En la calle, detrás de cada prostituta hay un proxeneta que se queda con el dinero recaudado y uno o más policías corruptos que le cobran una suerte de "impuesto a las ganancias" para dejarla moverse por el circuito nocturno. Lo mismo sucede con las travestis que pululan en las zonas rojas de Tucumán como el parque 9 de Julio, El Bajo, la avenida Roca en el acceso oeste de la ciudad y la plaza Don Bosco. Se calcula que hay entre 30 y 40 travestis en situación de prostitución, sólo en la capital tucumana. En cuanto a las mujeres, esas cifras pueden llegar a triplicarse, según datos extraoficiales.
Estos índices lo convierten en un problema social, que el Estado parece no querer ocuparse. ¿Las mujeres están en los prostíbulos por decisión propia?, ¿Acaso ninguna de ellas está siendo forzada por una situación de indefensión social? ¿Si tuvieran una alternativa laboral dejarían de prostituirse? ¿Por ser el oficio más antiguo del mundo, habría que regularlo?, cabe preguntarse.
En Córdoba, hace dos semanas, el gobernador José Manuel de la Sota anunció una embestida contra los prostíbulos. Como máxima autoridad de esa provincia presentó un proyecto de ley para clausurar las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, locales de alterne o piringundines. Además, el proyecto oficial prevé la creación de una Secretaría de Prevención de Trata de Personas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También incluye la creación de la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba y la habilitación de una línea telefónica 0810, exclusiva para denuncias.
De la Sota es consciente de que no será una tarea sencilla. Antes de dar a conocer la decisión política, el gobernador cordobés recibió en su despacho a Susana Trimarco para reforzar el anuncio oficial. De inmediato, surgió el cuestionamiento de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar). Eugenia Aravena, secretaria general, puso el grito en el cielo al definir el proyecto como una locura que hará crecer la clandestinidad.
Tal vez Aravena tenga razón. Para construir un camino que lleve a la solución de la explotación sexual no basta con un decreto o una ley o una foto de prensa. En este sentido, el abogado Carlos Garmendia, asesor legal de Trimarco en la Fundación María de los Ángeles, aconseja sentar en una misma mesa de debate a distintos actores del Estado, a organismos no gubernamentales y a las propias prostitutas. El letrado asegura que esa discusión requiere, como mínimo, a representantes de la Policía "porque hay policías -advierte- que se benefician con la explotación callejera de la prostitución"; a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, "porque hay que hallar -aconseja- una alternativa laboral para las mujeres"; a referentes del Ministerio de Salud, "para ocuparse de la situación sanitaria", de la Secretaría de Trabajo "para señalar un camino alternativo laboral"; a la Dipsa, "porque los inspectores municipales saben dónde funcionan los prostíbulos"; al IPLA "porque inspeccionan, pero no los clausuran"; a los especialistas en temas de trata de personas; y a las mujeres en situación de prostitución; "no a los proxenetas", insiste.
Durante décadas, en Tierra del Fuego funcionó un lugar emblemático de la prostitución llamado Las Casitas, que luego cerró por orden judicial. Sin embargo, la prostitución no terminó. Las mujeres se dispersaron y siguieron su actividad en forma privada. El problema salió a las calles y, cuando las mujeres y las travestis salen a la calle, necesitan un "permiso". Eso tiene un precio y siempre hay un policía corrupto que cobra por liberar el circuito. Mientras tanto, cuando un potencial cliente frena el auto, y una mujer se acerca a la ventanilla, todos (absolutamente todos) miramos para otro lado.
Estos índices lo convierten en un problema social, que el Estado parece no querer ocuparse. ¿Las mujeres están en los prostíbulos por decisión propia?, ¿Acaso ninguna de ellas está siendo forzada por una situación de indefensión social? ¿Si tuvieran una alternativa laboral dejarían de prostituirse? ¿Por ser el oficio más antiguo del mundo, habría que regularlo?, cabe preguntarse.
En Córdoba, hace dos semanas, el gobernador José Manuel de la Sota anunció una embestida contra los prostíbulos. Como máxima autoridad de esa provincia presentó un proyecto de ley para clausurar las whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boîtes, locales de alterne o piringundines. Además, el proyecto oficial prevé la creación de una Secretaría de Prevención de Trata de Personas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También incluye la creación de la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba y la habilitación de una línea telefónica 0810, exclusiva para denuncias.
De la Sota es consciente de que no será una tarea sencilla. Antes de dar a conocer la decisión política, el gobernador cordobés recibió en su despacho a Susana Trimarco para reforzar el anuncio oficial. De inmediato, surgió el cuestionamiento de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar). Eugenia Aravena, secretaria general, puso el grito en el cielo al definir el proyecto como una locura que hará crecer la clandestinidad.
Tal vez Aravena tenga razón. Para construir un camino que lleve a la solución de la explotación sexual no basta con un decreto o una ley o una foto de prensa. En este sentido, el abogado Carlos Garmendia, asesor legal de Trimarco en la Fundación María de los Ángeles, aconseja sentar en una misma mesa de debate a distintos actores del Estado, a organismos no gubernamentales y a las propias prostitutas. El letrado asegura que esa discusión requiere, como mínimo, a representantes de la Policía "porque hay policías -advierte- que se benefician con la explotación callejera de la prostitución"; a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, "porque hay que hallar -aconseja- una alternativa laboral para las mujeres"; a referentes del Ministerio de Salud, "para ocuparse de la situación sanitaria", de la Secretaría de Trabajo "para señalar un camino alternativo laboral"; a la Dipsa, "porque los inspectores municipales saben dónde funcionan los prostíbulos"; al IPLA "porque inspeccionan, pero no los clausuran"; a los especialistas en temas de trata de personas; y a las mujeres en situación de prostitución; "no a los proxenetas", insiste.
Durante décadas, en Tierra del Fuego funcionó un lugar emblemático de la prostitución llamado Las Casitas, que luego cerró por orden judicial. Sin embargo, la prostitución no terminó. Las mujeres se dispersaron y siguieron su actividad en forma privada. El problema salió a las calles y, cuando las mujeres y las travestis salen a la calle, necesitan un "permiso". Eso tiene un precio y siempre hay un policía corrupto que cobra por liberar el circuito. Mientras tanto, cuando un potencial cliente frena el auto, y una mujer se acerca a la ventanilla, todos (absolutamente todos) miramos para otro lado.
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