De protestar en la plaza a declarar en tribunales

La denuncia judicial interpuesta por el Siprosa contra los trabajadores autoconvocados de la salud podría derivar en que algunos empleados de la sanidad engrosen la lista de los más de 6.000 procesados que existen en el país en causas relacionadas con reclamos sociales o laborales.
La cifra surge de un relevamiento realizado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). No se actualizó en los últimos dos años, cuando se reanudaron conflictos latentes desde tiempo atrás o surgieron nuevos que derivaron en piquetes, como los protagonizados por dirigentes rurales.
En cada manifestación o paro, están en tensión los derechos de reclamar y de circular o ser atendido. En su libro El derecho a la protesta: el primer derecho, el constitucionalista Roberto Gargarella toma partido desde el título, al considerar que es la puerta de acceso a otros derechos negados y les permite a los sectores relegados ser tenidos en cuenta: "es la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad".
El juez neuquino Pablo Iribarren, en El Poder Judicial y la protesta social, reconoció que hay sectores que consideran que las protestas se canalizan por medio de delitos contra la integridad física, la salud o la vida de terceras personas; contra el patrimonio público o privado o contra intereses generales de la sociedad. "Si se comete un desborde, nada impide que el autor de la conducta ilícita pueda ser sancionado. Pero el Poder Judicial debe asumir su carácter contramayoritario, lo que implica el deber de asegurar el debate democrático, evitar la discriminación irracional de cualquier grupo minoritario y preservar la esfera inviolable de autonomía de toda persona", sostuvo.
El magistrado criticó la rigidez de la respuesta judicial: "se intenta deslegitimar el reclamo con argumentos de carácter general, como que se desestabilizan las instituciones o que tiende al caos y a la disgregación social. El camino, en cambio, tiene que partir del hecho concreto, de reconocer su complejidad y de interpretar el derecho bajo una visión que incluya las diversas dimensiones del fenómeno jurídico".
La respuesta en Tucumán difiere entre el fuero federal, donde se tramitan los piquetes en rutas nacionales, y los tribunales provinciales. Mientras el fiscal federal Emilio Ferrer reconoció que se abre una causa por cada protesta, el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Luis de Mitri, tomó distancia de esa clase de intervención. "No se inicia necesariamente un expediente cada vez que hay una manifestación en las calles. Los que se quejan dicen que es consecuencia de la falta de diálogo y que si no lo hacen, nadie los escucha", se quejó y pidió más resolución política a los conflictos (ver notas aparte).

Límite traspasado
El dirigente de los médicos autoconvocados, Rubén Segovia, negó toda razonabilidad a la acción penal iniciada por el Estado. "Forma parte de la presión, del apriete y del acoso laboral al que estamos sometidos. Nos sorprendió y nos indignó sobremanera que nos acusen de abandono de persona y creo que el Estado pasó un límite", sostuvo.
La estrategia, a criterio del representante del Centro de Salud, tiende también a ocultar las propias limitaciones del sistema sanitario. "Faltan equipamientos e insumos, y no hay respuestas desde el Estado. Pero no se tiene abandonado a nadie, aunque quieran comprometernos con una culpabilidad directa o indirecta y no sabemos si se actúa con insensibilidad o por capricho", afirmó.
El referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Antonio Suárez, sabe lo que es enfrentar una causa penal. El estuvo procesado en los tribunales federales (donde hay unas 50 causas aún abiertas) por haber cortado la ruta 38. "La Justicia está ligada al poder político y económico; su independencia no existe, sino que está al servicio de quienes gobiernan y de las patronales privadas -afirmó-. El Estado no da respuestas a la crítica situación de los sectores populares, pero sí tratan de acorralarnos. No lo lograron porque tenemos respaldo popular".
Suárez reivindicó los cortes de ruta, y recordó que comenzaron en los 90, en Cutral Có: "es una herramienta que usa el pueblo para imponer sus reclamos; no es algo que nos guste sino que demostró su eficacia para poner sobre la mesa los problemas de muchos".
"Judicializar la protesta social significa reprimir la lucha por los derechos elementales y vitales, como son al trabajo; a una jubilación digna; a un salario que cubra el costo de la canasta familiar y a la vivienda, entre otros", señaló José Kobak, militante del Polo Obrero y cabeza visible de los piquetes en Los Ralos contra el aumento del precio del transporte público.
El dirigente aclaró que no tiene ninguna causa abierta en la Justicia, aunque fue detenido por la Policía durante una de las protestas. "Una pueblada rodeó la comisaría y los obligó a liberarnos. Esa misma noche, marcharon 4.000 de los 10.000 habitantes del pueblo. El Gobierno defiende las minorías poderosas. Sólo cuando la lucha social alcanza una gran envergadura, lo cual es un mal menor, ceden algunas migajas", planteó.
Como en toda puja de intereses, cada sector asegura tener el derecho de su lado. La Justicia no puede darles la razón a todos, pero la política puede buscar el equilibrio entre las partes enfrentadas.