17 Noviembre 2010
CERRADO. En Pacará Pintado se depositaron residuos hasta el 1 de octubre. LA GACETA / HECTOR PERALTA
Mario Delfor Criado, el gerente de Pacará Pintado, fue procesado -sin prisión preventiva- y le trabaron embargo sobre sus bienes por $ 100.000, como consecuencia de la presunta contaminación que genera la planta de disposición final de los residuos sólidos urbanos al cauce del río Salí.
La resolución fue dispuesta por Mario Racedo, quien subroga el Juzgado Federal Nº 2. El magistrado intervino en la causa a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos. El eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.
Precisamente, Racedo le imputó al empresario la supuesta violación al artículo 55 de la norma nacional, que impone penas de entre tres y 10 años de prisión a quien "utilizando los residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
En un fallo de 25 fojas, el juez sustentó su decisión en informes técnicos concretados en 2008 por los profesionales de la UNT, Juan Alberto Ruiz y Pedro Jorge Albornoz; y en 2010, por los especialistas Sergio Georgieff, María Elena Puchulu y Diego Fernández. Los expertos fueron sumamente críticos con respecto a los recaudos tomados por la empresa concesionaria para mitigar una eventual afectación al medio ambiente.
En consecuencia, a criterio de Racedo, las pericias acreditaron que la planta en la que seis municipios arrojaron unas 800 toneladas diarias de basura durante los últimos cinco años "habría contaminado con amonio y cromo el curso de agua del río Salí", atento a que en el lugar no existe una planta de tratamiento de efluentes.
"La contaminación resultaría de la presencia de lixiviados generados por los residuos sólidos que debe tratar la empresa a cargo del imputado en las napas freáticas de la planta, con contenidos elevados de materia orgánica, hierro, manganeso, amonio, cloruros, cromo y zinc", añadió en el documento. Según concluyó el magistrado, esos lixiviados se filtran a las aguas subterráneas del predio y, en consecuencia, afloran fuera del perímetro en el antiguo cauce del río, desembocando finalmente en las aguas del Salí.
"Factores ajenos"
En los fundamentos, Racedo refutó la declaración brindada por Criado el 6 de octubre. En los tribunales federales, el responsable de Servicios y Construcciones La Banda SRL negó haber afectado el medio ambiente y aseguró que la presencia de elementos contaminantes obedece a factores ajenos al predio.
En su defensa, Criado mencionó que en un radio de 300 metros adyacentes a Pacará Pintado los líquidos cloacales desembocan sin ninguna restricción al río, y que existen basurales clandestinos y residuos con hidrocarburos. Según dijo, la empresa cumplió con toda la responsabilidad, cuenta con todas las habilitaciones oficiales y nunca fue sancionada. No obstante, Racedo retrucó que las certificaciones estatales no garantizan que no haya contaminación; y aseguró que para el procesamiento del imputado, en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos, basta con la mera convalidación de la sospecha, "no siendo necesaria una certidumbre".
"El titular de la planta, conociendo las deficiencias que el predio tiene en el tratamiento de los lixiviados, no concluye la planta de tratamiento (de efluentes), ni adecua el suelo y demás instalaciones para evitar la filtración en su faz intermedia, advirtiendo que con dicho accionar contamina de un modo peligroso para la salud y el ambiente en general", concluyó el magistrado en su resolución.
La resolución fue dispuesta por Mario Racedo, quien subroga el Juzgado Federal Nº 2. El magistrado intervino en la causa a partir de una actividad preventiva concretada el 31 de octubre de 2007 por Gendarmería Nacional, que alertó acerca de que en el lugar podrían violarse las disposiciones de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos. El eventual derrame de efluentes a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo) es lo que justifica la competencia federal.
Precisamente, Racedo le imputó al empresario la supuesta violación al artículo 55 de la norma nacional, que impone penas de entre tres y 10 años de prisión a quien "utilizando los residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".
En un fallo de 25 fojas, el juez sustentó su decisión en informes técnicos concretados en 2008 por los profesionales de la UNT, Juan Alberto Ruiz y Pedro Jorge Albornoz; y en 2010, por los especialistas Sergio Georgieff, María Elena Puchulu y Diego Fernández. Los expertos fueron sumamente críticos con respecto a los recaudos tomados por la empresa concesionaria para mitigar una eventual afectación al medio ambiente.
En consecuencia, a criterio de Racedo, las pericias acreditaron que la planta en la que seis municipios arrojaron unas 800 toneladas diarias de basura durante los últimos cinco años "habría contaminado con amonio y cromo el curso de agua del río Salí", atento a que en el lugar no existe una planta de tratamiento de efluentes.
"La contaminación resultaría de la presencia de lixiviados generados por los residuos sólidos que debe tratar la empresa a cargo del imputado en las napas freáticas de la planta, con contenidos elevados de materia orgánica, hierro, manganeso, amonio, cloruros, cromo y zinc", añadió en el documento. Según concluyó el magistrado, esos lixiviados se filtran a las aguas subterráneas del predio y, en consecuencia, afloran fuera del perímetro en el antiguo cauce del río, desembocando finalmente en las aguas del Salí.
"Factores ajenos"
En los fundamentos, Racedo refutó la declaración brindada por Criado el 6 de octubre. En los tribunales federales, el responsable de Servicios y Construcciones La Banda SRL negó haber afectado el medio ambiente y aseguró que la presencia de elementos contaminantes obedece a factores ajenos al predio.
En su defensa, Criado mencionó que en un radio de 300 metros adyacentes a Pacará Pintado los líquidos cloacales desembocan sin ninguna restricción al río, y que existen basurales clandestinos y residuos con hidrocarburos. Según dijo, la empresa cumplió con toda la responsabilidad, cuenta con todas las habilitaciones oficiales y nunca fue sancionada. No obstante, Racedo retrucó que las certificaciones estatales no garantizan que no haya contaminación; y aseguró que para el procesamiento del imputado, en el marco de la Ley de Residuos Peligrosos, basta con la mera convalidación de la sospecha, "no siendo necesaria una certidumbre".
"El titular de la planta, conociendo las deficiencias que el predio tiene en el tratamiento de los lixiviados, no concluye la planta de tratamiento (de efluentes), ni adecua el suelo y demás instalaciones para evitar la filtración en su faz intermedia, advirtiendo que con dicho accionar contamina de un modo peligroso para la salud y el ambiente en general", concluyó el magistrado en su resolución.
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