Por Patricia Vega
28 Agosto 2011
En 2001, la Argentina tenía un ingreso promedio de U$S 7.232 por habitante, Uruguay de 6.319, Chile de 4.421 y Brasil de 3.189. Diez años después, en dólares corrientes, los valores son otros: Uruguay lidera la tabla con U$S 14.480 per cápita, sigue Chile con 14.024, tercero Brasil con 12.983 y último, la Argentina con 10.766. Más allá de la voltereta posicional, la evolución del ingreso individual asociado al crecimiento de cada país fue aún más deprimente para la economía local: Brasil mejoró 307%, Chile 217%, Uruguay 129% y la Argentina algo menos de 49%.
Lo más notorio de estas cifras que relacionan los bienes y servicios que se producen con la población es que disparan una conclusión directa que tiene que ver con el modo estratégico de encarar el manejo de la economía por parte de los gobiernos de cuatro países que son vecinos y todos de un sesgo ideológico bastante parecido, corriente que tuvo preeminencia en la mayor parte de la década: fuera de la Argentina, ninguno de los otros tres, los que más han mejorado, ha seguido a rajatabla el modelo de "matriz de acumulación diversificada con inclusión social", la pomposa descripción que en nombre del progresismo los funcionarios locales no se cansan de alabar, desde la Presidenta para abajo.
La manifestación operativa de esta definición de política económica que aceleró Néstor Kirchner a partir de haber quedado con las manos libres tras el canje de la deuda y de haberle pagado al FMI, tiene tres patas que buscan apuntalar el crecimiento y la creación de empleos a través de un fuerte desarrollo del consumo que incremente la demanda interna, con énfasis puesto en la protección de la industria local, impulsar la suma de un alto valor agregado a la producción, junto al uso intensivo de la tecnología y sostener la planificación centralizada de la infraestructura.
El pilar de la matriz kirchnerista es la intervención estatal activa dedicada a profundizar una batería de regulaciones que sirven para sustentar un proceso de avance creciente hacia el sector privado que los más radicalizados en el Gobierno llaman "de apropiación y distribución de la renta". Sus efectos fueron la menor seguridad jurídica, la pérdida de calidad institucional, el divorcio con el mundo, la lucha entre el mercado interno y las exportaciones (que los funcionarios laudan a favor del primero y que ha hecho perder mercados), los gastos crecientes del Estado apalancados en los precios internacionales de las materias primas y la instauración de un negado proceso inflacionario que le sirve al Tesoro para licuar sus gastos, pero que fulmina la pretendida distribución de ingresos hacia los más pobres.
Mientras la Argentina sigue hablando de crecimiento, los otros países, en cambio, generaron un desarrollo diferente. Más integrados con el mundo (Chile) y con una agresiva presencia exportadora (Uruguay) que convive con el decidido impulso que se la da al mercado interno (Brasil), en ninguno de ellos se dejó que la variable inflacionaria se dispare a tal punto de inhibir la inversión y por eso, se han tomado todas las medidas necesarias, aún las más ortodoxas, para evitar que los precios crezcan más allá de 5 ó 6% anual.
Tanto cuidado tuvieron estos ahora tres importantes jugadores de América Latina por preservar el poder adquisitivo de las clases populares que han achicado la brecha de la distribución más que la Argentina, con masivos ingresos de las clases más pobres al escalón medio, sobre todo Brasil, mientras que no saben cómo hacer para evitar la revaluación de sus monedas por la lluvia de dólares que les exporta el mundo.
También todos ellos han derrumbado un fantasma que se agita en el país cada vez que se habla de controlar la inflación: "piden el ajuste", dicen los funcionarios. Lo verdadero es que cada uno de los demás países ha crecido a un ritmo igual o superior a la Argentina, pero con tasas de inflación que están en la quinta parte.
Desde lo práctico, el efecto mayor de las políticas locales es que hoy el llamado viento de cola se está gastando en subsidios, mientras faltan inversiones de calidad, sobre todo en sectores estratégicos que han involucionado, como el energético, que ha transformado al país de ser exportador de hidrocarburos en importador de gas, combustibles y electricidad, con la consiguiente salida de divisas.
Como defensor del modelo económico-social de la Argentina, el premio Nobel Joseph Stiglitz le acaba de decir a La Nación que la economía "ha crecido mucho" aunque cree que aún le falta "diversificarse", mientras que al respecto criticó la calidad del sistema educativo argentino y puso la crisis internacional sobre la mesa: "Hay un riesgo de una desaceleración en China, lo cual desacelerará el precio de las materias primas, del cual la Argentina es muy dependiente. Por lo tanto, debería diversificar su economía, algo que no se hace de la noche a la mañana", añadió.
Igualmente, la dependencia de la soja es notable no sólo por los dólares que aporta a la balanza comercial: "Sólo si su precio aumenta de modo permanente se podrá seguir sosteniendo un nivel de gasto creciente", suele decir el también economista y candidato a vicepresidente de la UCR, Javier González Fraga. El problema fiscal podría efectivamente agravarse si el futuro gobierno no hace un pronunciado recorte de los subsidios, que hoy utiliza sobre todo para sostener tarifas deprimidas que benefician a toda la población y no sólo a quienes tienen bajos ingresos.
Pero si la caja no alcanza, habida cuenta que al Gobierno no le tiembla el pulso para sumarle fondeo al Tesoro (AFJP-Anses, Reservas y utilidades del BCRA, resto del sector público), se especula que hacia el futuro podría intentar acceder al manejo de los casi $ 30.000 millones anuales de las obras sociales, tema que puso nerviosos a los sindicalistas, o a alguna porción de los encajes bancarios.
Exactamente, el abordaje de este último punto fue el sentido que hay que darle al informe que Moody?s hizo sobre la salud del sistema financiero, al que le bajó la perspectiva "a negativa de estable", calificación que liviana e interesadamente se interpretó como una manifestación destinada a desmerecer la solidez de los bancos, que hoy gozan individualmente (así lo reconoció la calificadora) y de modo sistémico de elevados estándares de liquidez y solvencia.
Es más, el reporte destaca positivamente ambas cuestiones y se centra en el financiamiento al consumo, aunque sin tomar en cuenta que la mayor parte de estos créditos está en cabeza de fideicomisos externos a las entidades: "los bancos están aprovechando la fuerte demanda de crédito que existe actualmente y han experimentado un crecimiento sustancial de su cartera desde principios de 2010; sin embargo, el incremento del endeudamiento de consumo podría representar riesgos para la calidad de los activos de los bancos", señaló.
En defensa del sistema, el Banco Central complementó declaraciones de su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, al explicar que los bancos "sostienen el patrón de expansión de asistencia crediticia a la economía real, con una mayor orientación hacia el sector productivo, en un marco de acotado riesgo de contraparte así como de elevados indicadores de liquidez y solvencia". Pero, si se lee adecuadamente la síntesis, se puede observar que el tiro por elevación del informe no es hacia los bancos sino hacia la política económica, la solidez fiscal, la inflación y sobre todo a la injerencia estatal, que redundaría en lo que llamó "la vulnerabilidad del sistema bancario frente a factores macroeconómicos y a medidas intervencionistas por parte del gobierno para los próximos 12 a 18 meses". No hoy, sino que la especulación es que sus temores podrían verificarse dentro de un año o año y medio.
Al respecto, Moody?s dijo ver en el horizonte tres preocupaciones: "1) la fragilidad de las ganancias, que dependen cada vez más de las políticas acomodativas (sic) pero insostenibles del Gobierno; 2) su vulnerabilidad a la confianza de los inversores; y 3) su exposición a riesgos políticos y a situaciones que podrían afectar negativamente la distribución de activos, su rentabilidad y su capitalización".
"En el contexto de elevados precios de materias primas, fuertes niveles de exportaciones y bajos índices de desempleo, las políticas fiscales y monetarias expansionistas están impulsando el crecimiento económico, el consumo local y los niveles inflacionarios a niveles difíciles de sostener", agregó el informe, en las antípodas de Stiglitz.
Justamente, en este último sentido el Nobel preferido del kirchnerismo hizo en Alemania otra manifestación de polémica, aunque en un tema que está borrado del léxico oficial y, por lo visto en las elecciones, también del imaginario colectivo, obnubilado porque en los últimos años el salario real parece ganarle la carrera a los precios y porque esas subas nominales le permiten licuar el valor de las cuotas fijas de los créditos tomados en muchos casos a tasa negativa: "el Gobierno ha sido perfecto en manejar un criterio normal (sic) para lidiar con la inflación", sugirió.
La inquietud presidencial por el tema pareció evidenciarse en la intervención personal que Cristina abordó al presionar a sindicalistas y empresarios para que cierren una suba del salario mínimo en 25% ($2.300), dejando de lado la pretensión de la CGT y la CTA de ir al 41% ($2.600). Este porcentaje, resistido por los empresarios, le hubiera puesto una nueva escala al proceso inflacionario que la mesura de Cristina contribuyó por ahora a atenuar. Lo concreto es que ningún postulante a la presidencia ha planteado que durante los últimos años -desde el punto de vista económico- las cosas podrían haberse hecho al menos como los países vecinos, como lo demostró en un seminario de CADAL, el presidente de la Bolsa de Valores de Uruguay, Pablo Montaldo. Más bien, los candidatos pasaron los últimos días llorando e intentando salir del sopor que les produjo la paliza de las primarias.
Lo más notorio de estas cifras que relacionan los bienes y servicios que se producen con la población es que disparan una conclusión directa que tiene que ver con el modo estratégico de encarar el manejo de la economía por parte de los gobiernos de cuatro países que son vecinos y todos de un sesgo ideológico bastante parecido, corriente que tuvo preeminencia en la mayor parte de la década: fuera de la Argentina, ninguno de los otros tres, los que más han mejorado, ha seguido a rajatabla el modelo de "matriz de acumulación diversificada con inclusión social", la pomposa descripción que en nombre del progresismo los funcionarios locales no se cansan de alabar, desde la Presidenta para abajo.
La manifestación operativa de esta definición de política económica que aceleró Néstor Kirchner a partir de haber quedado con las manos libres tras el canje de la deuda y de haberle pagado al FMI, tiene tres patas que buscan apuntalar el crecimiento y la creación de empleos a través de un fuerte desarrollo del consumo que incremente la demanda interna, con énfasis puesto en la protección de la industria local, impulsar la suma de un alto valor agregado a la producción, junto al uso intensivo de la tecnología y sostener la planificación centralizada de la infraestructura.
El pilar de la matriz kirchnerista es la intervención estatal activa dedicada a profundizar una batería de regulaciones que sirven para sustentar un proceso de avance creciente hacia el sector privado que los más radicalizados en el Gobierno llaman "de apropiación y distribución de la renta". Sus efectos fueron la menor seguridad jurídica, la pérdida de calidad institucional, el divorcio con el mundo, la lucha entre el mercado interno y las exportaciones (que los funcionarios laudan a favor del primero y que ha hecho perder mercados), los gastos crecientes del Estado apalancados en los precios internacionales de las materias primas y la instauración de un negado proceso inflacionario que le sirve al Tesoro para licuar sus gastos, pero que fulmina la pretendida distribución de ingresos hacia los más pobres.
Mientras la Argentina sigue hablando de crecimiento, los otros países, en cambio, generaron un desarrollo diferente. Más integrados con el mundo (Chile) y con una agresiva presencia exportadora (Uruguay) que convive con el decidido impulso que se la da al mercado interno (Brasil), en ninguno de ellos se dejó que la variable inflacionaria se dispare a tal punto de inhibir la inversión y por eso, se han tomado todas las medidas necesarias, aún las más ortodoxas, para evitar que los precios crezcan más allá de 5 ó 6% anual.
Tanto cuidado tuvieron estos ahora tres importantes jugadores de América Latina por preservar el poder adquisitivo de las clases populares que han achicado la brecha de la distribución más que la Argentina, con masivos ingresos de las clases más pobres al escalón medio, sobre todo Brasil, mientras que no saben cómo hacer para evitar la revaluación de sus monedas por la lluvia de dólares que les exporta el mundo.
También todos ellos han derrumbado un fantasma que se agita en el país cada vez que se habla de controlar la inflación: "piden el ajuste", dicen los funcionarios. Lo verdadero es que cada uno de los demás países ha crecido a un ritmo igual o superior a la Argentina, pero con tasas de inflación que están en la quinta parte.
Desde lo práctico, el efecto mayor de las políticas locales es que hoy el llamado viento de cola se está gastando en subsidios, mientras faltan inversiones de calidad, sobre todo en sectores estratégicos que han involucionado, como el energético, que ha transformado al país de ser exportador de hidrocarburos en importador de gas, combustibles y electricidad, con la consiguiente salida de divisas.
Como defensor del modelo económico-social de la Argentina, el premio Nobel Joseph Stiglitz le acaba de decir a La Nación que la economía "ha crecido mucho" aunque cree que aún le falta "diversificarse", mientras que al respecto criticó la calidad del sistema educativo argentino y puso la crisis internacional sobre la mesa: "Hay un riesgo de una desaceleración en China, lo cual desacelerará el precio de las materias primas, del cual la Argentina es muy dependiente. Por lo tanto, debería diversificar su economía, algo que no se hace de la noche a la mañana", añadió.
Igualmente, la dependencia de la soja es notable no sólo por los dólares que aporta a la balanza comercial: "Sólo si su precio aumenta de modo permanente se podrá seguir sosteniendo un nivel de gasto creciente", suele decir el también economista y candidato a vicepresidente de la UCR, Javier González Fraga. El problema fiscal podría efectivamente agravarse si el futuro gobierno no hace un pronunciado recorte de los subsidios, que hoy utiliza sobre todo para sostener tarifas deprimidas que benefician a toda la población y no sólo a quienes tienen bajos ingresos.
Pero si la caja no alcanza, habida cuenta que al Gobierno no le tiembla el pulso para sumarle fondeo al Tesoro (AFJP-Anses, Reservas y utilidades del BCRA, resto del sector público), se especula que hacia el futuro podría intentar acceder al manejo de los casi $ 30.000 millones anuales de las obras sociales, tema que puso nerviosos a los sindicalistas, o a alguna porción de los encajes bancarios.
Exactamente, el abordaje de este último punto fue el sentido que hay que darle al informe que Moody?s hizo sobre la salud del sistema financiero, al que le bajó la perspectiva "a negativa de estable", calificación que liviana e interesadamente se interpretó como una manifestación destinada a desmerecer la solidez de los bancos, que hoy gozan individualmente (así lo reconoció la calificadora) y de modo sistémico de elevados estándares de liquidez y solvencia.
Es más, el reporte destaca positivamente ambas cuestiones y se centra en el financiamiento al consumo, aunque sin tomar en cuenta que la mayor parte de estos créditos está en cabeza de fideicomisos externos a las entidades: "los bancos están aprovechando la fuerte demanda de crédito que existe actualmente y han experimentado un crecimiento sustancial de su cartera desde principios de 2010; sin embargo, el incremento del endeudamiento de consumo podría representar riesgos para la calidad de los activos de los bancos", señaló.
En defensa del sistema, el Banco Central complementó declaraciones de su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, al explicar que los bancos "sostienen el patrón de expansión de asistencia crediticia a la economía real, con una mayor orientación hacia el sector productivo, en un marco de acotado riesgo de contraparte así como de elevados indicadores de liquidez y solvencia". Pero, si se lee adecuadamente la síntesis, se puede observar que el tiro por elevación del informe no es hacia los bancos sino hacia la política económica, la solidez fiscal, la inflación y sobre todo a la injerencia estatal, que redundaría en lo que llamó "la vulnerabilidad del sistema bancario frente a factores macroeconómicos y a medidas intervencionistas por parte del gobierno para los próximos 12 a 18 meses". No hoy, sino que la especulación es que sus temores podrían verificarse dentro de un año o año y medio.
Al respecto, Moody?s dijo ver en el horizonte tres preocupaciones: "1) la fragilidad de las ganancias, que dependen cada vez más de las políticas acomodativas (sic) pero insostenibles del Gobierno; 2) su vulnerabilidad a la confianza de los inversores; y 3) su exposición a riesgos políticos y a situaciones que podrían afectar negativamente la distribución de activos, su rentabilidad y su capitalización".
"En el contexto de elevados precios de materias primas, fuertes niveles de exportaciones y bajos índices de desempleo, las políticas fiscales y monetarias expansionistas están impulsando el crecimiento económico, el consumo local y los niveles inflacionarios a niveles difíciles de sostener", agregó el informe, en las antípodas de Stiglitz.
Justamente, en este último sentido el Nobel preferido del kirchnerismo hizo en Alemania otra manifestación de polémica, aunque en un tema que está borrado del léxico oficial y, por lo visto en las elecciones, también del imaginario colectivo, obnubilado porque en los últimos años el salario real parece ganarle la carrera a los precios y porque esas subas nominales le permiten licuar el valor de las cuotas fijas de los créditos tomados en muchos casos a tasa negativa: "el Gobierno ha sido perfecto en manejar un criterio normal (sic) para lidiar con la inflación", sugirió.
La inquietud presidencial por el tema pareció evidenciarse en la intervención personal que Cristina abordó al presionar a sindicalistas y empresarios para que cierren una suba del salario mínimo en 25% ($2.300), dejando de lado la pretensión de la CGT y la CTA de ir al 41% ($2.600). Este porcentaje, resistido por los empresarios, le hubiera puesto una nueva escala al proceso inflacionario que la mesura de Cristina contribuyó por ahora a atenuar. Lo concreto es que ningún postulante a la presidencia ha planteado que durante los últimos años -desde el punto de vista económico- las cosas podrían haberse hecho al menos como los países vecinos, como lo demostró en un seminario de CADAL, el presidente de la Bolsa de Valores de Uruguay, Pablo Montaldo. Más bien, los candidatos pasaron los últimos días llorando e intentando salir del sopor que les produjo la paliza de las primarias.
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