió como se había ordenado. 

El crimen organizado

A partir de estos ataques, la fiscal de Orán, Daniela Murua, comenzó a investigar las tramas que se esconden detrás de ellos. Es que a los casos Gerónimo y Martínez se sumó, por esos días, la muerte de un bagayero ultimado a balazos. 

Se sospecha que los autores actuaron de la misma manera, siempre de a dos personas, en motos  de baja cilindradas y con cascos para ocultar sus rostros. En todos los casos las armas fueron descartadas y no se encontraron huellas; sus numeraciones estaban limadas, para evitar ser identificadas. 

La hipótesis de la presencia de sicarios profesionales comenzó a tomar fuerza. 

La paga: dólares o “merca de primera”

En el informe de LA GACETA se reveló que la fiscal Murua encontró otros indicios sobre cómo operaban los sicarios. La paga, según consta en el expediente, era de 15.000 a 20.000 dólares, es decir unos $ 250.000, o tres o cuatro panes de cocaína de primera. el “contratista” se encargaba de aportar todos los datos de la víctima (desde una simple foto, pasando por el domicilio, el vehículo que utilizaba para moverse y los recorridos que normalmente realizaba) y el apoyo logístico (balas, armas y medio de movilidad). El “contratado” se encargaba de elegir a las personas que lo acompañarían, chequear la información que tenían sobre el blanco que debían atacar, el traslado (se sospecha que lo hacían en ómnibus de línea) y el alojamiento (ellos se encargaban de elegir los lugares por una cuestión de seguridad). Una vez terminado el trabajo, ambas partes se reunían en un punto a determinar. Con todos estos elementos, las fuerzas de seguridad ya se ponen en alerta. Pero si el trabajo salía mal, se hacía un “descuento” a la paga. 

Un nuevo golpe al caer

Fuentes judiciales confirmaron que los sicarios preparaban un nuevo golpe. La información se filtró desde el mismo penal de Güemes porque un “soplón” contó que la nueva víctima sería un tal “Cólera”. Se tomaron las medidas para vigilarlo. A los pocos días, dos hombres fueron detenidos en un control vehicular. Dos hombres se movían en un auto blanco y al ser interrogado por los efectivos dijeron que viajaban desde Tucumán hacia Orán para luego cruzar la frontera y comprar ropa. Fueron detenidos. Se cree que eran sicarios que iban a ejecutar a “Cólera”. Uno de los detenidos fue investigado y se descubrió que era tucumano y que, días antes, había estado en Orán con otros comprovincianos. 

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