08 Mayo 2011
Las proyecciones del Observatorio Urbano de las Naciones Unidas para el 2020 estiman que la pobreza urbana del mundo podría alcanzar entre el 45 y 50 % del total de población residente en las ciudades. Un horizonte de "favelización planetaria" parece alejar la ilusión futurista de ciudades de cristal y acero en siglo XXI. La provisión de infraestructuras y servicios esenciales no acompaña el ritmo crecimiento urbano y la pobreza construye un "urbanismo de riesgo", que alberga amplios sectores de población vulnerable, como plantea Raquel Rolnik, Relatora de Naciones Unidas en temas de Hábitat y Vivienda.
Las ocupaciones han representado en la historia reciente argentina la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares. Según diversas fuentes, en los últimos años se habrían multiplicado en el país, no solo en las ciudades principales sino también en las de segundo y tercer rango del sistema urbano nacional.
En Buenos Aires la población residente en villas miseria y asentamientos precarios ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y 2010.
En nuestra provincia, el proceso de metropolizacion de Tucumán de los últimos 50 años tiene como uno de sus rasgos más notables el incremento de población en villas y otras formas de vivienda no adecuada. Estos asentamientos precarios surgen espontáneamente o al amparo de mecanismos de acumulación política.
Los datos del censo 2010 podrán develar la evolución de los indicadores de pobreza que caracterizaban el del 2001. Mientras, los sectores mas acomodados se enclaustran en recintos fortificados. Emerge un orden urbano de desigualdad y fragmentación creciente.
En la Argentina, el derecho a una vivienda adecuada ha adquirido jerarquía constitucional, conforme lo establecido en el articulo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que adhiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Disminuir la población urbana que vive en barrios marginales es parte de las metas del milenio que la Argentina ha suscripto. Las políticas implementadas desde 2003 por el Gobierno, entendiendo la vivienda como responsabilidad y como compromiso del Estado, ha promovido inversión económica en el sector. En Tucumán, por caso, se ha construido desde 2003 más del doble de lo ejecutado en toda la historia precedente del Ipvdu entre 1959 y 2003.
Pero la problemática trasciende la mera construcción de viviendas sociales, no se trata solamente de construir viviendas, sino de producir hábitat urbano, Raúl Fernández Wagner alude al "desafío político de lograr una mejor distribución social del espacio construido".
Una ciudad para todos y todas, incluyente, solidaria, equitativa, una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable, una ciudad viable y ambientalmente sustentable, tal como recoge en sus principios la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad.
Las ocupaciones han representado en la historia reciente argentina la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares. Según diversas fuentes, en los últimos años se habrían multiplicado en el país, no solo en las ciudades principales sino también en las de segundo y tercer rango del sistema urbano nacional.
En Buenos Aires la población residente en villas miseria y asentamientos precarios ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre 1960 y 2010.
En nuestra provincia, el proceso de metropolizacion de Tucumán de los últimos 50 años tiene como uno de sus rasgos más notables el incremento de población en villas y otras formas de vivienda no adecuada. Estos asentamientos precarios surgen espontáneamente o al amparo de mecanismos de acumulación política.
Los datos del censo 2010 podrán develar la evolución de los indicadores de pobreza que caracterizaban el del 2001. Mientras, los sectores mas acomodados se enclaustran en recintos fortificados. Emerge un orden urbano de desigualdad y fragmentación creciente.
En la Argentina, el derecho a una vivienda adecuada ha adquirido jerarquía constitucional, conforme lo establecido en el articulo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que adhiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Disminuir la población urbana que vive en barrios marginales es parte de las metas del milenio que la Argentina ha suscripto. Las políticas implementadas desde 2003 por el Gobierno, entendiendo la vivienda como responsabilidad y como compromiso del Estado, ha promovido inversión económica en el sector. En Tucumán, por caso, se ha construido desde 2003 más del doble de lo ejecutado en toda la historia precedente del Ipvdu entre 1959 y 2003.
Pero la problemática trasciende la mera construcción de viviendas sociales, no se trata solamente de construir viviendas, sino de producir hábitat urbano, Raúl Fernández Wagner alude al "desafío político de lograr una mejor distribución social del espacio construido".
Una ciudad para todos y todas, incluyente, solidaria, equitativa, una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable, una ciudad viable y ambientalmente sustentable, tal como recoge en sus principios la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad.
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