22 Noviembre 2016
“Queremos prestar el mejor servicio a la comunidad”, sostuvo el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, en alusión al convenio firmado para que los jubilados puedan acceder a una tarifa letrada diferencial al momento de tramitar una mejora en sus haberes.
“El convenio con Anses asegura a los jubilados que menos tienen el poder acceder a los servicios de un abogado en el marco del Programa de Reparación Histórica. Agradezco la sensibilidad de los profesionales que nos acompañan en este importante cometido social, como así también a quienes avalaron esta iniciativa”, remarcó. Y mencionó entre los agradecimientos al Colegio de Abogados del Sur y a la Justicia Federal mediante el Ministerio Público y defensores Oficiales.
La Ley de Reparación prevé un aumento promedio del 40% para unos 2,4 millones de pasivos que ganaron sus juicios al Estado por liquidaciones incorrectas, que iniciaron procesos de reclamos o que podrían haber tomado acciones legales, pero desistieron. Los jubilados deben sellar un acuerdo con la Anses, con un abogado, y homologarlo con un juez federal.
El convenio había sido objetado por el Colegio de Abogados de la Capital. Su presidente, Francisco García Posse, había cuestionado que la Anses haya fijado los honorarios de los profesionales que intervendrán en $1.142, cuando la consulta es acordada con el cliente (oscila entre $2.000 y $5.000).
“El convenio con Anses asegura a los jubilados que menos tienen el poder acceder a los servicios de un abogado en el marco del Programa de Reparación Histórica. Agradezco la sensibilidad de los profesionales que nos acompañan en este importante cometido social, como así también a quienes avalaron esta iniciativa”, remarcó. Y mencionó entre los agradecimientos al Colegio de Abogados del Sur y a la Justicia Federal mediante el Ministerio Público y defensores Oficiales.
La Ley de Reparación prevé un aumento promedio del 40% para unos 2,4 millones de pasivos que ganaron sus juicios al Estado por liquidaciones incorrectas, que iniciaron procesos de reclamos o que podrían haber tomado acciones legales, pero desistieron. Los jubilados deben sellar un acuerdo con la Anses, con un abogado, y homologarlo con un juez federal.
El convenio había sido objetado por el Colegio de Abogados de la Capital. Su presidente, Francisco García Posse, había cuestionado que la Anses haya fijado los honorarios de los profesionales que intervendrán en $1.142, cuando la consulta es acordada con el cliente (oscila entre $2.000 y $5.000).
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Fernando Juri Debo
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