03 Julio 2015
El PE fijó tres etapas sacar a los presos de las comisarías
El Gobierno respondió al hábeas corpus que habían presentado los fiscales luego de la muerte de dos detenidos en Yerba Buena El Gobierno aseguró que en seis meses estará listo el nuevo pabellón en el penal de Villa Urquiza, que permitirá que no haya reclusos en dependencias policiales
EL ESCENARIO DE LA TRAGEDIA. La policía custodia en la entrada de la Brigada Norte, en Yerba Buena, donde ocurrió el motín que terminó en un incendio mortal en una celda. la gaceta / foto de diego aráoz (archivo)
La promesa está por primera vez por escrito ante la Justicia. En seis meses, las comisarías de Tucumán no deberían tener alojados a presos con prisión preventiva, si el Gobierno cumple con el informe que le envió a la Corte Suprema de Justicia, en el marco del hábeas corpus presentado por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni. Pero aún quedan algunos puntos que el máximo tribunal deberá responder.
El informe que remitió el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa indica que en 60 días estará terminada una obra de ampliación en el penal de Villa Urquiza, que permitirá alojar a 200 detenidos. El segundo plazo informado (100 días aproximadamente) es de otra ampliación por refacciones, que significaría alojar a otros 150 presos.
Finalmente, la construcción de una nueva unidad en el complejo penitenciario de Villa Urquiza, que viene siendo anunciada desde hace un año y medio, permitiría recibir a otros 400 detenidos. “Con esas obras terminaremos de sacar a todos los presos que están en las comisarías”, indicó Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana.
Aunque el gobernador José Alperovich había declarado que la semana que viene se iban a abrir los sobres del cotejo de precios para la construcción del nuevo pabellón, el trámite se realizará hoy a la mañana en la sede de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Y la promesa es que estaría lista en 180 días.
Posturas
En el hábeas corpus, los fiscales habían pedido que se declare la emergencia carcelaria en la provincia, que se saque a los presos de las comisarías y se los ubique en un establecimiento acorde para su alojamiento y que se exima al personal policial de los traslados.
La Corte Suprema debe analizar ahora el informe del Ejecutivo, y si está conforme podría declarar abstracto el hábeas corpus. Sin embargo, fuentes judiciales manifestaron que podrían pedir medidas que garanticen el control de las condiciones de detención mientras se espera la ampliación de la capacidad del penal de Villa Urquiza.
El planteo que realizaron los fiscales López Ávila y Giannoni fue presentado luego de la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, cuando se negaron a una requisa y prendieron fuego a un colchón.
Fuentes judiciales comentaron que hay diversos ánimos entre los miembros de la Corte Suprema: por un lado estarían los que se dieron por satisfechos con la respuesta del Poder Ejecutivo, y por otro los que se inclinarían por buscar más salidas al problema carcelario.
El informe que remitió el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa indica que en 60 días estará terminada una obra de ampliación en el penal de Villa Urquiza, que permitirá alojar a 200 detenidos. El segundo plazo informado (100 días aproximadamente) es de otra ampliación por refacciones, que significaría alojar a otros 150 presos.
Finalmente, la construcción de una nueva unidad en el complejo penitenciario de Villa Urquiza, que viene siendo anunciada desde hace un año y medio, permitiría recibir a otros 400 detenidos. “Con esas obras terminaremos de sacar a todos los presos que están en las comisarías”, indicó Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana.
Aunque el gobernador José Alperovich había declarado que la semana que viene se iban a abrir los sobres del cotejo de precios para la construcción del nuevo pabellón, el trámite se realizará hoy a la mañana en la sede de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU). Y la promesa es que estaría lista en 180 días.
Posturas
En el hábeas corpus, los fiscales habían pedido que se declare la emergencia carcelaria en la provincia, que se saque a los presos de las comisarías y se los ubique en un establecimiento acorde para su alojamiento y que se exima al personal policial de los traslados.
La Corte Suprema debe analizar ahora el informe del Ejecutivo, y si está conforme podría declarar abstracto el hábeas corpus. Sin embargo, fuentes judiciales manifestaron que podrían pedir medidas que garanticen el control de las condiciones de detención mientras se espera la ampliación de la capacidad del penal de Villa Urquiza.
El planteo que realizaron los fiscales López Ávila y Giannoni fue presentado luego de la muerte de dos presos que estaban alojados en la Brigada de Investigaciones Norte, cuando se negaron a una requisa y prendieron fuego a un colchón.
Fuentes judiciales comentaron que hay diversos ánimos entre los miembros de la Corte Suprema: por un lado estarían los que se dieron por satisfechos con la respuesta del Poder Ejecutivo, y por otro los que se inclinarían por buscar más salidas al problema carcelario.
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