Por Federico Diego van Mameren
13 Noviembre 2016
Los que dicen -pero no dan la cara- que el hecho ocurrió afirman que todo pasó durante la siesta de ayer. Ellos -en el anonimato más vergonzante- refieren que el diputado José Orellana se habría propasado con una empleada que trabaja con la diputada nacional Gabriela Troiano. Cuando LA GACETA intentó hablar con el tucumano éste dijo que viajaba a Mar del Plata a recibir un premio. No giró en U su destino, siguió el camino iniciado como si nada hubiera sucedido. En el supuesto de que todo fuera una infamia y una gran mentira armada actuó con indolencia como si los inventos y las trampas fueran la moneda corriente de la vida pública argentina. Podría haber retornado en busca de poner todo claro.
La misma película vista con la cámara de la supuesta víctima relata que la empleada habría contado lo sucedido y en el acto alguien del gremio legislativo habría hecho trascender la noticia. En ningún momento se dio a conocer con nombre y apellido el autor del hecho. Se usaron los típicos artilugios para sugerir quién era el responsable, para evitar conflictos no se lo nombró.
En el barrio suelen hacer lo mismo y, cuando salta el nombre, el que indujo la respuesta suele decir: “vos lo has dicho, no yo”. Cuando LA GACETA intentó revisar los hechos para poder contar lo ocurrido, hubo hasta cinco personas que dijeron que el hecho había ocurrido, pero ninguna (algunas con fueros y otras no) quiso reconocer con nombre y apellido qué sabían de lo sucedido. Ni el código de barrio se salvó. Cuando se buscó la corroboración desde el ámbito sindical la respuesta fue: no se puede decir nada porque la están presionando a la mujer para que no diga nada. Nadie giró en U en su destino, dejaron que la vida siga. No se hizo una denuncia concreta para que si además de haber habido un acoso se pudiera haber producido una supuesta extorsión contra una persona que -de nuevo- si ocurrió el hecho, debía estar muy afectada.
Ha habido mayor esfuerzo en “explicar”, en abrir un “relato” de lo que pasó antes que en esclarecer la verdad de lo ocurrido. Las personas han pasado a un segundo plano. Si todo fue cierto, ha habido una víctima, una persona abusada y un victimario al que debería caerle la ley encima. Nada de eso pasó y es posible que tampoco pase nada. Si la Justicia quisiera actuar, no tiene una denuncia para hacerlo. Pero, además, la empleada no está en condiciones de hablar; el supuesto responsable niega que algo hubiera ocurrido y los supuestos testigos que habrían recibido datos de lo que ya no se sabe si ocurrió o no, tampoco están dispuestos a dar la cara.
Toda esta novela de enredos transcurre en el Congreso de la Nación donde el pueblo ha puesto sus representantes y donde la ética y el decoro se declaman a los gritos en el recinto, donde la república debe depositar todas sus ilusiones de un futuro mejor. Después, todos se rasgan las vestiduras cuando se arrojan improperios contra la política o contra las políticos, pero mucho no ayudan a evitarlos.
Decir lo que piensa
En los Estados Unidos de Norteamérica, las instituciones son lo suficientemente robustas como para que los errores de los hombres afecten lo menos posible a la democracia. Por eso Bill Clinton no pudo esconder sus amoríos en el salón Oval de la Casa Blanca y algo parecido le ocurrió a Richard Nixon después de mentir incansablemente en el caso Watergate. Este segundo martes de noviembre la ciudadanía estadounidense dio su veredicto y votó al candidato que decía lo que pensaba. No le importó lo que pensaba ni lo que decía, el pueblo se limitó a avalar la autenticidad del candidato. No les importaban las consecuencias que pudiera acarrear su elección. Decidieron votar al que les dijo lo que pensaba. Precisamente, se pueden dar ese lujo porque tienen instituciones fuertes que si el hombre se excede sea frenado con responsabilidad y con reglas claras.
Donald Trump cumplió su sueño presidencial diciendo su verdad. Eso es algo que sorprende en la lógica política de estas comarcas. En la Argentina eso es muy difícil que ocurra. En Tucumán, parece un imposible. Los candidatos, por lo general no han llegado diciendo lo que piensan. Siempre han especulado para que sus mensajes caigan bien en los sectores bajos, en los medios y en los altos. Eso, sin dudas es imposible, por lo tanto terminan mintiendo. Si esta es la forma en la que acceden al poder, entonces empieza a entenderse la anécdota del comienzo de este escrito. Se justifica sola.
No se vuelve del ridículo
El lunes pasado uno de los temas de la agenda del Sistema Provincial de Salud era la ambulancia clonada. Para entonces ya había transcurrido una semana desde que se había conocido la entrega de la misma ambulancia a la comunidad de Arcadia y nada había ocurrido. El gobernador Juan Manzur, protagonista principal del papelón, había dicho que se iba a investigar y nadie le llevó el apunte. La ministra de Salud Rossana Chahla había tratado de tapar lo ocurrido con mentiras, no con sinceridad y el Siprosa se había entretenido con analizar si había que iniciar un sumario o no. Tantos tropezones exigían alguna acción coherente. Finalmente el lunes anterior decidieron algo: se inició una investigación interna en el Siprosa para saber qué pasó y quiénes son los responsables de que una misma ambulancia se haya entregado en la misma comuna como un vehículo 0 KM por dos gobernadores diferentes unidos por el mismo signo político.
No hubo disculpas ni del gobernador ni de la ministra, pero parece que después de muchas discusiones se decidió hacer algo y se abrió un sumario.
El Siprosa es un laberinto burocrático lo suficientemente fraccionado como para que nada se aclare. El organismo está dividido en dos. Por un lado, está la estructura administrativa que maneja el secretario ejecutivo José Gandur y por el otro, toda la cuestión médica que está a cargo del secretario ejecutivo Gustavo Vigliocco. El sector automotor, donde está la ambulancia clonada, es responsabilidad de Gandur. Sin embargo, el servicio del 107 le compete al área médica de Vigliocco. Ambos funcionarios están en un rango similar, pero como en todo quien administra el presupuesto seguramente se hace oír más. Lo que se comentó en los pasillos del Siprosa es que la responsabilidad de haber engendrado la ambulancia melliza estaría en el sector automotor, pero también se sabe que las decisiones de Vigliocco y de Gandur no se toman con total libertad. La fuerza gremial no es menor y desde el Poder Legislativo terminó metiendo la cola en este papelón. El legislador René Ramírez, quien viene del sector sindical de la Sanidad, habría hecho algunas advertencias para morigerar cualquier sanción. Ramírez, en definitiva, actuaría como un ministro en las sombras.
Repasemos: Tucumán hizo un papelón, la ministra no pudo ni tuvo una reacción inmediata sobre este episodio. Cuando un poder flaquea es necesaria la aparición de otro para balancear. En esta oportunidad, apareció el Legislativo pero se asomó para pedir clemencia, por el lado del oficialismo. Los opositores pidieron algunos informes y en eso andaban algunos funcionarios del Siprosa que intentaban explicar el funcionamiento del sistema. Mientras la Provincia queda mal parada, cada uno defiende su espacio reducido.
La ministra Chahla quedó más desubicada que la “clintoniana” canciller Susana Malcorra después del triunfo de Trump. Pero además desnudó una faceta inesperada porque, además de mentir, dejó ver cierta debilidad en el manejo de su área, algo que contrasta con su temperamento y sus no siempre cuidadas reacciones.
Se salvó del nocaut
La impericia política de los concejales de Yerba Buena lo salvaron al intendente de un nocaut. El jueves a la mañana, el joven Mariano Campero se levantó y le dijo a su flamante esposa: “a deshacer las valijas, no hay viaje a Barcelona”. El viernes debía estar en la península ibérica invitado a participar en la “Smart City expo”. Las chiquilinadas de los ediles empezaban a afectar la vida del intendente. Sin embargo, esta vez lo ayudaron. Si Campero viajaba, el Concejo que no se reúne iba a hacerlo e iba a imponer un nombre más opositor que oficialista en la presidencia del cuerpo. Lo obligaron a quedarse en Tucumán y a no cruzar el charco. Al suspender el viaje Campero pudo dar la cara en la tragedia que provocó la caída del añoso eucalipto. De lo contrario, semejante shock lo hubiera sorprendido en el viejo continente y las críticas lo hubieran sepultado como le ocurrió al ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, quien cuando los policías se acuartelaban en su provincia, él viajaba cómodamente en un avión a Panamá e iba sentado al lado de un joven empresario tucumano. Aterrizó y se tuvo que volver a la “docta”. No obstante, Campero y los ediles no pueden darse el lujo de seguir enfrascados en un pelea sorda porque hay cuestiones que la sociedad le reclama a los gritos y pueden derivar en más tragedias.
Malas costumbres
En la Legislatura de la provincia algo ha cambiado después de la decisión de no entregar sumas fijas a cada legislador bajo el apelativo de “gastos sociales”. El mayor cambio se ha visto en cómo se habrían incrementado algunas extensiones horarias. También hay quienes han notado el aumento en determinadas categorías. Hay algunos empleados clave que si por ejemplo tienen una categoría 12 cobran aproximadamente 16.000 pesos. Con los aumentos ese emolumento podría llegar casi a los 30.000 pesos. El empleado va a recibir sus 16.000 pesos, pero los billetes restantes no irán a su bolsillo. No cualquier empleado tiene esos privilegios. Para tenerlos sería necesario que figure en una lista de estos “elegidos” que previamente llega a las autoridades de la Cámara. Está claro que estos movimientos deberían ser controlados, pero más de una vez ocurre que algunos responsables de esa tarea terminan poniendo familiares en la Cámara y se aflojan los controles.
La misma película vista con la cámara de la supuesta víctima relata que la empleada habría contado lo sucedido y en el acto alguien del gremio legislativo habría hecho trascender la noticia. En ningún momento se dio a conocer con nombre y apellido el autor del hecho. Se usaron los típicos artilugios para sugerir quién era el responsable, para evitar conflictos no se lo nombró.
En el barrio suelen hacer lo mismo y, cuando salta el nombre, el que indujo la respuesta suele decir: “vos lo has dicho, no yo”. Cuando LA GACETA intentó revisar los hechos para poder contar lo ocurrido, hubo hasta cinco personas que dijeron que el hecho había ocurrido, pero ninguna (algunas con fueros y otras no) quiso reconocer con nombre y apellido qué sabían de lo sucedido. Ni el código de barrio se salvó. Cuando se buscó la corroboración desde el ámbito sindical la respuesta fue: no se puede decir nada porque la están presionando a la mujer para que no diga nada. Nadie giró en U en su destino, dejaron que la vida siga. No se hizo una denuncia concreta para que si además de haber habido un acoso se pudiera haber producido una supuesta extorsión contra una persona que -de nuevo- si ocurrió el hecho, debía estar muy afectada.
Ha habido mayor esfuerzo en “explicar”, en abrir un “relato” de lo que pasó antes que en esclarecer la verdad de lo ocurrido. Las personas han pasado a un segundo plano. Si todo fue cierto, ha habido una víctima, una persona abusada y un victimario al que debería caerle la ley encima. Nada de eso pasó y es posible que tampoco pase nada. Si la Justicia quisiera actuar, no tiene una denuncia para hacerlo. Pero, además, la empleada no está en condiciones de hablar; el supuesto responsable niega que algo hubiera ocurrido y los supuestos testigos que habrían recibido datos de lo que ya no se sabe si ocurrió o no, tampoco están dispuestos a dar la cara.
Toda esta novela de enredos transcurre en el Congreso de la Nación donde el pueblo ha puesto sus representantes y donde la ética y el decoro se declaman a los gritos en el recinto, donde la república debe depositar todas sus ilusiones de un futuro mejor. Después, todos se rasgan las vestiduras cuando se arrojan improperios contra la política o contra las políticos, pero mucho no ayudan a evitarlos.
Decir lo que piensa
En los Estados Unidos de Norteamérica, las instituciones son lo suficientemente robustas como para que los errores de los hombres afecten lo menos posible a la democracia. Por eso Bill Clinton no pudo esconder sus amoríos en el salón Oval de la Casa Blanca y algo parecido le ocurrió a Richard Nixon después de mentir incansablemente en el caso Watergate. Este segundo martes de noviembre la ciudadanía estadounidense dio su veredicto y votó al candidato que decía lo que pensaba. No le importó lo que pensaba ni lo que decía, el pueblo se limitó a avalar la autenticidad del candidato. No les importaban las consecuencias que pudiera acarrear su elección. Decidieron votar al que les dijo lo que pensaba. Precisamente, se pueden dar ese lujo porque tienen instituciones fuertes que si el hombre se excede sea frenado con responsabilidad y con reglas claras.
Donald Trump cumplió su sueño presidencial diciendo su verdad. Eso es algo que sorprende en la lógica política de estas comarcas. En la Argentina eso es muy difícil que ocurra. En Tucumán, parece un imposible. Los candidatos, por lo general no han llegado diciendo lo que piensan. Siempre han especulado para que sus mensajes caigan bien en los sectores bajos, en los medios y en los altos. Eso, sin dudas es imposible, por lo tanto terminan mintiendo. Si esta es la forma en la que acceden al poder, entonces empieza a entenderse la anécdota del comienzo de este escrito. Se justifica sola.
No se vuelve del ridículo
El lunes pasado uno de los temas de la agenda del Sistema Provincial de Salud era la ambulancia clonada. Para entonces ya había transcurrido una semana desde que se había conocido la entrega de la misma ambulancia a la comunidad de Arcadia y nada había ocurrido. El gobernador Juan Manzur, protagonista principal del papelón, había dicho que se iba a investigar y nadie le llevó el apunte. La ministra de Salud Rossana Chahla había tratado de tapar lo ocurrido con mentiras, no con sinceridad y el Siprosa se había entretenido con analizar si había que iniciar un sumario o no. Tantos tropezones exigían alguna acción coherente. Finalmente el lunes anterior decidieron algo: se inició una investigación interna en el Siprosa para saber qué pasó y quiénes son los responsables de que una misma ambulancia se haya entregado en la misma comuna como un vehículo 0 KM por dos gobernadores diferentes unidos por el mismo signo político.
No hubo disculpas ni del gobernador ni de la ministra, pero parece que después de muchas discusiones se decidió hacer algo y se abrió un sumario.
El Siprosa es un laberinto burocrático lo suficientemente fraccionado como para que nada se aclare. El organismo está dividido en dos. Por un lado, está la estructura administrativa que maneja el secretario ejecutivo José Gandur y por el otro, toda la cuestión médica que está a cargo del secretario ejecutivo Gustavo Vigliocco. El sector automotor, donde está la ambulancia clonada, es responsabilidad de Gandur. Sin embargo, el servicio del 107 le compete al área médica de Vigliocco. Ambos funcionarios están en un rango similar, pero como en todo quien administra el presupuesto seguramente se hace oír más. Lo que se comentó en los pasillos del Siprosa es que la responsabilidad de haber engendrado la ambulancia melliza estaría en el sector automotor, pero también se sabe que las decisiones de Vigliocco y de Gandur no se toman con total libertad. La fuerza gremial no es menor y desde el Poder Legislativo terminó metiendo la cola en este papelón. El legislador René Ramírez, quien viene del sector sindical de la Sanidad, habría hecho algunas advertencias para morigerar cualquier sanción. Ramírez, en definitiva, actuaría como un ministro en las sombras.
Repasemos: Tucumán hizo un papelón, la ministra no pudo ni tuvo una reacción inmediata sobre este episodio. Cuando un poder flaquea es necesaria la aparición de otro para balancear. En esta oportunidad, apareció el Legislativo pero se asomó para pedir clemencia, por el lado del oficialismo. Los opositores pidieron algunos informes y en eso andaban algunos funcionarios del Siprosa que intentaban explicar el funcionamiento del sistema. Mientras la Provincia queda mal parada, cada uno defiende su espacio reducido.
La ministra Chahla quedó más desubicada que la “clintoniana” canciller Susana Malcorra después del triunfo de Trump. Pero además desnudó una faceta inesperada porque, además de mentir, dejó ver cierta debilidad en el manejo de su área, algo que contrasta con su temperamento y sus no siempre cuidadas reacciones.
Se salvó del nocaut
La impericia política de los concejales de Yerba Buena lo salvaron al intendente de un nocaut. El jueves a la mañana, el joven Mariano Campero se levantó y le dijo a su flamante esposa: “a deshacer las valijas, no hay viaje a Barcelona”. El viernes debía estar en la península ibérica invitado a participar en la “Smart City expo”. Las chiquilinadas de los ediles empezaban a afectar la vida del intendente. Sin embargo, esta vez lo ayudaron. Si Campero viajaba, el Concejo que no se reúne iba a hacerlo e iba a imponer un nombre más opositor que oficialista en la presidencia del cuerpo. Lo obligaron a quedarse en Tucumán y a no cruzar el charco. Al suspender el viaje Campero pudo dar la cara en la tragedia que provocó la caída del añoso eucalipto. De lo contrario, semejante shock lo hubiera sorprendido en el viejo continente y las críticas lo hubieran sepultado como le ocurrió al ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, quien cuando los policías se acuartelaban en su provincia, él viajaba cómodamente en un avión a Panamá e iba sentado al lado de un joven empresario tucumano. Aterrizó y se tuvo que volver a la “docta”. No obstante, Campero y los ediles no pueden darse el lujo de seguir enfrascados en un pelea sorda porque hay cuestiones que la sociedad le reclama a los gritos y pueden derivar en más tragedias.
Malas costumbres
En la Legislatura de la provincia algo ha cambiado después de la decisión de no entregar sumas fijas a cada legislador bajo el apelativo de “gastos sociales”. El mayor cambio se ha visto en cómo se habrían incrementado algunas extensiones horarias. También hay quienes han notado el aumento en determinadas categorías. Hay algunos empleados clave que si por ejemplo tienen una categoría 12 cobran aproximadamente 16.000 pesos. Con los aumentos ese emolumento podría llegar casi a los 30.000 pesos. El empleado va a recibir sus 16.000 pesos, pero los billetes restantes no irán a su bolsillo. No cualquier empleado tiene esos privilegios. Para tenerlos sería necesario que figure en una lista de estos “elegidos” que previamente llega a las autoridades de la Cámara. Está claro que estos movimientos deberían ser controlados, pero más de una vez ocurre que algunos responsables de esa tarea terminan poniendo familiares en la Cámara y se aflojan los controles.
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