04 Diciembre 2013
En una conferencia de prensa a la que no fue invitada LA GACETA, el Tribunal de Cuentas (TC) -representado por el vocal Sergio Díaz Ricci y el jefe de Rendición de Cuentas Centralizadas, José Rocha- explicó su rol en la revisión de los gastos de la Convención Constituyente (CC) de 2006.
“Los recursos fueron debidamente rendidos, y aprobados por el TC. La mecánica es que esos recursos se canalizaron a través del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ); por lo tanto, el MGyJ rindió cuentas ante el TC. A su vez, la CC hizo su presentación, su acreditación de esos recursos al MGyJ, y este al TC. (Estos) recursos fueron debidamente auditados y pagados, y aprobadas las rendiciones de cuentas; por lo tanto, de manera categórica, los recursos empleados por la CC se encuentran aprobados, rendidos cuenta en perfecta legalidad en el marco jurídico vigente”, señaló Díaz Ricci, según una grabación a la que accedió LA GACETA. Ante otros medios, amplió estos conceptos. “La rendición de cuentas tiene dos cuentadantes en este caso: uno es el MGyJ, que extrajo los recursos del Estado en dos libramientos de entrega, de $ 1,5 millón y $ 300.000, o sea, $ 1,8 millón; y esos fueron rendidos cuenta al TC, conforme al marco jurídico que establece la Ley de Administración Financiera y la Ley de Contabilidad, entonces vigente. Y hay otro cuentadante que es la CC, pero no ante el TC, porque es un órgano extrapoder, y por lo tanto, por su autonomía y su jerarquía, (sobre) los recursos que la ley le dispuso, ella misma fijó sus mecanismos de rendición. Eso es absolutamente legal y constitucional, porque es un órgano extrapoder, y por lo tanto ningún órgano puede determinar, intervenir o influir”, indicó Díaz Ricci. Aclaró que estos datos sí constaban -sin observaciones- en los informes de las Cuentas de Inversión 2006 y 2007, aprobados de manera ficta por la Legislatura.
Rocha explicó que, mediante decretos del Poder Ejecutivo (PE), la CC recibió $ 1,8 millón, y que luego el propio PE aprobó el uso de esos fondos a través del decreto N° 1.039, firmado por el gobernador José Alperovich el 11 de abril de 2007. “Estos son un tipo de gastos que dentro del Presupuesto están establecidos como ‘otros gastos e inversiones’; son gastos generales, gastos especiales, de residencia y eventuales, de representación, reservados, retribuciones a servicios privados e inversiones que se va a rendir cuenta de acuerdo a la disposición legal mediante recibos de percepción de los importes liquidados; o sea que la rendición de cuentas elevadas al TC tiene los recibos perfectamente suscritos por el presidente de la CC de los fondos que le han entregado para funcionamiento”, remarcó.
Desde el TC indicaron que, al no tener un departamento de comunicación, pidieron a la Secretaría de Prensa del PE que convocara a la conferencia. Marcelo Ditinis, titular de esa área, negó que esa oficina haya realizado el llamado.
“Los recursos fueron debidamente rendidos, y aprobados por el TC. La mecánica es que esos recursos se canalizaron a través del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ); por lo tanto, el MGyJ rindió cuentas ante el TC. A su vez, la CC hizo su presentación, su acreditación de esos recursos al MGyJ, y este al TC. (Estos) recursos fueron debidamente auditados y pagados, y aprobadas las rendiciones de cuentas; por lo tanto, de manera categórica, los recursos empleados por la CC se encuentran aprobados, rendidos cuenta en perfecta legalidad en el marco jurídico vigente”, señaló Díaz Ricci, según una grabación a la que accedió LA GACETA. Ante otros medios, amplió estos conceptos. “La rendición de cuentas tiene dos cuentadantes en este caso: uno es el MGyJ, que extrajo los recursos del Estado en dos libramientos de entrega, de $ 1,5 millón y $ 300.000, o sea, $ 1,8 millón; y esos fueron rendidos cuenta al TC, conforme al marco jurídico que establece la Ley de Administración Financiera y la Ley de Contabilidad, entonces vigente. Y hay otro cuentadante que es la CC, pero no ante el TC, porque es un órgano extrapoder, y por lo tanto, por su autonomía y su jerarquía, (sobre) los recursos que la ley le dispuso, ella misma fijó sus mecanismos de rendición. Eso es absolutamente legal y constitucional, porque es un órgano extrapoder, y por lo tanto ningún órgano puede determinar, intervenir o influir”, indicó Díaz Ricci. Aclaró que estos datos sí constaban -sin observaciones- en los informes de las Cuentas de Inversión 2006 y 2007, aprobados de manera ficta por la Legislatura.
Rocha explicó que, mediante decretos del Poder Ejecutivo (PE), la CC recibió $ 1,8 millón, y que luego el propio PE aprobó el uso de esos fondos a través del decreto N° 1.039, firmado por el gobernador José Alperovich el 11 de abril de 2007. “Estos son un tipo de gastos que dentro del Presupuesto están establecidos como ‘otros gastos e inversiones’; son gastos generales, gastos especiales, de residencia y eventuales, de representación, reservados, retribuciones a servicios privados e inversiones que se va a rendir cuenta de acuerdo a la disposición legal mediante recibos de percepción de los importes liquidados; o sea que la rendición de cuentas elevadas al TC tiene los recibos perfectamente suscritos por el presidente de la CC de los fondos que le han entregado para funcionamiento”, remarcó.
Desde el TC indicaron que, al no tener un departamento de comunicación, pidieron a la Secretaría de Prensa del PE que convocara a la conferencia. Marcelo Ditinis, titular de esa área, negó que esa oficina haya realizado el llamado.