Por Patricia Vega
03 Marzo 2013
BUENOS AIRES - La ilusión del marketing consiste en hacerle creer a la gente que el acíbar sabe a dulce de leche. Y como Cristina Fernández y sus adláteres aman el marketing como primera línea de penetración cultural, sólo por eso se puede concebir que para lo que debería haber sido un acto institucional hayan armado un spot de promoción sobre el discurso anual de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa tan alejado de lo que ocurrió después. "No vale la pena tanta pelea...", apuntaba compungida CFK en la pieza televisiva, mientras que en el acto de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta se calzó las charreteras y sacó la lanza para señalar sus graves reparos hacia la dirigencia de la comunidad judía, acomodar a los fondos-buitre y especialmente a la Justicia, todos ellos rivales de fuste a los que se intenta desbancar, paradójicamente, dando pelea.
¿Quiénes son los enemigos? Esencialmente, todos aquellos que no acepten creer, quienes se atrevan a cuestionar, quienes pretendan correr los límites de una cancha ya marcada. De allí la necesidad de acompañar ese marketing con un folclore de banderas, cánticos, papelitos y aplausos, adentro y afuera del Congreso, para dar la sensación de 54% y más, con secuencias perfectamente guionadas para las cámaras de la TV única, cuyo director siempre tuvo a mano el rostro adecuado para ilustrar el discurso.
La Presidenta presentó un país que a muchos les sonó de fantasía, pero que en el recinto todos aplaudieron a rabiar. El marketing de la subestimación no trata de ocultar, sino de canalizar las necesidades, a partir de los sentimientos que se presume ya tiene el público hacia el producto que se quiere vender, aunque para ello se falseen las estadísticas o se apele al balance de la década en lo que debería haber sido una rendición anual de cuentas.
Tanto envoltorio, sin embargo, no permite esconder que el proyecto presidencial de corporación única tiene un carozo demasiado complicado de penetrar, aún para lo que son los estándares de la Argentina. Hay allí, en ciernes, un cambio de sistema que se profundiza aún a costa de dejar en el camino a muchos que no piensan igual, proceso que en estos últimos años se ha manifestado en claros deslices institucionales y en el ostensible giro de la relación con el mundo. Para la oposición son ideas peligrosas, para el kirchnerismo extremo, revolucionarias.
Entre estos dos delicados límites se movió la Presidenta en su discurso, que bien puede dividirse en cuatro bloques. El de la magnificación de logros, la explicación del Tratado con Irán, la parte dedicada a los fondos-buitre y el de la "democratización" de la Justicia. En todos y en cada uno de ellos quedó en claro la concepción de la Presidenta: no hay quien pueda cuestionar ni oponerse a un poder sustentado en la voluntad popular. Un recorrido por algunas frases presidenciales podría ilustrar al respecto. En el caso del memorándum de entendimiento con Irán, realizó una defensa emotiva, aunque no convincente. El tema es muy delicado y sólo el tiempo dirá para qué sirvió este acercamiento con un país que es el principal paria del mundo, aunque las potencias necesiten negociar con él.
Al respecto, llamó la atención que la Presidenta dijera "ojalá puedan trasladarse (a Irán) las autoridades judiciales a tomar declaración, para poder saber exactamente las cosas y conocer la verdad", como si esto no ha sido lo que con fórceps lograron aprobar los diputados, sin que ningún miembro del Frente para la Victoria se haya animado siquiera a presentar una objeción de conciencia para oponerse. "Obediencia debida", lo llamaron los miembros de las dos más importantes instituciones judías, cuyas autoridades quedaron en la mira presidencial, ya que el Gobierno considera que representan posiciones recalcitrantes y no mayoritarias. Fue dedicada a ellos la referencia a la "complicidad" de una parte "de la dirigencia comunitaria", en relación a Rubén Beraja, ex titular de la DAIA.
En el caso de los holdouts, Cristina sostuvo que la situación argentina es un "auténtico leading case", aunque no sólo económico "como algunos quieren hacernos creer, o financiero. Es un leading case político", señaló.
Para darle más pasto al aplauso fácil del auditorio, redobló la apuesta de la discordia y apuntó que "si hay un país o una Justicia o un sistema que elige perjudicar al 93% para beneficiar a 7 y perjudicar el equilibrio financiero del mundo, bueno, la verdad es que comenzaría a dudar si puedo tratarla de Justicia o si puede haber un sistema que se denomine de esta manera, cuando se toman decisiones de esta naturaleza".
El mismo estándar de sumisión ella lo querría para la Justicia argentina, a la que le dedicó la última parte del discurso explicando una operación de pinzas de seis puntos que, según algunos expertos, apunta a someterla a los deseos del Ejecutivo. Dos días antes, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había precisado el rol de guardián de la Constitución que tiene la Justicia, algo que la Presidenta entiende que es un atropello al poder popular.
Las dos posturas quedaron bien claras, sobre todo porque la divisoria de aguas parece haber sido la Ley de Medios en el caso de Clarín y el fallo sobre la expropiación de la Sociedad Rural, dos procedimientos de amparos judiciales que, por ahora, no siguen la línea que el Gobierno quiere. Los recursos de amparo que se brindaron a las dos empresas (y lo mismo vale para cualquier particular) fueron otorgados para evitar que el Estado vulnere los derechos que la Constitución le acuerda a todo el mundo y para que un juicio ordinario no las desguace si un fallo de fondo se prolonga en el tiempo.
Sin embargo, la Presidenta sostiene que todo es una cuestión de índole económica; y que el Estado siempre puede pagar. Todo un desafío constitucional. Además, propuso taponar más a la Corte con la creación de Cámaras de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral.
Hay intención de hacerles pagar Ganancias a los jueces; que el acceso a la Justicia deje de ser por amiguismo o lazos de familia y que se haga por concursos; ello exigiría mecanismos transparentes para que el funcionamiento judicial no se convierta en algo partidario. Anunció también que se va a proponer la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular; el Consejo, el órgano que elige y remueve jueces, hoy está trabado porque el oficialismo no llega a los dos tercios.
Cuando algo se opone al kirchnerismo, ya se sabe, se lo remueve o se cambian las reglas de juego. Ricardo Lorenzetti lo expuso así: "En el fútbol, los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido". Pese a que la Presidenta dijo también en aquel spot que "tenemos entre todos que solucionarle la vida a los argentinos, no crearle problemas...", una nueva Guerra Santa se ha desatado.
¿Quiénes son los enemigos? Esencialmente, todos aquellos que no acepten creer, quienes se atrevan a cuestionar, quienes pretendan correr los límites de una cancha ya marcada. De allí la necesidad de acompañar ese marketing con un folclore de banderas, cánticos, papelitos y aplausos, adentro y afuera del Congreso, para dar la sensación de 54% y más, con secuencias perfectamente guionadas para las cámaras de la TV única, cuyo director siempre tuvo a mano el rostro adecuado para ilustrar el discurso.
La Presidenta presentó un país que a muchos les sonó de fantasía, pero que en el recinto todos aplaudieron a rabiar. El marketing de la subestimación no trata de ocultar, sino de canalizar las necesidades, a partir de los sentimientos que se presume ya tiene el público hacia el producto que se quiere vender, aunque para ello se falseen las estadísticas o se apele al balance de la década en lo que debería haber sido una rendición anual de cuentas.
Tanto envoltorio, sin embargo, no permite esconder que el proyecto presidencial de corporación única tiene un carozo demasiado complicado de penetrar, aún para lo que son los estándares de la Argentina. Hay allí, en ciernes, un cambio de sistema que se profundiza aún a costa de dejar en el camino a muchos que no piensan igual, proceso que en estos últimos años se ha manifestado en claros deslices institucionales y en el ostensible giro de la relación con el mundo. Para la oposición son ideas peligrosas, para el kirchnerismo extremo, revolucionarias.
Entre estos dos delicados límites se movió la Presidenta en su discurso, que bien puede dividirse en cuatro bloques. El de la magnificación de logros, la explicación del Tratado con Irán, la parte dedicada a los fondos-buitre y el de la "democratización" de la Justicia. En todos y en cada uno de ellos quedó en claro la concepción de la Presidenta: no hay quien pueda cuestionar ni oponerse a un poder sustentado en la voluntad popular. Un recorrido por algunas frases presidenciales podría ilustrar al respecto. En el caso del memorándum de entendimiento con Irán, realizó una defensa emotiva, aunque no convincente. El tema es muy delicado y sólo el tiempo dirá para qué sirvió este acercamiento con un país que es el principal paria del mundo, aunque las potencias necesiten negociar con él.
Al respecto, llamó la atención que la Presidenta dijera "ojalá puedan trasladarse (a Irán) las autoridades judiciales a tomar declaración, para poder saber exactamente las cosas y conocer la verdad", como si esto no ha sido lo que con fórceps lograron aprobar los diputados, sin que ningún miembro del Frente para la Victoria se haya animado siquiera a presentar una objeción de conciencia para oponerse. "Obediencia debida", lo llamaron los miembros de las dos más importantes instituciones judías, cuyas autoridades quedaron en la mira presidencial, ya que el Gobierno considera que representan posiciones recalcitrantes y no mayoritarias. Fue dedicada a ellos la referencia a la "complicidad" de una parte "de la dirigencia comunitaria", en relación a Rubén Beraja, ex titular de la DAIA.
En el caso de los holdouts, Cristina sostuvo que la situación argentina es un "auténtico leading case", aunque no sólo económico "como algunos quieren hacernos creer, o financiero. Es un leading case político", señaló.
Para darle más pasto al aplauso fácil del auditorio, redobló la apuesta de la discordia y apuntó que "si hay un país o una Justicia o un sistema que elige perjudicar al 93% para beneficiar a 7 y perjudicar el equilibrio financiero del mundo, bueno, la verdad es que comenzaría a dudar si puedo tratarla de Justicia o si puede haber un sistema que se denomine de esta manera, cuando se toman decisiones de esta naturaleza".
El mismo estándar de sumisión ella lo querría para la Justicia argentina, a la que le dedicó la última parte del discurso explicando una operación de pinzas de seis puntos que, según algunos expertos, apunta a someterla a los deseos del Ejecutivo. Dos días antes, el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había precisado el rol de guardián de la Constitución que tiene la Justicia, algo que la Presidenta entiende que es un atropello al poder popular.
Las dos posturas quedaron bien claras, sobre todo porque la divisoria de aguas parece haber sido la Ley de Medios en el caso de Clarín y el fallo sobre la expropiación de la Sociedad Rural, dos procedimientos de amparos judiciales que, por ahora, no siguen la línea que el Gobierno quiere. Los recursos de amparo que se brindaron a las dos empresas (y lo mismo vale para cualquier particular) fueron otorgados para evitar que el Estado vulnere los derechos que la Constitución le acuerda a todo el mundo y para que un juicio ordinario no las desguace si un fallo de fondo se prolonga en el tiempo.
Sin embargo, la Presidenta sostiene que todo es una cuestión de índole económica; y que el Estado siempre puede pagar. Todo un desafío constitucional. Además, propuso taponar más a la Corte con la creación de Cámaras de Casación en los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Previsional y Laboral.
Hay intención de hacerles pagar Ganancias a los jueces; que el acceso a la Justicia deje de ser por amiguismo o lazos de familia y que se haga por concursos; ello exigiría mecanismos transparentes para que el funcionamiento judicial no se convierta en algo partidario. Anunció también que se va a proponer la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular; el Consejo, el órgano que elige y remueve jueces, hoy está trabado porque el oficialismo no llega a los dos tercios.
Cuando algo se opone al kirchnerismo, ya se sabe, se lo remueve o se cambian las reglas de juego. Ricardo Lorenzetti lo expuso así: "En el fútbol, los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido". Pese a que la Presidenta dijo también en aquel spot que "tenemos entre todos que solucionarle la vida a los argentinos, no crearle problemas...", una nueva Guerra Santa se ha desatado.
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